Bruselas ve fundamental que los cambios en el mercado de trabajo y en las pensiones estén respaldados por los agentes sociales
16 nov 2021 . Actualizado a las 19:09 h.Se avecina un fin de año caliente. El Gobierno ha vuelto a recibir un no de la CEOE después de descolgarse de la última subida del salario mínimo. Pero este rechazo al nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) es incluso más relevante, puesto que el pasado mes de julio se había alcanzado un pacto para la primera fase de la reforma de las pensiones que ahora ha saltado por los aires. Además, desde la Comisión Europea ven fundamental que el Ejecutivo cuente con el respaldo de los agentes sociales en dos reformas claves como son la laboral y la de las pensiones. En juego está la llegada de los fondos europeos.
Este ambiente de tensión en el diálogo social complica aún más un acuerdo para la contrarreforma laboral que ya de por sí se antojaba difícil. No obstante, el Gobierno descarta que esta negativa de la patronal pueda interferir en las negociaciones abiertas en torno a este tema, precisamente en la semana en que se intensifican con dos reuniones semanales en lugar de una. Así lo aseguraron ayer tanto el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. «No, no tengo esa impresión», apuntó Escrivá, que precisó que tienen con la patronal un «diálogo muy abierto». «El reto de transformación del mercado laboral es muy alto, complejo, pero no es imposible», vaticinó Díaz, que precisó que el problema está en la temporalidad.
El ministro de la Seguridad Social trató de quitar hierro a esta negativa de la patronal que, a su juicio, responde a intereses empresariales. Por el contrario, Escrivá subrayó que el Gobierno debe defender los intereses generales. «Todo el mundo debe entender que el estado de bienestar hay que pagarlo», explicó. E insistió de nuevo en que los empresarios no presentaron una propuesta alternativa al nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que —resaltó— supone una subida de cotizaciones «extraordinariamente moderada», de unos 10 euros al mes, que es «algo bastante manejable y asumible».
También Escrivá rechazó «rotundamente» que esta subida de cuotas vaya a suponer una traba al empleo, tal y como advierten los empresarios. «Rotundamente no, no estamos creando ningún problema de creación de empleo», defendió.
«Tendrá efectos colaterales»
Desde la patronal, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, considera un «error» que «se trivialice» la subida de cotizaciones alegando que son «cantidades minúsculas», ya que, a su juicio, «tendrá efectos colaterales», puesto que «pone barreras» al mercado laboral. Para Cuerva, el Gobierno ha escogido «el camino fácil» y ha optado por «apretar más» a las empresas y ponerles «más palos en las ruedas», dando una solución «cortoplacista» al problema. «Pasarán días o meses y habrá medidas adicionales que hoy, por algún motivo, no se están exponiendo desde el ministerio», auguró.
Sin embargo, desde la patronal inciden en que no abandonarán en ningún caso el diálogo social y hoy mismo volverán a sentarse en la mesa que abordará la contrarreforma laboral cuando quedan ya menos de quince días para que termine el plazo acordado para llegar a un acuerdo.
El ahorro para el sistema, ni la mitad que el del anterior factor de sostenibilidad
El Gobierno maneja unas previsiones más optimistas que otros expertos, incluidos los sindicatos, y estima que el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional conseguirá llenar la hucha de las pensiones con 50.000 millones de euros, teniendo en cuenta las aportaciones de empresas y trabajadores y la rentabilidad que se pueda obtener por el dinero depositado en ese fondo de reserva, una media del 5 % anual, según las optimistas previsiones del departamento de Escrivá.
Pero la cuestión es, ¿qué ahorro se habría obtenido con el derogado factor de sostenibilidad de la reforma del 2013? Pues sería más del doble. Así, en un horizonte de cinco años y tomando como escenario base una inflación del 1,5 %, la aplicación del factor de sostenibilidad de la reforma del PP (que reducía el importe de las nuevas pensiones de acuerdo al avance de la esperanza de vida) conllevaría una reducción del déficit de 35.000 millones. Por el contrario, el recorte total del déficit que se consigue con el MEI en cinco años, en este caso actuando por la vía de los ingresos y no del gasto, sería de unos 15.000 millones, menos de la mitad, según estimaciones realizadas por Funcas.
En cualquier caso, el diseño del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional deja abierta la puerta a que, a partir del 2033, se puedan abordar recortes de las prestaciones o nuevas subidas de las cuotas si el importe acumulado para entonces en la hucha de las pensiones es insuficiente para cubrir el sobrecoste del retiro de la generación del baby boom.