Trabajo quiere elevar hasta 10.000 euros la multa a empresas por fraude en la contratación
ECONOMÍA
La medida, para frenar la temporalidad, se incluye en la última propuesta enviada a los agentes sociales para la reforma laboral
27 nov 2021 . Actualizado a las 10:10 h.La esperada fumata blanca entre los agentes sociales y el Gobierno sobre la reforma laboral sigue haciéndose de rogar mientras el tiempo se agota. Aunque el lunes están emplazados a un nuevo encuentro, el de ayer supuso algunos avances, después de que el Ministerio de Trabajo remitiera en la noche del jueves una nueva propuesta formal a patronal y sindicatos, en la que se incluye, por ejemplo, endurecer las sanciones a las empresas que realicen contratos temporales fraudulentos.
Las multas podrían ascender hasta los 10.000 euros por cada contrato en fraude de ley, según confirmaron fuentes sindicales, y supone atender la demanda de UGT, que reclamaba modificar la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).
El vicesecretario general de UGT, Mariano Hoya, explicó ayer en una rueda de prensa en Extremadura que el Gobierno les envió la noche anterior el documento que incluía dicho endurecimiento, como modo de revertir el exceso de temporalidad.
La propuesta se debatió en la reunión del diálogo social de este viernes. Pese a que no se llegó a ningún acuerdo, las fuentes consultadas confirmaron que el texto incluía también otra demandas sindicales, como la recuperación de la ultraactividad y la prevalencia del convenio colectivo sectorial sobre el de empresa. De hecho, para UGT estas dos cuestiones ya «justificarían absolutamente» que el sindicato firmara el acuerdo con el Gobierno en dicha materia, algo que no comparten ni CC.OO. ni, por supuesto, la patronal.
En cualquier caso, para el sindicato que lidera Pepe Álvarez la negociación «no avanza con la suficiente celeridad».
Reformulación de los ERTE
Los referidos no han sido los únicos cambios planteados por Trabajo. En lo que respecta a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que sustituirán en el futuro a los actuales, el departamento de Yolanda Díaz propone eliminar el mecanismo de tránsito a los despidos de los trabajadores afectados o el pago de indemnizaciones a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
Los nuevos ERTE se activarían, como estaba previsto, por acuerdo del Consejo de Ministros —a propuesta de los Ministerios de Asuntos Económicos, Trabajo y Seguridad Social—, informando previamente a los agentes sociales.
Asimismo, habrá dos modalidades. La cíclica tendrá una duración máxima de un año y supondrá la adopción de medidas cuando la coyuntura macroeconómica aconseje la adopción de instrumentos estabilizadores del empleo, cuando empresas de uno o varios sectores sufran cambios estructurales en su actividad que obligue a recualificar a sus trabajadores (incluirán un plan de recolocación, aunque no vayan a aplicarlo).
Las empresas que contraten a trabajadores afectados por estos ERTE tendrán una bonificación del 50 % en las cotizaciones durante seis meses.