La Audiencia señala el juicio por el agujero en la CEG suspendido hace 16 meses
ECONOMÍA
La Fiscalía pide cuatro años de cárcel y una multa de dos millones de euros al principal acusado, Rafael Sánchez Sostre
15 ene 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Veinte años después de que se activase la causa y 16 meses más tarde de que, en septiembre del 2019, el inicio del juicio tuviera que suspenderse por haberse traspapelado 19.000 folios del sumario, la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, la que tiene su sede en Santiago, ha vuelto a señalar para el miércoles de la próxima semana el arranque de la vista oral por el agujero detectado en febrero del año 2000 en la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), en el que se destaparon irregularidades contables por valor de 6,3 millones de euros.
La Fiscalía pide cuatro años de cárcel y una multa de dos millones de euros al principal acusado, Rafael Sánchez Sostre, exsecretario de la patronal gallega, al que se acusa de un delito de fraude en las subvenciones. Cuando en septiembre del 2019 se tuvo que aplazar el juicio, su defensa ya solicitó la prescripción de los delitos y la nulidad del proceso por la aparición de la documentación traspapelada,
Otros ocho acusados
Para los otros ocho acusados, a los que el ministerio público también acusa de fraude en las subvenciones, las peticiones de pena son de dos años de cárcel para todos ellos, pero sí hay diferencias en las multas, que oscilan entre los 50.000 y los 500.000 euros. Estos procesados son representantes legales de empresas que se vieron involucradas en el caso. La Fiscalía cita en su escrito de calificación a Acro Consultoría Formación, Cares Márketing y Comunicación, Técnicas de Formación, DEO, Dalbe 5, Estudio Global de Gestión y Euroges 97.
Las presuntas prácticas irregulares que hace veinte años se detectaron en la CEG son cursos de formación que no llegaron a celebrarse, pero que sí recibieron las correspondientes ayudas públicas. También gastos inflados de material didáctico, profesorado y aulas, y excesos contables que, siempre según el fiscal, habrían permitido a los investigados obtener una ganancia económica con cargo a fondos de las Administraciones públicas. Solo entre 1996 y el 2000, la patronal gallega recibió 20 millones de euros en fondos para la formación de la Xunta y el Forcem.