—Este es de nuevo un compromiso que está en el Plan de Recuperación y que forma parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Partimos de una realidad: en España, la pensión máxima, comparada con la de países de nuestro entorno, está topada en niveles relativamente bajos. Y tenemos el compromiso de ajustarlo manteniendo la contributividad del sistema, es decir, subiendo la pensión máxima de forma equivalente a la cotización. Desde el punto de vista del sistema, una cosa se neutraliza con otra y no tiene impacto neto sobre el equilibrio financiero, aunque sí puede tener efectos en la sostenibilidad transitoriamente. Como la recaudación aumentaría antes de que lo hiciese el gasto agregado en pensiones, es un instrumento que puede ayudar a elevar el nivel de recaudación transitoriamente en la década de los treinta y los cuarenta, que es cuando podríamos tener el problema de mayor tensión en el sistema.
—Sería una herramienta para financiar las pensiones de la generación del «baby boom»...
—Sería un elemento transitorio que proporcionaría ingresos en los años en los que el sistema afronta un reto más importante y, además, respondería a una demanda de mejorar la pensión máxima, que está topada en umbrales demasiado bajos. Tendremos que discutir con los agentes sociales tanto el ritmo al que lo vamos a desplegar, que será muy gradual, como el nuevo límite. En cualquier caso, no hablamos de un cambio radical.
—Los cambios en la regulación de los planes de pensiones han provocado un desplome del 40% en las aportaciones. ¿Fue precipitado rebajar las reducciones fiscales antes de que entre en vigor el fondo público de pensiones?
—La reducción de la rebaja fiscal tiene su propia lógica con independencia del impulso de los planes de empleo. Hay un informe de la AIReF que pone de manifiesto que ese beneficio fiscal es utilizado abrumadoramente por personas con rentas altas, que no lo usan como una pensión complementaria sino como un mecanismo de arbitraje fiscal. Y no es un producto atractivo para una mayoría, porque es muy caro, con comisiones por encima del 1 %, frente al 0,3 % en los planes colectivos. El objetivo de la ley es desplazar el ahorro a los planes de empleo y abrirlos a nuevos colectivos, como trabajadores en pymes, autónomos..., que ahora no tienen acceso a estos productos más baratos.
—Hay países, como el Reino Unido, donde la adscripción a esos planes de empresa es automático, y el Estado incluso hace aportaciones.
—Ese modelo no tiene encaje constitucional en España. Las aportaciones tienen que ser el resultado de la negociación colectiva y de la decisión conjunta de trabajadores y empresarios, y ese es el modelo que estamos poniendo en marcha.
—¿Cómo afecta la explosión de contagios que vivimos estas últimas semanas al mercado laboral?
—En esta ola estamos constatando que no está habiendo impacto en el empleo. Los ERTE están estabilizados y la afiliación va fenomenal, enero va a ser muy bueno.
—¿Se ha normalizado la pandemia?
—No solo eso, también se está produciendo un cambio en la estructura productiva. Todavía no hemos recuperado los niveles de empleo en algunos sectores importantes, como la hostelería, donde aún estamos 50.000 afiliados por debajo del nivel de antes de la pandemia. Y aun así en el agregado estamos más de 400.000 por encima de los niveles prepandemia. Eso significa que están creciendo nuevos sectores, en el ámbito de las tecnologías de la información, la consultoría o los servicios sociosanitarios. Se están generando nuevas dinámicas de actividad.
—Aunque no ha destruido empleo, esta ola ha provocado un aluvión de bajas. ¿Van a revisar los protocolos de gestión?
—Llevamos año y medio con muchísimas bajas, y estamos razonablemente satisfechos de cómo se están gestionado en una situación tan excepcional. En esta ola se han tramitado en Galicia 90.000 bajas, y se ha hecho razonablemente bien. Hemos facilitado los procesos administrativos, para que en un único acto se pueda emitir la baja y un alta demorada.
—¿A qué atribuye el desacople que dibujan las estadísticas entre esos buenos datos de empleo y recaudación y un avance del PIB bastante inferior?
—No solamente hay una discrepancia entre los datos de empleo y de PIB. También con los datos de recaudación fiscal, del IVA, del IRPF, del impuesto de sociedades. Y con los datos de ventas o gasto con tarjetas... Hay muchísimos indicadores que señalan que el nivel de actividad está por encima del que había antes de la pandemia. Y la singularidad que tienen estos datos, las afiliaciones, las bases tributarias..., es que no están sometidos a revisiones nunca y son datos completos. Se miden todos los trabajadores del país y todas las bases tributarias. Los datos del PIB, sin embargo, están sometidos a mucha revisión. Y más en este período de pandemia. Si hoy mirásemos el dato del PIB del año 2014 y lo comparáramos con lo que se dijo entonces, veríamos que se han producido muchas modificaciones y revisiones conforme se han incorporado nuevas estadísticas.
«El único sector con afectación significativa de los ERTE es el de las agencias de viaje»
Con menos de cien mil trabajadores aún en ERTE, Escrivá ve «lógico» gestionar esa situación con los nuevos mecanismos de ajuste recogidos en la reforma laboral.
—Trabajadores por ERTE vinculados al covid con exoneración a la Seguridad Social quedan unos 75.000 y, de esos, la mitad están a tiempo parcial. Quedan muy pocos inactivos, y muy concentrados en algún sector. El único sector donde sigue habiendo una afectación significativa es el de las agencias de viaje, que en el caso de Galicia tienen el 40 % de las plantillas todavía en ERTE. Por tanto, el problema está ya muy acotado, y tenemos una nueva reforma laboral, que contempla modalidades de ERTE más amplias y flexibles de las que teníamos, por lo que lo lógico es que intentemos encajarlos ahí.
—La Xunta ha reclamado el traspaso del ingreso mínimo vital, ¿cuáles son sus condiciones?
—Siempre hemos estado abiertos a explorar esta vía, tal y como se recogía en la norma del ingreso mínimo vital, y este jueves acordé con el presidente Feijoo empezar a trabajar en ello. Es altamente recomendable para el ciudadano ir a un modelo de ventanilla única. No obstante, para que ese modelo pueda ser gestionado por la Xunta requiere que la risga se adapte y se convierta en una prestación plenamente complementaria del ingreso mínimo vital, algo en lo que están trabajando ya y que sería lo que daría sentido a esta cogestión. Y es importante, como nos ha dicho el Tribunal Constitucional, que aseguremos que el ingreso mínimo se gestione en todo el territorio en condiciones homogéneas, que no ocurra lo que ha pasado con las pensiones no contributivas, que se gestionan de forma muy distinta en función de la comunidad. En los convenios que firmemos tendrán que establecerse estándares de gestión y evaluación.
