Galicia, pionera en contar con un plan antifraude para los fondos europeos
ECONOMÍA
Una plataforma de gestión digital seguirá al detalle en qué se gasta el dinero
31 dic 2021 . Actualizado a las 05:00 h.El desafío radica en que se dispone de poco tiempo para gastar una cantidad ingente de recursos, los provenientes de los fondos europeos. El reto es conseguirlo, pero no a cualquier precio y, sobre todo, sin generar escándalos por uso fraudulento. Bruselas ya ha hecho efectivo el primer pago de parte de los 70.000 millones de euros que le han sido asignados a España en forma de ayudas no reembolsables para restablecer su economía tras la pandemia, pero los altos estándares marcados por Europa para invertir cada euro obliga a un refuerzo de los mecanismos de prevención y control que cada Administración pública debe acometer con nuevas herramientas normativas, más allá de la propia ley de contratos vigente.
Se trata de un sistema antifraude que deben aplicar comunidades autónomas y municipios por mandato de la UE y, desde que fue publicada la orden por el Ministerio de Hacienda, las autonomías disponían de tres meses para poner en marcha dicho plan. Galicia ha sido la primera en aprobar el denominado Plan de Riscos de Xestión e Medidas Antifraude para gestionar los fondos Next Generation, un documento que servirá de base para el control de los 400 millones de euros que la comunidad gallega recibirá este 2022 de forma extraordinaria procedentes del fondo de recuperación.
«Estamos moi satisfeitos de ser os pioneiros no territorio español, ao dispoñer dun plan antifraude para instrumentar os fondos. Todas as organizacións da Xunta vanse rexer pola nova normativa, que conta cunha serie de elementos para que o eventual fraude que puidera producirse non chegue a acontecer». En estos términos se expresó el director xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, Jesús Oitavén, que participó en el foro «Caminando hacia la simplificación administrativa», organizado por La Voz de Galicia en el Museo Santiago Rey Fernández-Latorre. En él intervinieron también Elena Barba, secretaria de la Xunta Consultiva de Contratación Administrativa; Víctor Coladas, director da área de Transformación Dixital da Facenda Autonómica; y Miguel García Eiroa, secretario general de Apecco, la patronal coruñesa de empresas de la construcción.
La Administración autonómica ha creado los mecanismos necesarios para controlar los flujos de dinero, pero ha aprovechado la norma para agilizar y simplificar los procesos de contratación. Las grandes empresas tienen experiencia en las relaciones con las administraciones, pero la Xunta se ha marcado como objetivo que las pymes estén en igualdad de condiciones para acceder a las licitaciones públicas. «Representan máis do 90 % do tecido produtivo de Galicia, hai que contar con elas nos novos procesos de contratación», señaló Elena Barba. «Dos fondos Next Generation temos que ter comprometido todo o gasto entre o 2021 e o 2023. Nestes dous anos que nos quedan ten que estar todo contratado; logo, temos hasta o 2026 para executalo. É o mandato que temos de Europa. Todo o noso esforzo ten que ir por ser máis eficaces, contratar máis rápido, pero sen eliminar controis, evitando irregularidades, corrupcións que poidan vir dadas por unha relaxación na forma de licitar».
Víctor Coladas mostró la evolución de la estrategia tecnológica desarrollada en la Administración gallega. Un recorrido que se aceleró a partir del 2020, con la pandemia. «Fuimos capaces de no parar ningún proceso de contratación durante la crisis sanitaria», en esa política de eliminación del papel en favor de la digitalización y en ausencia de mesas presenciales para la contratación. Ahora, con las ayudas de la UE, «trabajamos en nuestra plataforma de gestión de contratación pública, lo que nos va a permitir una visión muy detallada de qué se compra, cómo se compra, con qué procedimientos y proveedores. Vamos a tener toda la información de lo que se hace en cada momento, lo que nos permitirá rendir cuentas ante las autoridades europeas o ante quien corresponda. Nos va a permitir aumentar la lucha contra el fraude». Sobre todo con la prueba de estrés que van a suponer los fondos de recuperación.
Miguel García, de Apecco, abogó por agilizar los plazos en la contratación y reducir los 78 días de media que transcurren desde que se publica una obra pública hasta que se adjudica. Las pymes, dijo, no se pueden permitir esa demora.
Simplificar las contrataciones para no poner en riesgo futuros reembolsos
Si gastar el dinero correctamente es el espíritu de estos planes de control, como el aprobado por el Gobierno gallego, no es menos prioritario conocer el estado de las inversiones. Los tiempos. Porque de los logros en la ejecución del dinero asignado dependen futuros reembolsos al país. Y muchas de las competencias corresponden a las comunidades autónomas. De ahí la necesidad de agilizar y simplificar los procesos administrativos.
«La UE nos compara a los 27 países en determinadas ratios y no salimos bien parados en el tiempo que las administraciones tardamos en adjudicar los contratos», resaltó Elena Barba. Abogó porque se revise la ley de contratación estatal porque «tiene el defecto de traspasar al mundo electrónico todo el proceso de papel, pero sin acotar plazos ni tiempos». Abogó por volver a potenciar la subasta electrónica y eliminar, cuando sea preciso, el criterio de valoración «que es lo que retrasa el análisis de las ofertas».
Para Jesús Oitavén, «non é asumible que a unha empresa lle demos 45 días para estudar un proxecto e a Administración tarde 50 en valorala. A tecnoloxía está aí para axudarnos. Hai procesos que se poden robotizar», dijo.
La falta de mano de obra en el sector de la construcción, el desabastecimiento de materiales y la subida generalizada de precios, también el de la energía, fue otro de los asuntos sobre los que mostró especial preocupación el secretario general de Apecco. Miguel García Eiroa reconoció que el sector está muy ilusionado con los fondos, pero mostró su preocupación por que esas ayudas no se puedan ejecutar precisamente por la inestabilidad que genera la escasez de profesionales para acometer las obras y el hecho de que se paralicen obras públicas, queden desiertas (unas 60 este año) o no se ejecuten porque los presupuestos de los proyectos no se ajusten a la realidad del mercado y esa alza de precios.
Tanto Oitavén como Miguel García coincidieron en la necesidad de actualizar, en tiempos más cortos, la bases de datos de obra civil para adecuarse a los escenarios actuales de oscilaciones de precios en la construcción y evitar así que concursos de proyectos públicos queden sin cubrir. De hecho, la Xunta presentó una enmienda a la ley de acompañamiento de los Presupostos del 2022 para que las pérdidas derivas de los altos precios sean recuperables. También se buscarán soluciones al empleo.