En la futura prestación, hasta 180 euros inferior, no se tendrán en cuenta los hijos
20 nov 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Una de las medidas estrella que incluye el Gobierno en la propuesta para la contrarreforma laboral que negocia con los interlocutores sociales son los nuevos ERTE, que pasarán ahora a denominarse Mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo. Nuevo nombre, aunque el objetivo es el mismo: evitar que, tal y como viene siendo habitual, las empresas recurran a los despidos ante una crisis económicas o situaciones puntuales de baja demanda. Pero las condiciones cambian ligeramente respecto a las que tienen en la actualidad, tanto para las empresas como para los trabajadores.
La gran novedad para las personas que se vean afectadas por uno de estos nuevos ERTE es que la cuantía máxima que el Estado les abonará se rebajará a 1.302 euros al mes para el próximo año, ligeramente inferior al límite actual, que se sitúa en los 1.482 euros, según figura en el borrador presentado el pasado miércoles a sindicatos y patronal.
Esto se debe a que se crea una nueva prestación social, diferente a la protección por desempleo que han recibido hasta el momento los trabajadores en ERTE. La cuantía de esta prestación se establece en el 70 % de la base reguladora, como ahora, pero el Gobierno fija un importe máximo que será el equivalente al 225 % del indicador público de rentas de efectos múltiples (Iprem), que el año que viene se elevará hasta los 579,02 euros mensuales. A diferencia de la prestación por desempleo, que en este 2021 tiene unos topes que se sitúan entre los 1.153 euros y los 1.482 euros en función de los hijos que se tengan, las responsabilidades familiares no se tendrán en cuenta en la prestación de los nuevos ERTE, lo que puede suponer un recorte de 180 euros al mes.
Compatible con un empleo
Esta prestación será compatible con la realización de otro trabajo a tiempo parcial, sin que se deduzca de su cuantía la parte proporcional al tiempo trabajado, y su duración se extenderá hasta finalizar el período de referencia del mecanismo.
Aunque se reduce el importe máximo de la prestación pública, en su propuesta el Gobierno plantea que esta sea completada por la empresa, de forma que esta pague a sus trabajadores el primer mes el «importe íntegro equivalente a sus retribuciones salariales» y que en los meses sucesivos les compense hasta igualar la remuneración que reciben cuando están en activo. El Ejecutivo sí mantiene en los nuevos ERTE lo que se denomina contador a cero, es decir, que el tiempo de percepción del subsidio no se considerará como consumido en futuros accesos a la protección por desempleo. Sin embargo, un derecho que sí perderán los afectados es que el período en el que estén adscritos al mecanismo RED no se considerará como cotizado y, por tanto, no computará de cara a la pensión o a futuras prestaciones.
Cabe destacar, no obstante, que el documento presentado ha suscitado un profundo rechazo tanto por parte de la patronal como de los sindicatos, que llegaron a calificar la propuesta de «intervencionista» e «inasumible». Por ello el Gobierno se ha comprometido a presentar otro texto nuevo, en el que previsiblemente se modificará el que la empresa tenga que abonar al trabajador el primer mes de salario y compensarle en los siguientes. De igual manera, los sindicatos exigirán que no se arrebaten derechos a los trabajadores afectados, por lo que pedirán que el período que dure el ERTE —un máximo de dos años— compute como cotizado.
A la espera de esta nueva propuesta, que sí es previsible que mantenga la obligación de las empresas de conservar el empleo de toda la plantilla durante seis meses así como la prohibición de hacer horas extras y externalizar actividades, la reunión sobre reforma laboral celebrada ayer se centró en el contrato formativo. La duración del mismo, que el Gobierno ha fijado entre tres meses y dos años, es objeto de discusión, así como el salario y la protección social. La CEOE rechaza que las empresas paguen las cotizaciones por desempleo de estos trabajadores y que estos cobren el salario mínimo por convenio, puntos irrenunciables para el Gobierno.
La Inspección de Trabajo transforma en indefinidos más de 300.000 contratos eventuales
A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dio cuenta de que la Inspección de Trabajo ha conseguido transformar más de 300.000 contratos temporales en indefinidos en lo que va de año. «El trabajo contra la temporalidad es un objetivo de país. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para reducirla al máximo y que la prioridad sea el contrato estable», destacó la ministra en su mensaje en la red social.
El Gobierno se ha propuesto reducir las tasas de temporalidad en España y limitar los contratos de este tipo a causas muy justificadas. Es uno de los puntos centrales en las negociaciones sobre la reforma laboral que mantienen el Ejecutivo, los sindicatos y la patronal y en las que se esperan cambios sobre la contratación.
La reforma deberá aparecer en el Boletín Oficial del Estado antes del 31 de diciembre, que es la fecha límite comprometida por el Gobierno con la Comisión Europea para desbloquear futuros pagos de los fondos europeos.
En ese contexto, el Consejo de Ministros aprobó el martes el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social 2021-2023 para modernizar la Inspección de Trabajo, a través del uso del big data y la tecnología. La ministra señaló entonces que se había logrado dar de alta en la Seguridad Social 50.191 empleos irregulares en el último año.
El organismo incrementó «en un 353 % su actividad en escasos meses», según apuntó Díaz, que reveló que se incoaron 44.393 expedientes de revisión relativos a empresas en ERTE. De los 35.190 controles ejecutados, 5.832 acabaron con propuesta de sanción.
