Bruselas presenta la directiva para cobrar un impuesto mínimo del 15 % a las multinacionales

Salvador Arroyo MADRID / COLPISA

ECONOMÍA

Europa Press

La medida, de aplicación plena a partir del 2023, fue acordada el pasado mes de octubre en el seno de la OCDE

22 dic 2021 . Actualizado a las 17:30 h.

La Comisión Europea ha lanzado este miércoles el conjunto de reglas para la aplicación en la Unión Europea del tipo impositivo mínimo efectivo del 15 % a las grandes multinacionales, que fue pactado por 137 países el pasado 8 de octubre y que representan en torno al 90 % del PIB global.

Ese acuerdo histórico se activaría a partir del 2023 y prevé una recaudación que se movería en el entorno de los 130.000 millones de euros anuales. La vía es el pago de impuestos por los beneficios que muchas compañías, principalmente colosos tecnológicos, generan en cada Estado o territorio donde tienen sede y en un montante «justo y proporcionado» que hasta la fecha eluden.

Bruselas acelera con este paquete legal ante la que se presume será una jugosa fuente de ingresos de cara a «la recuperación, pero también la resiliencia» de las economías tras el golpe asestado por el coronavirus. La variante ómicron ya hace prever una cierta ralentización en el último tramo de este año.

La directiva propuesta por la Comisión Europea aún tiene que ser refrendada por los Estados miembros por unanimidad. Algo que no será fácil porque Estonia e Irlanda no se sumaron inicialmente al acuerdo (luego sí) y Polonia o Hungría han venido poniendo palos en la rueda como parte del choque que mantienen con el Ejecutivo comunitario. La opinión del Parlamento Europeo también será clave.

«Esta directiva garantizará que el nuevo tipo del 15 % para las grandes empresas se aplique de una manera totalmente compatible con la legislación de la UE. Seguiremos con una segunda directiva el próximo verano para implementar el otro pilar del acuerdo, sobre la reasignación de los derechos fiscales», ha explicado el comisario Paolo Gentiloni durante la presentación de este primer marco regulatorio.

Siguiendo los criterios del acuerdo de la OCDE, Bruselas quiere garantizar una distribución proporcional de los beneficios y los derechos tributarios entre los países con respecto a las multinacionales (con un nivel de facturación por encima de 750 millones de euros anuales), de tal forma que se daría una especie de reasignación de derechos tributarios para que las empresas paguen impuestos tengan o no sede física en ellos. Cualquier gran compañía, tanto nacional como internacional, con una empresa matriz o una filial situada en un Estado miembro de la UE tendría que responder a la nueva reglamentación.

Si el tipo mínimo efectivo no es impuesto por el país donde tiene su sede una sociedad que elude los impuestos correspondientes, se contemplan disposiciones para que el Estado miembro de la empresa matriz lo aplique. «La propuesta también garantiza una tributación efectiva en situaciones en las que la empresa matriz está situada fuera de la UE en un país con impuestos bajos que no aplica normas equivalentes», se explica.

Aunque también se prevén ciertas excepciones. Para reducir el impacto «en los grupos que realizan actividades económicas reales», las empresas podrán excluir una cantidad de ingresos igual al 5 % del valor de sus activos tangibles y al 5 % de los nominales. Las normas también prevén una exclusión de cantidades mínimas de beneficios «para reducir la carga de cumplimiento en situaciones de bajo riesgo». Esto significa que cuando los beneficios e ingresos promedio de un grupo multinacional en una jurisdicción están por debajo de ciertos umbrales mínimos, entonces esos ingresos no se tienen en cuenta en el cálculo de la tasa.

Además, si la tasa impositiva efectiva para las entidades en una jurisdicción en particular está por debajo del mínimo del 15 %, entonces se activarán las reglas del Pilar 2 y el grupo debe pagar un impuesto adicional para elevar su tasa al 15 %. Este impuesto de recarga se conoce como la «Regla de Inclusión de Ingresos». Y se aplicará independientemente de si la filial se encuentra en un país que ha firmado o no el acuerdo internacional de la OCDE.

La Comisión Europea también ha propuesto una iniciativa para luchar contra el uso indebido de empresas pantalla para la evasión de impuestos con la que busca garantizar que las entidades de la UE que tienen una actividad económica mínima o nula no puedan beneficiarse de ninguna ventaja fiscal y no impongan ninguna carga financiera sobre los contribuyentes. «También se protegerá la igualdad de condiciones para la gran mayoría de las empresas europeas, que son clave para la recuperación de la UE, y garantizará que los contribuyentes comunes no sufran una carga financiera adicional debido a aquellos que intentan evitar pagar su parte justa», se asegura desde el Ejecutivo de Ursula von der Leyen.