Bruselas abre una consulta pública para agilizar los proyectos de renovables
ECONOMÍA
Admite que los obstáculos administrativos ralentizan su expansión y encarecen los costes
19 ene 2022 . Actualizado a las 14:11 h.Los objetivos climáticos y de eficiencia energética no se alcanzarán «si no se revisa el sistema energético actual», ha admitido este miércoles la Comisión Europea. Lo ha hecho tras abrir una consulta pública, en la que podrán participar Estados, ciudadanos y empresas hasta el 12 de abril, sobre cómo agilizar los proyectos de energías renovables. Al ritmo actual no se podría alcanzar el objetivo de duplicar su cuota de mercado hasta el 40 % en el 2030, un umbral que exigiría aumentar la capacidad de generación actual de 30-35 gigavatios anuales a 45-65 gigavatios: «El ritmo actual de implantación de proyectos deberá acelerarse considerablemente para conseguir el aumento de la capacidad requerido», señala el Ejecutivo comunitario.
La institución culpa de los retrasos y la ralentización del boom renovable a «los procedimientos de concesión de permisos y otros obstáculos administrativos». Son las principales barreras que afrontan las empresas a la hora de poner en marcha sus inversiones en tecnología fotovoltaica o eólica. Esa burocracia también está obstaculizando el impulso de los contratos de compra de electricidad procedente de esas fuentes de suministro energético.
Bruselas cree que los cuellos de botella en el sector tienen su origen en la complejidad normativa y la duración extremadamente larga de los procedimientos. De hecho, «sus resultados inciertos disuaden a los inversores, provocan demoras y encarecen los proyectos». Y eso que la Directiva sobre fuentes de energía renovables (DFER) del 2018 pone límites a la duración máxima de la tramitación de permisos y exige a los Estados que eliminen obstáculos injustificados para los contratos de compra de electricidad renovable a largo plazo. ¿Cuál es el problema? Según la Comisión, algunos países no han sabido adecuar sus legislaciones a la normativa.
En Galicia, ante el aluvión de proyectos eólicos presentados, la Xunta decidió el pasado mes diciembre conceder una moratoria de año y medio (hasta mediados del 2023) para poder tramitar los 275 expedientes pendientes que suman 7.200 megavatios. La medida no fue bien recibida por la patronal, la Asociación Eólica de Galicia (EGA): «Bloquea el desarrollo eólico, crea una enorme inseguridad jurídica y deja a Galicia al margen de la transición energética». El peregrinaje hasta lograr la luz verde de la Administración puede alargarse en la comunidad entre cuatro y diez años, cuando la directiva europea fija un plazo máximo de dos años.
Con esta iniciativa, Bruselas quiere recopilar todos los obstáculos administrativos relacionados con los permisos de ejecución de los proyectos y elaborar una guía antes de verano para dar soluciones a los Estados miembro. Las directrices se centrarán en la duración de los procedimientos, la complejidad de los trámites, los problemas para seleccionar emplazamientos y planificar su explotación, las dificultades de conexión a la red y la repotenciación, además de la dotación de personal y formación con la que deberían contar las Administraciones Públicas encargadas de conceder los permisos.
La Comisión también pedirá a los países rindan cuentas e informen de qué medidas han adoptado para facilitar la implantación de renovables antes del 15 de marzo del 2023.
