Compensar a los pensionistas en enero por la desviación de la inflación costará 1.900 millones

A. BALSEIRO MADRID / LA VOZ

ECONOMÍA

Jesús Hellín | Europa Press

Escrivá defiende la reducción de la aportación máxima a los planes individuales de pensiones porque potenciará los de empresa

15 oct 2021 . Actualizado a las 09:30 h.

El mismo día que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmaba que los precios se dispararon en septiembre un 4 % interanual, espoleados principalmente por el coste desenfrenado de la luz, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ponía cifra a la factura que la subida de la inflación supondrá para las arcas públicas, ya que en enero tendrá que compensar a los pensionistas por la desviación para que no pierdan poder adquisitivo. Serán unos 1.900 millones de euros adicionales para un IPC que el ministro estimó en el 2,35 %.

Para saber la cifra definitiva habrá que esperar a noviembre, ya que con la última reforma del sistema de pensiones, la revalorización anual de las prestaciones vuelve a hacerse con el IPC, en concreto con la inflación media de los últimos doce meses tomados noviembre sobre noviembre.

Cabe recordar que este año las pensiones -según lo recogido en los Presupuestos del 2021- subieron un 0,9 %, de modo que en enero deberá compensarse a los jubilados por la diferencia que los precios hayan acumulado realmente, y que el Gobierno estima entre el 2,2 y el 2,3 %.

Será la última «paguilla»

Será la última paguilla que los pensionistas recibirán, puesto que a partir de ahora la revisión en función de la inflación se hará sobre la del año anterior y no sobre la estimación de los meses posteriores. El ministro también confirmó que las pensiones contributivas subirán «algo más del 2 %», dado el comportamiento alcista del IPC.

Sin embargo, los gastos añadidos no serán impedimento -según las previsiones presentadas ayer por el departamento de Escrivá- para avanzar en la senda que llevará a la Seguridad Social al equilibrio presupuestario en el 2023, al final de la legislatura.

El ministro explicó que tal situación será posible en los próximos dos años gracias al buen comportamiento de los ingresos por cotizaciones sociales -cerrarán este año por encima de las cifras previas a la pandemia y el próximo se espera que crezcan un 7 %, hasta niveles récord, rebasando los 136.000 millones de euros-, junto con las aportaciones del Estado, que supondrán la culminación de la asunción de los gastos impropios del sistema. Asimismo, avanzó que la previsión del Gobierno es que el gasto en pensiones sobre PIB se estabilice en los próximos años y a medio plazo se mantenga en torno al 12 %.

Plan de pensiones, de empresa

Al respecto de una de las pocas novedades tributarias que incluyen las cuentas del Estado para el próximo año -la bajada a 1.500 euros de la aportación máxima anual deducible a los planes de pensiones individuales- Escrivá defendió la medida, argumentando que está orientada «a potenciar los planes de empleo» de las empresas y que, además, supone cumplir una de las recomendaciones del Pacto de Toledo.

De hecho, el ministro recordó que tanto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) como la Comisión Europea han alertado de que los beneficios fiscales de los planes individuales son regresivos, ya que benefician a las rentas más altas y no a las medias y bajas, como deberían, por lo que no cumplen el objetivo para el que estaban pensados.

Por ello, defendió fomentar los planes de empresa, que sirvan «genuinamente para generar ahorro a medio plazo», y se mostró confiado en que la reducción de las aportaciones hará que la industria «vaya desplazándose a planes colectivos en lugar de individuales».