Fuentes de Banco Santander consultadas por Europa Press indicaron que la entidad recurrirá la sentencia, con la que está en desacuerdo.
J. m. C.
En la guerra abierta que mantienen el Santander y Andrea Orcel -que exige más de 110 millones de euros en compensación por su fichaje frustrado como consejero delegado de la entidad- el banco ha optado por mostrar públicamente sus cartas en el polémico caso. En un escrito en el que resume las principales alegaciones para su defensa, el Santander explica que el banquero italiano llegó a «grabar conversaciones privadas» con varios directivos, entre ellos la presidenta, Ana Botín.
Dice la entidad que esas grabaciones se produjeron «sin consentimiento ni conocimiento de sus interlocutores», en lo que consideran una práctica de «dudosa calidad ética y moral para alguien que quería desempeñar el puesto de consejero delegado». Arranca el alegato del Santander relatando un mensaje que Orcel envió a Botín el 20 de diciembre del 2018, un escrito que contenía una síntesis de las medidas que proponía llevar a cabo cuando aterrizara en la entidad como consejero delegado. Según el banco, Botín le respondió con otro mensaje: «Andrea. Conviene pararnos a ver dónde estamos y para ello debemos vernos y tener una conversación tranquila y franca, en persona. El martes 8 de enero en Madrid». En esa reunión, la presidenta comunicó a Orcel que estaba despedido después de darse cuenta de que la factura que tendrían que pagar por el fichaje del italiano sería muy superior a lo que inicialmente habrían estimado. A partir de entonces, Orcel comienza a registrar una serie de grabaciones con la presidenta y otros directivos. Según la versión del banco, los contactos entre Botín y Orcel se realizaron para que el italiano «pudiese retomar su carrera profesional», incluso colaborando con el Santander. Estas últimas filtraciones de la entidad demuestran una ruptura total en las relaciones de ambas partes. Y es que el escrito también indica que Orcel exigió elevar el importe de su contrato en otros tres millones de euros para compensar «una nueva y supuesta pérdida retributiva» por su salida de UBS, al dejar de percibir dividendos e intereses procedentes de la relación que mantenía con la firma de inversiones desde hacía casi una década.
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