La Comisión Europea recuerda que la alta deuda y los riesgos inflacionarios pueden hacer descarrilar las cuentas
24 nov 2021 . Actualizado a las 20:59 h.La revalorización de las pensiones y los salarios públicos en España, donde la deuda pública supera el 120 % de su PIB, no ha sido una gran idea. Eso es lo que ha deslizado este miércoles el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, quien ha alertado de los riesgos que asumen los países «cuando el gasto corriente se combina con un alto nivel de deuda pública».
La Comisión Europea apoya la política expansionista del gasto que recogen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Gobierno español para el 2022, pero le insta a ser «prudente» porque el país no tiene margen fiscal para grandes fuegos artificiales, en vista de los «grandes desafíos» a los que se enfrenta para garantizar la sostenibilidad de la deuda a medio plazo. Por eso le recomienda utilizar las ayudas europeas para impulsar las inversiones y «revisar el uso, efectividad y adecuación» de las medidas de apoyo fiscal. También vuelve a exigir al Gobierno que «preste atención a la composición de las cuentas públicas y la calidad de las medidas presupuestarias». En otras palabras: no aprobar partidas de gasto oportunistas que no se puedan sufragar vía ingresos o que no aporten nada al crecimiento estructural de la economía.
«Instamos a mantener políticas prudentes y controlar la inflación. No podemos pensar que los tipos de interés bajos van a durar para siempre. Los países tienen que estar preparados por si cambia el viento», advirtió el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, quien ha admitido que los precios altos pueden prolongarse más de lo que habían previsto inicialmente. «Tenemos que estar dispuestos a ajustar las políticas si hace falta», ha subrayado, dejando caer que la subida de tipos de interés, que no está prevista para el 2022, podría adelantarse si persiste el rali en los precios.
Riesgos
Los riesgos de descarrilamiento de las cuentas son muchos y variados. España ya arrastraba una gran deuda pública antes del estallido de la pandemia. A pesar de las reiteradas demandas de moderación, el Gobierno insistió en expandir el gasto, desviándose de la senda de reducción pactada con Bruselas. De ese incumplimiento dio fe Bruselas, que ahora alerta a España de los problemas que esa falta de celo puede acarrear tras aumentar esa carga por encima del 120 % del PIB (95,5 % en el 2019) a causa de la crisis. «Los riesgos potenciales vienen de un incremento de tipos de interés» o del impago de las garantías extendidas a las empresas, advierten sus expertos. Aunque el Banco Central Europeo (BCE) ha descartado subir tipos a lo largo del 2022, nadie sabe qué pasará en el 2023 en caso de que la inflación sigue al alza. Si Fráncfort empieza a endurecer el crédito para contener la subida de los precios en el mercado, países como España, «con altas necesidades de financiación en el futuro», estarían en serios problemas para conseguir dinero barato.
Precisamente la inflación, impulsada por los cuellos de botella en el transporte internacional, la escasez de suministros y los precios de la energía, es el principal riesgo sobre los que Bruselas ha encendido las alarmas: «Las dinámicas inflacionarias sostenidas podrían estrechar los márgenes de beneficio de las empresas y crear dificultades para devolver deudas si los costes aumentan más que los ingresos», sostiene. En otras palabras: puede poner en riesgo la recuperación. Por eso, medidas presupuestarias encaminadas a aumentar el gasto público corriente, como la revalorización de las pensiones, pueden añadir más presión en los precios. Lo mismo puede ocurrir con las subidas salariales que reclaman algunos sectores, como el del metal, en un contexto de baja productividad. De hecho, en el 2022 la productividad por trabajador estará por encima del nivel del 2019 en todos los países de la UE, menos en Luxemburgo, Malta, Portugal y España. Las cuentas del Gobierno solventan estos problemas confiando en que España crecerá a un ritmo bastante mayor del que espera la Comisión Europea. Esta anticipa que en el 2023 España aún estará 2,6 puntos porcentuales por debajo del PIB anterior a la pandemia. Por ahora, el gasto del Estado está excediendo su potencial de crecimiento, según estiman los expertos comunitarios, quienes instan a «ponerlo bajo control» para no crear una carga permanente en la deuda.
También podría haber problemas por el flanco bancario. El informe publicado este miércoles señala que las entidades financieras españolas se anotaron rentabilidades negativas en el 2020 y están entre las que menos capital líquido disponen para hacer frente a impagos cuando acaben las moratorias y los ciudadanos y empresas tengan que hacer frente a sus deudas.
¿Qué hay de la supuesta burbuja inmobiliaria? Bruselas sí detecta que los precios se han sobrecalentado en mercados como el holandés, el alemán o el francés, pero en España no es una preocupación, a pesar de que se necesitan más de diez años de salario íntegro pata poder acceder a un inmueble en propiedad.
Recortes
La gran duda que late tras los informes y previsiones de Bruselas es, ¿cuándo comenzarán los recortes? Las reglas de disciplina fiscal (ajustar el déficit al 3 % y la deuda al 60 % del PIB) seguirán suspendidas hasta el 2023, pero España llegará ahí con un 4,2 % y un 116,9 % respectivamente, según los expertos comunitarios. Aunque parece que el objetivo de déficit no se tocará, hay voces como la del director general del Mecanismo Europeo de Estabilidad, Klaus Regling, que abogan por desterrar el umbral máximo de deuda. «El mensaje esencial es que tenemos que garantizar una reducción de la deuda, pero sin perjudicar el crecimiento. Si no crecen nuestras economías, no estarán en condiciones de poder reducirlas», apostilló Gentiloni, dejando claro que Bruselas ha aprendido las lecciones del 2008 de cómo no gestionar una crisis.