Nicolas Schmit: «Una reforma laboral duradera necesita el acuerdo de los sindicatos y de la patronal»

S. Arroyo BRUSELAS / COLPISA

ECONOMÍA

JULIEN WARNAND

El comisario europeo de Empleo asegura que «los contratos temporales no son malos en todas las circunstancias»

07 dic 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

El socialdemócrata Nicolas Schmit (Luxemburgo, 1953), comisario de Empleo y Derechos Sociales, tiene claro cuáles son los problemas estructurales que aquejan al mercado laboral español desde hace décadas. Pero sostiene que todo puede cambiar con las negociaciones de una reforma laboral que, asegura, «avanzan de forma positiva», según ha podido constatar en sus últimas visitas a España. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene que aprobarla para el próximo 31 de diciembre.

—En el plan que España envió a Bruselas ¿se habla de derogar la reforma laboral de 2012?

—La decisión de ejecución del Consejo que aprobó el Plan de Recuperación de España no se refiere a derogar. Subraya que las reformas del mercado laboral deben ser parte de un paquete integral que apoye la creación y reasignación de empleo y aborde la segmentación del mercado laboral. Estas reformas deben llevarse a cabo respetando el diálogo social y como parte de un enfoque integral que equilibre la necesidad de flexibilidad y seguridad en el mercado laboral. Y por lo que yo creo, las negociaciones avanzan de forma positiva.

—¿Qué exige Bruselas?

—Hemos pedido a España que apoye el empleo mediante la introducción de incentivos de contratación y desarrollo de habilidades; asegurarse de que la protección por desempleo sea adecuada; mejorar el acceso al aprendizaje digital; impulsar los servicios públicos de empleo; alejarse del predominio de los contratos de duración determinada para abordar las brechas de cobertura de los esquemas de ingresos mínimos; y reducir el abandono escolar prematuro y mejorar los resultados educativos.

—¿Y cree que España cumplirá?

—El Plan de Recuperación incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que contribuyen a abordar de manera efectiva todos los desafíos económicos y sociales descritos en las recomendaciones específicas por país del 2019 y del 2020.

—El Gobierno español busca un acuerdo «justo y equilibrado» que combine el programa de coalición con los intereses de sindicatos y empresarios para dejar atrás la temporalidad. ¿El mensaje tranquiliza a Bruselas?

—La Comisión es una firme defensora de los derechos sociales y de un alto nivel de protección social. Estamos asegurando que se eliminen las condiciones laborales precarias para los ciudadanos y especialmente para los jóvenes. La UE debe proporcionar empleos de calidad que permitan a las personas tener cierta seguridad para planificar sus vidas. En este sentido, es muy importante para la estabilidad que esa reforma se lleve a cabo en estrecha colaboración con los interlocutores sociales, como es el caso de España. El objetivo debería ser proporcionar empleo estable y salarios justos que, a su vez, aporten a los trabajadores un nivel de vida digno y un crecimiento sostenible, teniendo en cuenta el impacto en la competitividad y la creación de empleo.

—Otro de los puntos de debate con más fricciones es si los convenios colectivos deben prevalecer sobre los de empresa.

—En ese tema nosotros tenemos el mayor respeto por el diálogo social. Es fundamental contar con la participación de los interlocutores sociales en el diseño de las reformas y la ejecución de los planes nacionales de recuperación. La evidencia también muestra que esa participación en el diseño, la implementación y el seguimiento de la formación en el mercado laboral es muy importante.

—¿Cuál es la posición de Bruselas al respecto?

—Cuando se trata de la reforma de la negociación colectiva en España, se debe respetar la autonomía de los interlocutores sociales y llevarse a cabo de una manera que promueva los convenios colectivos y considere su impacto en la competitividad, la creación de empleo y la pobreza laboral. En este sentido, España y sus interlocutores sociales son los mejor posicionados para decidir cómo encontrar ese equilibrio. Nosotros animamos al Gobierno español a que apunte al consenso más amplio para garantizar que todas las reformas sean duraderas.

—¿Qué objetivos concretos tiene que cumplir el país con la Comisión antes de que acabe 2021?

— Se esperan varias reformas laborales importantes, como la simplificación del menú de contratos, la creación de un mecanismo permanente de flexibilidad interna, el ajuste de la negociación colectiva y la revisión del reglamento de subcontratación.

—¿España perdería el próximo tramo de ayudas si no envía a tiempo su plan?

—La CE tiene que presentar su evaluación sobre si los hitos y objetivos pertinentes se han cumplido satisfactoriamente en los dos meses siguientes a la recepción de una solicitud de pago.

—¿Confía en que el Gobierno llegue a tiempo de cumplir el plazo con la reforma laboral?

—No tengo ninguna razón para creer que no vaya a ser así.

—Los agentes sociales están de acuerdo en que la temporalidad en España es excesiva, pero en las negociaciones es evidente que difieren en los mecanismos para ponerle coto.

— Los contratos temporales o por tiempo limitado no son malos en todas las circunstancias. Pero la legislación de la UE impide que la legislación nacional permita un uso reiterado e ilimitado de los trabajos de duración determinada. Las personas necesitan poder hacer planes para su futuro, especialmente los jóvenes, dos tercios de los cuales tienen contratos temporales en España. No me adelantaré a los detalles finales del paquete de reforma laboral que se propondrá, pero es tranquilizador que se esté abordando la precariedad.

—¿Considera el plan español lo suficientemente ambicioso?

—El plan de recuperación y resiliencia de España contiene medidas destinadas a mejorar la empleabilidad de los jóvenes y reducir aún más la tasa de abandono escolar prematuro. También propone una simplificación del menú de contratos para reducir el abuso de la contratación temporal. Se realizan inversiones sustanciales para mejorar y capacitar a los trabajadores y modernizar el sistema de educación y formación profesional. El plan también incluye acciones en el ámbito de las políticas activas del mercado laboral, incluida la reforma del sistema de incentivos a la contratación, el desarrollo de vías individuales de asesoramiento, el refuerzo del sistema de aprendizaje de adultos y la modernización de los servicios públicos de empleo.