El Gobierno allana el camino al coche eléctrico y conectado hecho en Galicia

Manoli Sío Dopeso
m. sío dopeso VIGO / LA VOZ

ECONOMÍA

M.MORALEJO

El proyecto de Stellantis Vigo cumple todas las premisas para recibir fondos

28 dic 2021 . Actualizado a las 20:10 h.

Con el reglamento en la mano, la planta de Stellantis Vigo y su red de 120 proveedores gallegos de componentes lo tienen todo a favor para liderar la producción de vehículos eléctricos y conectados antes del 2025.

Eso es, al menos, lo que se deduce tras la primera lectura rápida hecha por el sector de las bases del Plan Estratégico (PERTE) para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado publicadas este martes en el BOE, que marca como objetivo convertir a España en un polo europeo de electromovilidad. Dice el ministerio de Reyes Maroto que el Gobierno ha querido desarrollar las bases afinando todos los puntos ya que se trata del primer plan estratégico industrial de este tipo que se aprueba en la Unión Europea.

El presupuesto máximo de las ayudas que se concederán para el período 2021-2023 será de 2.975 millones de euros, de los que 1.425 millones serán préstamos y 1.550 subvenciones. Las empresas que resulten adjudicatarias deberán llevar a cabo sus proyectos, como muy tarde, el 30 de septiembre del 2025.

Este arranque movilizará una inversión privada de unos 11.900 millones de euros, entre las diferentes empresas que están agrupadas en las candidaturas.

Ahí está AutoÁncora, el plan gallego que aspira a mover 1.200 millones de euros para aumentar su capacidad de ensamblaje (no de producción) de baterías para vehículos eléctricos, y acelerar el desarrollo del vehículo de hidrógeno, además de la movilidad conectada.

La presión ejercida desde la patronal de los fabricantes, por este criterio excluyente, pero también desde la Administración gallega, ha allanado el acceso del sector gallego del automóvil a los fondos, aunque ahora están en juego las sumas a repartir, en función de las puntuaciones que obtengan los proyectos.

Según el BOE, el establecimiento de las bases reguladoras para la selección y concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas correspondientes, es el paso previo a la publicación de la convocatoria que abrirá los plazos para la presentación de los proyectos. Una vez abierto este procedimiento por parte del Gobierno las candidaturas competirán para obtener la ayuda para llevar a cabo sus inversiones. 

Competencia catalana

La propuesta gallega se medirá con otras duras rivales, como la inversión anunciada por el grupo alemán Volkswagen para que se fabriquen vehículos eléctricos pequeños en la planta de Seat en Martorell y los modelos todocamino eléctricos en la factoría de Volkswagen en Landaben (Navarra). El proyecto catalán cuenta con la ventaja de que incluye la producción de baterías de litio, un criterio que eleva la puntuación, pero cuya ausencia ya no es excluyente, como el Ministerio de Industria tenía previsto en un primer momento, lo cual habría dejado sin opciones a la automoción gallega en el reparto de fondos europeos.

La orden establece un «modelo colaborativo de solicitud», por lo que las entidades interesadas en acceder a estos fondos deberán constituir una agrupación de empresas sin personalidad jurídica y suscribir un acuerdo interno con carácter previo a la formalización de la solicitud.

Dichas agrupaciones deben estar organizadas en torno al sector industrial de automoción e integrar como mínimo a cinco entidades jurídicas «diferenciadas» que no pertenezcan al mismo grupo empresarial. Además, la alianza debe abarcar un mínimo de dos comunidades autónomas (Galicia podría ir de la mano con Aragón o Madrid, en donde Stellantis cuenta con sendos centros de producción), y estar conformada por pymes en un 40 % o más de las entidades participantes.

En paralelo, al menos una de las entidades integradas en la agrupación debe pertenecer al CNAE 291 (fabricación de vehículos de motor) y otra al CNAE 293 (fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor), criterios ambos que también cumple el planteamiento gallego.

Según las bases, los aspirantes a captar fondos deberán incluir proyectos que involucren a varios eslabones de la cadena de valor del sector. De este modo, estará obligados a presentar bloques relacionados con la fabricación de equipos originales y ensamblaje (OEM), de baterías o pilas de hidrógeno, y de otros componentes esenciales adaptados al vehículo eléctrico y conectado, como ocurre con Stellantis.

Los fabricantes piden celeridad y fechas concretas

La Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles (Anfac) considera la publicación de las bases para la concesión de las ayudas para el proyecto estratégico o PERTE del vehículo eléctrico un paso importante, pero ayer se dirigió al Gobierno para pedirle que complete cuanto antes la convocatoria con fechas para presentar proyectos a estas ayudas.

Además, el director general de Anfac, José López-Tafall, manifestó que este plan de ayudas debe ir acompañado de modo continuo de otras medidas que promuevan la recuperación del sector, reduzcan la incertidumbre entre los consumidores e impulsen la electrificación y la renovación del parque automovilístico.

Entre esas medidas citó la instalación de infraestructuras de recarga de acceso público para vehículos electrificados; un modelo de fiscalidad basado en el uso y no en la compra; planes de impulso a la demanda y a la renovación, y una política activa de apoyo a la adaptación profesional.

En todo caso, la patronal Anfac ve positivo que el primer PERTE aprobado haya sido el de la industria de la automoción, porque reconoce el peso de este sector en España, su importancia en la economía y el empleo, y el gran reto de transformación que tiene por delante. «Los fabricantes tenemos ya modelos eléctricos y electrificados en el mercado, su producción en España está creciendo exponencialmente pero tenemos que acelerar aún más para seguir manteniendo nuestra posición como segundo fabricante europeo de vehículos», destacó el director general de la organización». Recordó, además, que el sector aporta un 11 % del producto interior bruto (PIB) del país. En el caso de Galicia, esa cifra sobrepasa la barrera del 17 %.