La Xunta no admitirá nuevos proyectos de parques eólicos durante año y medio
ECONOMÍA
Desde enero aplicará una moratoria para seguir tramitando 275 expedientes que suman 7.200 megavatios, casi el doble de los instalados en la actualidad
20 oct 2021 . Actualizado a las 16:55 h.La ley de acompañamiento de los presupuestos de la Xunta para el 2022 -que llega al Parlamento este miércoles, junto con las cuentas- incorporará una moratoria para la admisión de nuevos proyectos de parques eólicos durante año y medio. Así, entre el 1 de enero del 2022 y el 1 de julio del 2023, cerrará el registro autonómico a través del cual se canalizan las solicitudes y, por tanto, los promotores no podrán introducir más expedientes. Ya hay más que suficientes. El vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde, explicó que han tomado esa decisión -que convierte a Galicia en la primera comunidad en hacerlo- para racionalizar y poner orden en lo que calificó de «locura administrativa» provocada por una «explosión de proyectos» eólicos. Así, la Xunta dejará de admitir proyectos nuevos precisamente para seguir gestionando la friolera de 7.200 megavatios admitidos a trámite, esto es, que han pasado un primer cribado formal: que los molinos estén dentro del plan sectorial eólico, que no toquen Red Natura y que tengan punto de acceso y conexión. Esa potencia instalada es casi el doble de la que está actualmente en operación en Galicia (unos 4.000 megavatios) y se articulará en 275 parques nuevos (frente a los 185 ya en funcionamiento).
La moratoria «no paraliza el sector ni el desarrollo eólico en Galicia», según Conde, quien aclaró que, al contrario, ese parón les permitirá analizar con calma los proyectos presentados para darles curso o rechazarlos si no superan todas las fases administrativas. También destacó que, con ese movimiento, «intentamos frenar posibles movimientos especulativos» que la Xunta ya ha empezado a detectar en algunos promotores. Como que los proyectos lleguen a información pública, pero no se tramiten, entre otros.
Caducidad de los accesos
La moratoria se adopta en un momento crítico para el sector. Para construir un parque eólico es preciso contar con un permiso de acceso y conexión a través del cual evacuar la producción a la red. Miles de promotores los tienen, lo que les sirve para adquirir un derecho, pero no ejecutan los proyectos. Ni comen ni dejan comer, pues impiden que otros planifiquen nada en esa zona. Para desatascar esos expedientes o liberar accesos, el Ministerio para la Transición Ecológica impuso hace unos meses unos plazos, de modo que aquellos parques que en abril del 2022 no dispongan de la declaración de impacto ambiental (DIA) se quedarán sin permisos de conexión a la red. De ahí viene buena parte del caos administrativo, pues cientos de promotores se han lanzado de golpe a tramitar sus proyectos, dormidos durante años, para conseguir la DIA.
El conselleiro de Economía aclaró que, de esos 7.200 megavatios eólicos admitidos a trámite por la Xunta, hay 640 autorizados y solo 1.733 han superado la fase de información pública, paso previo a la vital declaración de impacto ambiental, que marca el punto de inflexión a partir del cual se considera que un parque se va a construir. Es decir, que la inmensa mayoría de los proyectos no están lo suficientemente maduros y, por tanto, es previsible que no lleguen a tiempo para conservar los permisos de acceso y conexión. Ni siquiera aunque la Xunta pise a fondo el acelerador administrativo.
Francisco Conde subrayó que han contratado a 48 trabajadores interinos para que se dediquen únicamente a los expedientes eólicos. «Tenemos la tranquilidad de que no hay ningún parque que se esté dejando de tramitar por falta de personal», manifestó el conselleiro, quien incidió en que todos los proyectos tienen que superar unas fases ineludibles que no se pueden saltar para cumplir los plazos de los promotores. «El Gobierno [central] ha agitado esa ansiedad, ha creado una alarma que nos ha tocado gestionar», resumió.
Aunque Conde señaló que no temía denuncias contra la Xunta, sí admitió que algunos promotores, cuando se queden sin acceso y conexión para sus proyectos, podrían reclamar responsabilidad patrimonial al ministerio.
Conde también aclaró que la Xunta concederá un año de margen a esos proyectos sin permisos de acceso a la red para acordar la caducidad del expediente.
Excepciones
El vicepresidente segundo presentó este martes por la tarde las nuevas medidas a la patronal del sector, que todavía no ha reaccionado. Conde reconoció que le preocupaba que los empresarios se lo tomaran como un bloqueo al desarrollo de nuevos parques, cuando se trata, explicó, de ordenar la implantación de molinos.
Aunque se establece ese período de año y medio durante el cual no se admitirán más proyectos de molinos de viento, la ley incluirá excepciones. Francisco Conde destacó que se aplicarán para proyectos de especial incidencia territorial desde el punto de vista económico o de empleo; también se podría reabrir temporalmente el registro eólico si se produce una caída significativa de los megavatios en tramitación, tras la criba que se producirá a partir de abril.
Los molinos de 200 metros, a un kilómetro de las casas
La ley de acompañamiento de los presupuestos de la Xunta para el 2022 incluirá una modificación de la distancia que deben guardar los molinos de las viviendas, para alejarlos. En la actualidad, está fijada en 500 metros, pero la nueva normativa la condicionará a la altura de los molinos, con las aspas incluidas. Así, según avanzó Francisco Conde, los aerogeneradores tendrán que estar a una distancia que suponga multiplicar por cinco las dimensiones del aparato. Así, los nuevos alcanzan los 200 metros de alto, con lo cual, tendrán que colocarse a un kilómetro de los núcleos habitados. La envergadura de los nuevos molinos de viento y su cercanía con las casas es uno de los principales argumentos que esgrimen las cada vez más numerosas plataformas vecinales que se están movilizando por toda Galicia contra los cada vez más grandes aerogeneradores. «Hay contestación social, por eso queremos generar confianza en que lo que se tramita lo hace conforme a la normativa y darle coherencia a la apuesta por las renovables», reconoció Conde.
El conselleiro aclaró que en el plan sectorial eólico se establecieron los 500 metros de distancia por el ruido de las aspas de unos aparatos que entonces medían 90 metros de alto. Pero, en su opinión, tras la evolución tecnológica de los aerogeneradores, ese ya no es el problema, sino, sobre todo, el impacto visual.
Reunión con Ribera
Conde acompañará este jueves al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, a una reunión oficial con la ministra Teresa Ribera. El conselleiro avanzó que una de sus grandes reivindicaciones será un precio eléctrico competitivo para la industria: «Muchas nos están diciendo que no aguantarán en el 2022».
