Los nuevos ERTE: una herramienta para destapar el fraude en las empresas
ECONOMÍA
Negocios que rechacen actividades formativas tendrán la mitad de exenciones
29 sep 2021 . Actualizado a las 16:28 h.El 48 % de los 40.000 trabajadores del comercio mayorista y minorista que siguen en ERTE en España lo están por fuerza mayor. Son cifras que no le encajan ni al Gobierno ni a los sindicatos. Con las restricciones a la movilidad ya levantadas y sin estado de alarma, muchos de los negocios deberían haber recobrado la actividad y la facturación. Lo mismo ocurre con otros sectores, como el de la hostelería que, a pesar de solicitar mano de obra, a finales de agosto todavía tenía a 65.373 trabajadores en suspensión temporal, y no todos en el mundo del ocio nocturno. «Algo huele raro», llegó a decir el secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO.), Unai Sordo.
A nadie se le escapa que, detrás de estas estadísticas, hay fraude. Un fraude al que el Ejecutivo puso cifras el pasado mes de junio: desde que estalló la pandemia se abrieron en España 39.136 procedimientos, se sancionó a 5.500 empresas y se impusieron multas por un valor total de 26 millones de euros. En el caso de Galicia, los expedientes ascendieron a 2.492, se sancionó a 414 compañías y se impusieron multas por casi dos millones de euros, aunque fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que las cifras son más abultadas si se contabilizan los meses de julio y agosto.
Para evitar que empresas que no necesitan mantener a sus plantillas en ERTE abusen del sistema de protección, el Consejo de Ministros aprobó ayer un cambio en las reglas de juego: no habrá prórrogas automáticas más allá del 31 de octubre -hasta entonces se mantienen las condiciones actuales-. Todos los negocios que quieran mantener el escudo de los ERTE a partir del 1 de noviembre hasta el 28 de febrero del 2022 deberán solicitarlo ante la Autoridad Laboral entre el día 1 y el 15 de octubre, presentando el listado de horas o días de trabajo suspendidos o reducidos desde el mes de julio del 2021. La Administración dispondrá de diez días hábiles para decidir si deniega la solicitud. Si no hay noticias de sus oficinas, se dará por autorizado.
¿Qué buscan el Gobierno y los sindicatos con esta medida? Tratar de ajustar el gasto público que se destina a la protección del empleo y evitar que las empresas, aprovechando hasta ahora las prórrogas automáticas y los escasos recursos humanos de la Inspección de Trabajo, sigan beneficiándose de este escudo de forma irregular: ya sea porque han recuperado la facturación, porque están inactivas, porque tienen a los empleados trabajando y percibiendo el paro o porque los han sustituido por otros que cobran menos.
El Gobierno espera poder detectar -a través de las solicitudes activas- a las empresas que estarían cometiendo fraude. Y es que, con el actual modelo, la Administración está desbordada: «Parece razonable revisar de alguna manera estos ERTE que llevan tanto tiempo y que no tienen lógica económica», deslizó Sordo en las negociaciones.
Exoneraciones condicionadas
Una de las cuestiones que han provocado más roces entre los agentes sociales son las exoneraciones condicionadas a la formación de los trabajadores. El Gobierno ha ofrecido ERTE de impedimento con rebajas en las cotizaciones sociales del 100 % y ERTE de limitación de actividad -la firma se ve obligada a adaptarse a restricciones horarias, de movimiento o aforo impuestas- con exenciones del 40 % para empresas de más de diez trabajadores que no ofrezcan formación y del 80 % si lo hacen. Para las empresas más pequeñas, de menos de diez trabajadores, estas exoneraciones alcanzarían el 50 % sin formación y el 80 % con formación, según confirmó ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Para poder acogerse a estas exenciones, las empresas tendrían que dedicar 30 horas a acciones formativas -firmas de 10 a 49 trabajadores- y 40 horas en las que tengan plantillas con más de 50 trabajadores.
Formación subvencionada
La gran incógnita que quedaba por resolver es quién se haría cargo de los costes formativos y el Gobierno anunció ayer que subvencionará «el grueso» del coste. Las empresas de 1 a 9 trabajadores recibirán 160 euros por persona. Las que tengan plantillas de 10 a 49 empleados tendrán derecho a 240 euros. Por encima de los 50 empleados, la cifra ascenderá a 320 euros.
Las empresas que se acojan a estos ERTE formativos pasarán a estar cubiertos más adelante por la nueva reforma laboral -su aprobación está prevista para antes de fin de año, según Díaz-, que incorporarán el componente formativo como elemento estructural del escudo social.
Las exenciones de los autónomos pasarán del 90 al 25 % en febrero
Otra de las dudas que despejó ayer el Ejecutivo tiene que ver con el llamado «contador a cero», esto es, el momento a partir del cual un trabajador en ERTE comienza a consumir días de paro de su prestación a futuro. El Gobierno ha ampliado su vigencia hasta el 1 de enero del 2023.
Los trabajadores que se encuentren suspendidos temporalmente percibirán el 70 % de la base reguladora cuando hayan consumido 180 días. También se mantendrán los beneficios a los trabajadores a tiempo parcial que estén en ERTE y la prestación extraordinaria para los fijo discontinuos.
De igual modo, se prorrogan los límites al reparto de dividendos, la prohibición de despido y el compromiso de mantenimiento del empleo durante los seis meses posteriores a la desactivación del ERTE.
¿Qué hay de los autónomos? El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social estima que unos 226.000 trabajadores por cuenta propia podrán optar a cuatro modalidades de protección -una por mes de duración- en forma de exoneraciones en sus cuotas. En octubre alcanzarán el 90 %, en noviembre se reducirán al 75 % para pasar el 50 % en diciembre y acabar en el 25 % en enero del 2022.
Quienes continúen con una suspensión temporal de toda su actividad debido a restricciones impuestas por las autoridades podrán mantener su prestación, equivalente al 70 % de la base mínima de cotización. Quedarán exentos de pagar las cuotas a la Seguridad Social, aunque ese período contará como cotizado.
¿Y si no son capaces de recuperar la facturación aun sin restricciones? Seguirán vigentes las ayudas para autónomos que se anoten caídas en los ingresos de un mínimo del 50 % en el último semestre del 2021 en comparación con el mismo período del 2019.
Prestación extraordinaria
Para quienes no puedan acceder a las dos ayudas anteriores y registre caída de ingresos del 75 %, estará disponible la prestación extraordinaria. Cubre el 50 % de la base mínima de cotización y el autónomo no estará obligado a pagar las cuotas. El tiempo que perciba la ayuda contará como tiempo cotizado.
La prórroga hasta febrero tendrá un coste de 1.200 millones para la Seguridad Social
Mantener desplegado el paraguas de los ERTE y las ayudas a los autónomos durante cinco meses más supondrá un gasto extra de 1.200 millones de euros solo para la Seguridad Social, por la rebaja de cuotas sociales a las empresas y emprendedores afectados y el pago de prestaciones a los trabajadores por cuenta propia. A esta cifra habría que sumar la nómina de las prestaciones por desempleo de los asalariados con el empleo regulado, que pese a estar muy lejos de los casi 5.000 millones mensuales que se pagaron en el pico de la pandemia, sigue suponiendo un gasto extra cercano a los 400 millones (393, según explicó ayer la ministra de Trabajo).
Tanto Escrivá como Díaz dejaron claro que el nuevo modelo de los expedientes de regulación temporal de empleo será la base sobre la que se diseñará el mecanismo permanente de ajuste de empleo que se aprobará junto a la reforma laboral y recogerá dos tipos de ERTE: uno estructural, para atender a crisis concretas de empresas o sectores, y otros cíclicos para atender situaciones generalizadas de crisis económica.
En ambos casos, se exigirá a las empresas acogidas al mecanismo de flexibilidad interna la formación de los empleados afectados (también a las que ahora se acojan a la prórroga de los ERTE, si aún lo mantienen cuando se apruebe la reforma laboral), para facilitar su recolocación y evitar que caigan en desempleo. Para lograr este objetivo, el Gobierno valora incluso ofrecer incentivos a las empresas que contraten trabajadores que estén en ERTE en otra compañía. De hecho, durante esta negociación se debatió la posibilidad de que el Fondo de Garantía Salarial se hiciese cargo del coste de mantener la antigüedad de las personas que cambiasen de empresa, aunque la medida no figura entre las acordadas en la última prórroga.
