El Gobierno prepara un sistema de control informático de centrales hidroeléctricas
ECONOMÍA
España no dispone de un registro público donde consultar la caducidad de las concesiones
12 dic 2021 . Actualizado a las 13:59 h.El vaciado crítico de embalses que sufrió Galicia este verano, en plena escalada de los precios de la luz, hizo saltar las alarmas de las autoridades públicas. Las empresas generadoras de electricidad aprovecharon la tesitura para poner a trabajar a toda máquina las centrales hidroeléctricas que explotan a lo largo de la cuenca Miño-Sil, y que les permiten producir a bajo coste y vender a precio de oro.
Las consecuencias todavía se perciben en el paisaje. El embalse de As Portas (Vilariño de Conso, Ourense) todavía está al 15,67 % de su capacidad, en comparación con el 63,96 % que solía tener a estas alturas en los últimos 10 años. El vaciado acusado de otras presas, como la de Belesar o Cenza, dejaron al aire los esqueletos de viejas construcciones, que llevaban décadas bajo el agua.
Las Administraciones no tardaron en apuntarse con el dedo las unas a las otras. El Gobierno abrió expedientes informativos a Iberdrola y a Naturgy. La Xunta, por su parte, les abrió un expediente sancionador y acusó a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil -organismo que depende del Gobierno central- de no haber informado al Gobierno autonómico de manera formal y de no esperar por el informe de Medio Ambiente para dar la autorización pertinente. Algo que negaron, revelando la existencia de correos electrónicos donde se solicitaba el permiso.
En cualquier caso, la pregunta que se hicieron todos los vecinos de las zonas afectadas fue, ¿nadie controla a las concesionarias? Cada una ha firmado un pliego de condiciones de uso. Y lo cierto es que el caudal de los embalses cumplía los mínimos legales incluidos en el último plan hidrográfico. Otra cosa es que se saltaran o no el protocolo a la hora de avisar de cuándo y en qué condiciones vaciarían las presas.
Para evitar nuevos malentendidos y para hacer un control más exhaustivo de las cuencas, el Ministerio para la Transición Ecológica está trabajando en el despliegue de un sistema informático para el registro de aguas, el control y monitorización de las centrales hidroeléctricas, además del aprovechamiento del recurso. Sin embargo, ha retrasado su puesta en marcha hasta dentro de más de un año, durante el primer semestre del 2023, según pudo saber Europa Press.
Este registro mantendrá actualizada la información de las explotaciones para la gestión de los datos de estas centrales, automatizará toda modificación en los certificados y las inscripciones del Registro de Aguas y tendrá actualizado en tiempo real la situación de los embalses, captaciones de agua y sus diferentes usos.
Falta un registro público
En julio del 2019 el Ministerio que dirige Teresa Ribera lamentaba no contar con un registro público donde consultar la caducidad de las concesiones, y se comprometió a tenerlo listo en dos años. Transcurrido el plazo, no existe un registro público para consultar dicha caducidad.
Eso dificulta el control sobre posibles ampliaciones temporales o cambios en las condiciones de explotación, cerrando la puerta a nuevos concursos o su cancelación para pasar a manos públicas gestión pública.
Es el caso de la presa de Ricobayo (Zamora). Su concesión caducaba en el 2010, pero fue ampliada en 1990 sin que se publicara en ningún boletín oficial, fue vaciado por Iberdrola este verano para maximizar beneficios y despertó un aluvión de críticas.
Sin embargo, Transición Ecológica asegura que los organismos de cuenca ya llevan un Registro de Aguas en las que inscriben de oficio las concesiones, incluidas aquellas para la producción de energía eléctrica, y los cambios autorizados para su titularidad o sus características. Estos registros, apostilla, tienen carácter público y es posible solicitar del organismo de cuenca las certificaciones sobre su contenido. Lo cierto es que, cuando se quiso conocer las condiciones de explotación de las concesionarias, fue imposible acceder a los documentos.
Control en tiempo real
El Ministerio se ha propuesto permitir una «gestión dinámica» de los datos de aprovechamiento del agua, la automatización de los certificados con validez legal, la agilización de las entradas, modificaciones y salidas de inscripciones en el Registro de Aguas, la permanente actualización del mismo y la localización geográfica de las captaciones y usos del agua.
«Se tratará de un registro telemático que permitirá mantener actualizada la información y garantizará el acceso inmediato a la misma y a valorar la legalidad de los derechos al uso del agua», señala el Ministerio.