La Inspección de Trabajo afloró casi 600 empleos no declarados en Galicia el año pasado
ECONOMÍA
El plan conjunto con la Consellería de Emprego permitió detectar irregularidades en los ERTE de 300 empresas gallegas
25 ene 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Desde hace casi diez años, la Inspección de Trabajo (un organismo dependiente del Gobierno central) y la Xunta, a través de la Consellería de Emprego, unen fuerzas en un plan de inspección laboral con el que buscan atajar cualquier irregularidad en materia de contratación, condiciones de trabajo u obligaciones con la Seguridad Social. Un plan que, tras el frenazo provocado por la pandemia (con un recorte del 20 % en las visitas a las empresas en el 2020 por el confinamiento y las posteriores restricciones), se relanzó el año pasado, en el que los controles repuntaron un 2 %, hasta las 66.729 actuaciones. Una cifra, eso sí, todavía muy distante de los más de 82.000 que se habían llevado a cabo en el ejercicio anterior a la crisis sanitaria.
Del total de inspecciones, apenas cuatro de cada cien, 2.851, concluyeron con el levantamiento de un acta de infracción tras detectarse alguna irregularidad en la empresa. De esta forma, el año pasado los controles permitieron aflorar 578 empleos no declarados de trabajadores que prestaban servicios sin estar dados de alta en la Seguridad Social, una cifra también por debajo de los registros de ejercicios anteriores, en los que los puestos en negro aflorados superaban con holgura los dos millares.
Otro punto clave en la actuación de los inspectores fue la supervisión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para evitar picarescas como las de las empresas que obligaban a sus empleados a seguir trabajando aun cuando tenían su empleo suspendido o su jornada reducida y cobraban la consiguiente prestación por desempleo. En ese sentido, el balance elaborado por la Consellería de Emprego cifra en 309 las actuaciones de control en empresas en ERTE que acabaron con un acta de infracción el año pasado.
Cuatro áreas de control
La actuación de la inspección laboral se divide en cuatro grandes áreas de actuación. Por volumen, la más relevante es aquella que tiene que ver con las obligaciones de las empresas en materia de Seguridad Social, que supone casi la mitad de las actuaciones de control (31.571, un 47 %). Los inspectores comprueban no solo que los contratos cumplan la legislación vigente, sino también el cobro indebido de pensiones o prestaciones por desempleo por personas que siguen trabajando en negro y la existencia de falsos autónomos. Dentro de las actuaciones de este epígrafe se levantaron 1.321 actas de infracción.
En materia de seguridad y salud laboral se realizaron más de 23.300 visitas a empresas para comprobar que se cumple la normativa de prevención de riesgos y se adoptan las medidas necesarias para evitar accidentes. Solo en 643 se detectaron irregularidades.
En lo relativo a las relaciones laborales, el año pasado se produjeron casi 9.680 controles para evitar fraudes en la contratación (contratos temporales que se encadenan sin fin o que camuflan jornadas a tiempo completo que no se remuneran como tales). También se incluye en este epígrafe la supervisión a las ETT, de las condiciones de trabajo (descansos, abono de horas extras...) y los impagos o retrasos en los salarios. En total, se levantaron 662 actas de infracción.
Por último, hay una línea de actuación sobre empleo y extranjería (permisos de trabajo...), en el que se realizaron 626 inspecciones y se detectaron 82 irregularidades.
El plan de choque contra la temporalidad transformó 5.700 contratos en indefinidos
Otro de los ejes de actuación de la Inspección de Trabajo durante el año pasado fue la activación de la primera fase del plan de choque contra la contratación temporal, que en la comunidad se saldó con el envío, entre febrero y marzo del 2021, de 3.830 cartas a empresas en las que se habían detectado presuntas irregularidades y a las que se instaba a regularizar la situación. En total, se ponía el foco sobre los contratos de 8.800 trabajadores, que o bien habían encadenado empleos temporales por encima de los límites legalmente establecidos o habían superado la duración máxima de los mismos.
Las cartas surtieron el efecto esperado, pues dos de cada tres trabajadores (5.738) vieron cómo su contrato se transformó en indefinido. Las más cumplidoras fueron las empresas coruñesas y lucenses, con un porcentaje de regularización superior al 72 %, mientras que las de Pontevedra y Ourense, con apenas un 58 y un 55 %, se quedaron por debajo de la media gallega. Por sectores, la industria fue el sector más afectado, con 1.500 conversiones.
