Carlos Cruzado: «Los que han sufrido menos con la crisis del covid deben aportar más para salir de ella»
ECONOMÍA
El presidente de los técnicos de Hacienda cree que las bonificaciones de impuestos que aplican algunas comunidades autónomas son una «irresponsabilidad fiscal»
22 nov 2021 . Actualizado a las 10:17 h.En plena tormenta por casos como los papeles de Pandora o la regularización fiscal del rey emérito, y con una reforma del sistema tributario en ciernes, el presidente del sindicato de los técnicos de Hacienda (Gestha) —que hace unas semanas participó en el XXI curso sobre la inspección de los tributos locales que celebra la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (Anihpl) en A Coruña— advierte de la necesidad de dotar con más medios a las Administraciones tributarias para tratar de poner coto a los continuos escándalos de fraude.
—Los Presupuestos Generales del Estado de este año vuelven con un techo de gasto histórico y reinciden en el cambio de tendencia al dejar la austeridad en el pasado...
—Es un cambio interesante en la línea de la política de austeridad que se siguió en la anterior crisis. Ahora, no solo en España si no también en la Unión Europea, se ha decidido afrontar la crisis de otra manera. Los presupuestos de este año vienen muy marcados por esas ayudas de la UE que van a suponer una inyección muy importante para salir adelante de esta crisis y, en materia impositiva, las cuentas incorporan cuatro cosas, muy pocas. Lo más llamativo quizás sea el impuesto mínimo de sociedades y poco más. Las principales novedades fiscales se van a posponer.
—¿Qué riesgos pueden tener las cuentas públicas para el próximo año?
—Con los antecedentes que tenemos y que se repiten año a año, es posible que la previsión de ingresos no se cumpla. Además, el mayor riesgo puede consistir en que esa recuperación que la mayoría de los organismos ven con mucho optimismo para los próximos años finalmente no se cumpla. Y parece que estamos saliendo de la crisis sanitaria, pero si tenemos otra recaída habría que tomar medidas de restricción de movimientos y eso afectaría muy negativamente a la economía.
—El Gobierno espera avanzar en la reducción del déficit, ¿es realista?
—Habrá que verlo, porque va a depender de los ingresos. El incremento del PIB puede ir en esa dirección. Hay todavía algunas incertidumbres sobre esta cuestión.
—La pandemia ha exigido un esfuerzo de gasto por parte del Estado mucho mayor, por lo que el Gobierno va a tener que subir algunos impuestos. Pero el debate es, ¿a quién?
—Sin duda el gasto se ha disparado con la pandemia. Esto va a requerir de un esfuerzo importante en cuanto a ingresos. No solo en España, esta es la tendencia que ya estamos viendo y que están planteando organismos como el Fondo Monetario Internacional o la OCDE. El FMI en su informe de abril ya habla de la necesidad de acometer esas subidas de impuestos en determinados ámbitos para sufragar el incremento del gasto sanitario y social por el covid. Por otro lado, la pandemia ha agudizado ese incremento de las desigualdades que ya en España se venía produciendo de una forma aguda. Habrá que hacer un esfuerzo en esa línea y dotar de progresividad al sistema. Además, año tras año, el barómetro fiscal que publica el CIS refleja que hay un gran porcentaje de ciudadanos que cree que el sistema no es justo y que no paga más quien más gana. Hay que dotar de mayor progresividad al sistema, hacer que los que no estén contribuyendo en sus términos justos lo hagan. Tanto las grandes empresas como los grandes patrimonios. Seguramente habrá que incluir mayores tramos en el impuesto sobre la renta y dotarlo de mayor progresividad, de tal forma que se apliquen mayores gravámenes para los rendimientos más altos, en línea con lo que desde el 2017 viene planteando el FMI.
—Uno de los debates que tenemos en la actualidad es el referente al «dumpin» fiscal, con comunidades como Madrid en el ojo del huracán.
—Madrid digamos que está a la cabeza, pero en Galicia ahora plantean una bonificación del impuesto patrimonio del 25 % que va también en esa línea. Es cierto que en Madrid está bonificado al 100 % y que se dejan de recaudar casi 1.000 millones de euros como consecuencia de esa bonificación. Es una cantidad importante cuando, por otro lado, Madrid está pidiendo al Estado que incremente sus aportaciones. Es un tema de corresponsabilidad fiscal que hay que resolver. Las comunidades autónomas no deben hacer ese ejercicio que, desde nuestro punto de vista, es de irresponsabilidad fiscal si no precisamente el de corresponsabilidad fiscal que supone gravar a sus ciudadanos con los términos necesarios para garantizar el mantenimiento la prestación de los servicios públicos. No parece que el mantenimiento de la bonificación que se va a aprobar en Galicia vaya en la línea con lo que recomiendan el FMI o la OCDE. En definitiva, se trata de que las personas que han sufrido en menor medida la crisis derivada del covid aporten en mayor medida para la salida de esta situación. No parece que esa política de bajar impuestos de manera generalizada que se está aplicando en algunas comunidades autónomas esté en línea con la posición que se plantea a nivel internacional.
—Estos días se ha vuelto a producir un nuevo escándalo con los papeles de Pandora. Desde Gestha llevan tiempo advirtiendo de que necesitan más medios. ¿Qué hay que hacer para evitar que dentro de dos años vuelva a salir otro escándalo?
—Es un problema global por lo que es necesario adoptar decisiones más eficientes por lo menos a nivel de la UE. Hemos podido comprobar que la elaboración de la lista de paraísos fiscales es un fiasco. De hecho, dos días antes de la salida de los papeles de Pandora se habían eliminado de esa lista algunos de los países que más involucrados estaban en esta cuestión. Es descorazonador ver que falta voluntad política a nivel global para enfrentarnos al problema de los paraísos fiscales. Y a nivel nacional creemos que hace falta un mayor esfuerzo. Los ciudadanos no podemos acostumbrarnos y ver como una cosa habitual que aparezcan cada cierto tiempo estas informaciones. Hay que cambiar la dinámica de la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias y desplazar la lupa más hacia los grandes defraudadores. Para eso hace falta modificar procedimientos, la organización, dotar de más medios humanos y materiales a las Administraciones tributarias y tener esa voluntad para modificar la normativa que permite que se den estas situaciones.