Los expertos alertan de que el calendario electoral impedirá una reforma fiscal en profundidad

Ana Balseiro
ANA BALSEIRO MADRID / LA VOZ

ECONOMÍA

CGE

Los fiscalistas reclaman la supresión del impuesto de patrimonio y avisan de que la incertidumbre provoca fuga de capitales

01 dic 2021 . Actualizado a las 16:48 h.

El calendario electoral impedirá que pueda ejecutarse una reforma fiscal en profundidad, pese a que el Ejecutivo la  ha anunciado para el próximo año, una vez el comité de expertos presente sus conclusiones, a finales de febrero. Así lo sostienen los expertos que participaron este miércoles en un debate sobre la reforma de la tributación de la riqueza, organizada por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), el órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas.

 «Desde el punto de vista de reformas fundamentales, el ciclo electoral nos va a comer y nos va a condicionar enormemente», aseguró el catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan José Rubio, quien, junto a José María Durán Cabré, profesor de la Universidad de Barcelona y director del Instituto de Estudios Económicos de Barcelona (IEB), alertó de que la incertidumbre y la inseguridad jurídica que los anuncios que el Gobierno está realizando sobre posibles cambios fiscales están llevando a muchas empresas a posponer inversiones e incluso provocando fugas de capitales. «Hay empresas y entidades que están en están en stand by, esperando a ver hacia donde va la reforma tributaria. Pero será período cuasi electoral, por eso creo que difícilmente vamos a tener un cambio normativo de importancia en los próximos meses», insitió Rubio.

Al igual que Durán, también se mostró a favor de suprimir el impuesto de patrimonio. Lo consideran anacrónico y a contracorriente del resto de países europeos, amén de su reducida capacidad recaudatoria, mientras que en el caso de sucesiones y donaciones abogaron por introducir cambios para suprimir distorsiones, además de una cierta armonización para controlar la competencia fiscal a la que se ha llegado entre las comunidades autónomas. Cabe recordar que Madrid ha sido acusada de practicar el dumpin fiscal por, por ejemplo, bonificar al 100 % el impuesto sobre el patrimonio.

En concreto, de este tributo es, para los expertos, «un desincentivo a la inversión extranjera, en un contexto en el que los países del entorno han renunciado a su aplicación», y puso como ejemplo el efecto frontera en Extremadura, que lleva a muchos contribuyentes a Portugal para eludir el pago del impuesto, que no existe en el país vecino.

En el caso de sucesiones, para el catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha los tipos deberían situarse en una horquilla de entre el 3 % y el 10 %, un escenario que haría innecesarios los incentivos a la empresa familiar, según Durán, que se han convertido en una suerte de régimen especial en este momento.

 El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, se alineó con las tesis de los expertos invitados, al considerar que no es razonable que España sea el único país de la UE que mantiene en vigor el impuesto sobre el patrimonio, ya que -dijo- dificulta la atracción y mantenimiento de talento y ahorro, e introduce excesivas distorsiones de equidad dentro del territorio. Todos coincidieron, en cualquier caso, en la necesidad de afrontar una reforma tributaria en profundidad, sin parches, y dejar de usar los impuestos como arma política.