Según las bases, los aspirantes a captar fondos deberán incluir proyectos que involucren a varios eslabones de la cadena de valor del sector. De este modo, estará obligados a presentar bloques relacionados con la fabricación de equipos originales y ensamblaje (OEM), de baterías o pilas de hidrógeno, y de otros componentes esenciales adaptados al vehículo eléctrico y conectado, como ocurre con Stellantis.
Los fabricantes piden celeridad y fechas concretas
La Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles (Anfac) considera la publicación de las bases para la concesión de las ayudas para el proyecto estratégico o PERTE del vehículo eléctrico un paso importante, pero ayer se dirigió al Gobierno para pedirle que complete cuanto antes la convocatoria con fechas para presentar proyectos a estas ayudas.
Además, el director general de Anfac, José López-Tafall, manifestó que este plan de ayudas debe ir acompañado de modo continuo de otras medidas que promuevan la recuperación del sector, reduzcan la incertidumbre entre los consumidores e impulsen la electrificación y la renovación del parque automovilístico.
Entre esas medidas citó la instalación de infraestructuras de recarga de acceso público para vehículos electrificados; un modelo de fiscalidad basado en el uso y no en la compra; planes de impulso a la demanda y a la renovación, y una política activa de apoyo a la adaptación profesional.
En todo caso, la patronal Anfac ve positivo que el primer PERTE aprobado haya sido el de la industria de la automoción, porque reconoce el peso de este sector en España, su importancia en la economía y el empleo, y el gran reto de transformación que tiene por delante. «Los fabricantes tenemos ya modelos eléctricos y electrificados en el mercado, su producción en España está creciendo exponencialmente pero tenemos que acelerar aún más para seguir manteniendo nuestra posición como segundo fabricante europeo de vehículos», destacó el director general de la organización». Recordó, además, que el sector aporta un 11 % del producto interior bruto (PIB) del país. En el caso de Galicia, esa cifra sobrepasa la barrera del 17 %.
