Galicia sigue viva en el reparto de 3.000 millones para el automóvil

Manoli Sío Dopeso
m. sío dopeso VIGO / LA VOZ

ECONOMÍA

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El Gobierno debe ahora definir las bases para la adjudicación

26 ene 2022 . Actualizado a las 16:16 h.

La Comisión Europea ha aprobado este jueves por fin los 3.000 millones de euros que el Gobierno destinará al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del vehículo eléctrico y conectado.

El visto bueno de Bruselas era el primer paso necesario para abrir el proceso competitivo para el reparto de las ayudas en forma de subvenciones directas y de préstamos preferentes en condiciones favorables entre los consorcios de empresas que optan al reparto. Este será el segundo paso, que el Ministerio de Industria y Comercio quiere dejar publicado en el BOE antes de que termine el año (esa es, al menos, la intención avanzada por la ministra Reyes Maroto). Será entonces, cuando el Ejecutivo establezca oficialmente las bases para el reparto de los 3.000 millones, cuando la automoción gallega, con el grupo Stellantis al frente, sabrá si el proyecto valorado en 1.200 millones que envió a Madrid tiene encaje y se llevará fondos.

Fuentes del sector explican que, de momento, el plan gallego, denominado Autoáncora, sigue vivo, a pesar de que, según lo avanzado de manera extraoficial por el ministerio, incumple el requisito de incorporar la instalación de una planta de producción de baterías para vehículos eléctricos, una premisa que, al menos hasta que se publiquen las bases del proceso, no consta oficialmente.

Desde el sector explican también que Autoáncora es el plan que garantiza el desarrollo de las líneas de producción de los futuros vehículos eléctricos que la planta viguesa de Stellantis consiga a partir del 2026. Añaden que las decisiones que tomará la multinacional se adoptarán mucho antes de esa fecha, y contando con las ayudas que el grupo reciba en cada país y en cada fábrica.

La amenaza de quedar sin inversiones afecta a todo el motor gallego, que genera el 17 % del PIB, factura 8.000 millones y da empleo a 30.000 personas. De ahí que el presidente Feijoo lleve días apelando a la sensibilidad del Gobierno para que la automoción gallega tenga cabida en el PERTE sectorial aprobado por la Comisión Europea.

 Oportunidad histórica

«Este plan español de 3.000 millones de euros contribuirá a hacer posible una cadena de valor innovadora y sostenible para los vehículos eléctricos, en consonancia con las normas sobre ayudas estatales y los objetivos del Pacto Verde Europeo», dijo ayer la vicepresidenta comunitaria responsable de Competencia, Margrethe Vestager.

Reyes Maroto, por su parte, calificó la autorización de la Comisión Europea como una «magnífica noticia» que ayudará a la recuperación digital y sostenible del sector. «Este proyecto es una oportunidad histórica de convertir la fabricación del vehículo eléctrico y conectado en un proyecto tractor que refuerce la industria de la automoción en todo el país», añadió.

Detalló que los 3.000 millones de euros corresponden a la parte industrial del PERTE. Luego se completa con las ayudas del Plan Moves para la compra de vehículos, el programa tecnológico de movilidad sostenible del CDTI, inteligencia artificial y vehículo conectado, hasta llegar a 4.300 millones de inversión publica.

Además, «se espera que movilice otros 19.700 millones de inversión privada con el objetivo de crear el ecosistema necesario para la fabricación de vehículos eléctricos y conectados a la red y convertir a España en el hub de Europa de electromovilidad», añaden desde el ministerio.

Según los cálculos del Gobierno, el PERTE del motor podría generar 140.000 puestos de trabajo y su contribución al PIB se situaría entre el 1 y el 1,7 %. También esperan alcanzar en el 2023 los 250.000 vehículos eléctricos matriculados.