El comité de As Pontes acusa a la dirección de improvisar con su plantilla
27 oct 2021 . Actualizado a las 05:00 h.La última vez que la terminal descargadora de Endesa en el puerto exterior de Ferrol recibió carbón fue en julio del 2019. Dos años y tres meses después, esta situación esta a punto de cambiar. Está previsto que la eléctrica propiedad del grupo italiano Enel reciba mañana un cargamento de 20.000 toneladas que, junto con las 40.000 que tiene apiladas en sus instalaciones de la antigua villa minera, servirán para arrancar la central térmica pontesa, cuando el operador del sistema, Red Eléctrica Española, así lo establezca.
Endesa ha ido variando su planificación de llegada de los buques, en un mercado, el del suministro del mineral, muy volátil, debido al gran tirón que están experimentando países con grandes consumos, como China, aunque prevé que otro navío pueda llegar en diciembre.
La escalada de los precios de la electricidad ha vuelto a poner el foco en instalaciones, como la pontesa, que producirán energía a costes más competitivos que las que usan otras fuentes de generación. Si no hay cambios significativos, a mediados de noviembre podría encenderse uno de los grupos de la térmica y comenzar a dar salida a la producción hacia el tendido nacional.
Pero los preparativos para la reactivación de la planta no solo se centran en el ámbito de los aprovisionamientos. La empresa inició contactos hace ya semanas con trabajadores que tiene desplazados en otros lugares y que ahora necesita para operar las instalaciones. La plantilla actual de la central ronda las 40 personas, pero precisa de una veintena más para arrancar los grupos. De ahí que haya requerido el regreso de empleados que pertenecían a la central pero se encuentran en otros destinos, tras el proceso de reestructuración llevado a cabo, de forma pareja al plan de cierre de la planta.
En este sentido, el comité de empresa de Endesa As Pontes acusó ayer a la empresa eléctrica de mostrar «unha total improvisación e indiferenza cara ao seu maior activo: o persoal», tanto el de la térmica como el de la descargadora de mineral del puerto exterior ferrolano. Los portavoces de la plantilla insisten en que han venido demandando el mantenimiento de las instalaciones de la antigua villa minera, debido al contexto energético mundial. «Faise evidente que non temos substitutos para as centrais que se pretenden pechar», afirman, al mismo tiempo que inciden en los errores en los que ha incurrido la eléctrica.
En este sentido, afirman que, inicialmente, se llevaron a cabo un gran número de desplazamientos «innecesarios, cando non susceptibles de ser irregulares, que provocaron situacións dramáticas en familias da comarca chegando, nalgúns casos, a deixar a empresa».
Modificar los turnos
Solo dos meses después, parte de ese personal está siendo requerido y, en la central, «nun intento totalmente improvisado, pretenden modificar o calendario da quenda para os dous meses -o que unilateralmente estiman que pode durar esta situación- coas consecuencias na conciliación laboral e familiar do persoal de operación, que a multinacional non quere completar na quenda malia que é imprescindible para dar cumprimento á normativa laboral e lexislación vixente».
Por ello, el comité de empresa reclama la intervención de las Administraciones, que insisten en que la transición energética debe ser justa.
No obstante, los sindicatos dejan claro su apoyo a los proyectos presentados por Endesa como alternativos al futuro cierre de la térmica, que está tramitándose desde finales del 2019 en un proceso que aún no ha culminado. Reivindican, una vez más, el papel protagonista de los trabajadores, tanto directos como auxiliares. «Somos o maior activo da central térmica, xa que grazas á nosa responsabilidade e profesionalidade contribuímos a que a empresa lograse satisfactoriamente a totalidade dos obxectivos e a resolver as situacións imprevistas que en varias décadas de historia e funcionamento se foron producindo sen consecuencias». Endesa recuerda que los traslados de personal fueron pactados con la parte social y están incluidos en el pacto de recolocaciones, que cuenta con una comisión para dirimir las posibles discrepancias.