La Xunta tendrá que devolver a Hacienda casi 70 millones en ayudas que no llegaron a las empresas
ECONOMÍA
Lorenzana reclama al Gobierno que permita usar esos fondos para un nuevo plan de rescate, pero flexibilizando los requisitos
26 ene 2022 . Actualizado a las 19:02 h.Casi 70 millones de euros que deberían haber llegado a las empresas y los autónomos gallegos más castigados por la crisis derivada de la pandemia tendrán que ser devueltos al Ministerio de Hacienda. Es la denuncia que hizo ayer en el Parlamento de Galicia la conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, que informó a los diputados de la ejecución de los dos últimos planes de rescate gestionados por su departamento con los fondos aportados por el Gobierno central.
En concreto, de los 234,4 millones que el Estado había reservado para Galicia, la Xunta solo ha podido adjudicar finalmente 166, un 70 % del total. Unas cifras muy inferiores a las necesidades reales de las empresas, como constatan las solicitudes presentadas. Hubo algo más de 15.000 peticiones de otras tantas compañías o autónomos que pudieron acreditar un volumen de deuda conjunta superior a los 2.000 millones de euros.
Si finalmente no se pudo desembolsar el total de los fondos fue, según la conselleira, por los requisitos impuestos desde el Gobierno central, «que era máis fácil incumprilos que cumprilos». No solo por ceñir las ayudas a las empresas que pudieran acreditar una caída de facturación de al menos un 30 % y de un ramillete reducido de sectores (aunque la Xunta finalmente optó por abrirlas a cualquier rama de actividad) sino que también exigían que los solicitantes tuviesen deudas vencidas en el momento de hacer la petición. ¿Esto que significaba? Que se dejaba fuera a todas aquellas compañías que estaban al día con sus facturas, aunque para eso hubiesen tenido que hacer equilibrios financieros o incluso, en el caso de los autónomos, recurrir al patrimonio personal o a préstamos de familiares.
Una «sobrecarga burocrática» que la conselleira contrapuso a la ejecución íntegra de los dos primeros planes de rescate autonómicos, financiados con fondos propios de la Xunta, que tuvo entonces libertad para fijar los requisitos, inyectando 182 millones de euros, casi el 100 % del importe previsto, a 80.000 negocios de la comunidad en solo cuatro meses.
Para tratar de evitar la devolución de esos 70 millones de euros, Lorenzana anunció ayer en el Parlamento gallego que ha remitido sendas cartas a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que reclama que se reasigne a Galicia esa partida pendiente de desembolsar para poder lanzar un nuevo plan de rescate este año, pero con unos requisitos más laxos y ajustados a las necesidades del tejido productivo gallego.
Un problema generalizado
Y es que, explicó, el de Galicia no es un caso aislado, sino que ese 70 % de ejecución es uno de los porcentajes más altos entre las comunidades españolas. De hecho, según sus cálculos, de los 5.000 millones asignados a las autonomías peninsulares (otros 2.000 se reservaron en exclusiva para Canarias y Baleares, por los efectos devastadores que tuvo la pandemia en su economía, con el turismo como motor básico), la conselleira de Emprego calcula que el Estado recibirá de vuelta casi 2.000 millones. Hay comunidades, como la valenciana, donde no se ha podido transferir a las empresas ni la mitad del importe recibido (reintegrando 335 de los 647 millones concedidos). En Murcia las cifras son aún peores, ya que ha dejado sin ejecutar 85 de los 142 millones asignados.
Unas pobres cifras de ejecución que desde el Ministerio de Hacienda aún no oficializan, asegurando que todavía están ultimando la recepción de datos por parte de las comunidades. Tampoco hay, de momento, respuesta del Gobierno al requerimiento de la Xunta para recuperar los fondos que no se han usado para lanzar un nuevo plan de rescate.
La que sí se pronunció esta semana fue la vicepresidenta Calviño, que durante una entrevista en televisión defendió que el plan de ayudas directas fue efectivo en aquellas comunidades que, como los dos archipiélagos, se vieron especialmente afectadas por la pandemia, y donde el grado de ejecución ha sido cercano al 100 %. «Otras comunidades, porque la economía no se vio tan afectada, o porque ya se habían dado ayudas [como los ERTE, los préstamos ICO o las prestaciones extraordinarias de autónomos], no han tenido una ejecución tan importante. Pero en conjunto han servido para reforzar el resto de mecanismos y apoyar la transición hacia el Plan de Recuperación», aseguró.
A juicio de la vicepresidenta, «no es productivo» enredarse con la gestión de estas ayudas: «Ahora vamos a mirar hacia el futuro y ver cómo vamos a apoyar la solvencia empresarial para que aprovechen plenamente la recuperación», añadió.