Xunta y Gobierno se avienen a negociar la gestión compartida del ingreso mínimo
ECONOMÍA
El ministro Escrivá confía en un acuerdo en «fechas muy manejables»
21 ene 2022 . Actualizado a las 00:11 h.La Xunta y el Ejecutivo central escenificaron este jueves su plena disposición a negociar una fórmula para la gestión compartida del ingreso mínimo vital (IMV), la renta básica concedida y sufragada por el Estado y que perciben casi 37.000 gallegos —23.958 adultos y 12.934 menores—, según datos de la delegación del Gobierno en Galicia, y que en muchos casos se solapa con las más de 9.000 pagas de integración social o Risga que financia a su vez la Administración gallega.
«Hemos desbloqueado, creo, el inicio de una cogestión del ingreso mínimo vital», manifestó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, tras recibir en su despacho de Raxoi al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con el fin de firmar un convenio a través del cual se desarrollará en Galicia un programa piloto, dotado con 10,7 millones de euros, de ayuda a familias vulnerables con menores a cargo.
De momento, el Gobierno solo ha rubricado un convenio para ceder este año la gestión del IMV a las comunidades forales del País Vasco y Navarra, en virtud de los acuerdos firmados por el PSOE con el PNV para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Escrivá manifestó que la Xunta les ha «ofrecido» convertirse también en una comunidad «pionera» en la gestión compartida del ingreso mínimo vital del Estado y la Risga. También mantuvieron una «conversación constructiva», en palabras del ministro, para que esto pueda materializarse próximamente. «Estamos hablando de fechas muy manejables», añadió Escrivá sin afinar más en los plazos.
El jefe del Ejecutivo autónomo invocó las pensiones no contributivas, que financia el Estado y que gestiona e incluso puede complementar la Xunta, como un modelo que puede servir de guía a la cogestión del ingreso mínimo. «Debería funcionar de una forma parecida, incluso mejorada», puntualizó Feijoo, de tal forma que permitiera la creación de una especie de «ventanilla única» para todos los ciudadanos, pues en su opinión no tiene sentido que en un mismo territorio coexistan dos modelos superpuestos, con dos normativas diferentes, para acceder, según sea el caso, al IMV o a la Risga.
La petición de la Xunta para negociar una cogestión de esta renta básica se fundamenta en la «solidaridad y lealtad al pagador», es decir, al Estado, que será, en definitiva, la instancia que reconozca la prestación, la que la financie y autorice su pago, mientras que la Xunta colaboraría en el pago mensual.
Intercambiar documentos
«El compromiso está aquí y vamos a ver documentos», indicó por su parte José Luis Escrivá, que también apeló a la necesidad de abordar alguna reforma legislativa para cotejar la complementariedad de la Risga y el IMV y ver como ambas prestaciones «anidan y dan sentido a un sistema de protección más integral». El presidente gallego, en todo caso, habló de la necesidad de crear un registro único de demandantes y de una renta unificada, pues entiende Feijoo que eso es bueno tanto para la Xunta como para la Administración del Estado, así como para una gestión eficiente de las finanzas públicas.
1.700 familias vulnerables
Más allá de los compromisos a futuro en torno a la cogestión del Ingreso Mínimo Vital, de momento la Xunta y el Gobierno central lo que han decidido es colaborar en el desarrollo de un convenio para hacer un seguimiento de 1.700 familias vulnerables gallegas, que agrupan a unas 5.100 personas, pues uno de los requisitos fijados es que cuenten con menores a cargo. La financiación del convenio será para acciones de refuerzo escolar, ayudas al pago del alquiler, mejora de empleabilidad o pago de gafas y tratamientos bucales.