En este sentido, estima parcialmente el recurso de Intel al concluir que el análisis realizado por la Comisión es «incompleto» porque no permite demostrar suficientemente que los descuentos controvertidos podían o podrían tener efectos contrarios a la competencia.
Como consecuencia, la Justicia europea decide anular «en su totalidad» la multa de 1.060 millones de euros, si bien aclara que lo hace porque el propio Tribunal «no puede identificar el importe de la multa correspondiente únicamente a las restricciones manifiestas».
