Exigen un extra de 1.380 euros en el 2022 para compensar el IPC y los recortes
24 sep 2021 . Actualizado a las 09:38 h.Ganan más que la media de los trabajadores españoles, tienen un gran poder negociador, pero también han sufrido los rigores de la última crisis. Los casi tres millones de empleados públicos que hay en España evocan los años de recorte y congelación salarial para reclamar doce años después, tras una larga pandemia y con los precios al alza (3,3 %), que se les devuelva el poder adquisitivo arrebatado.
El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha hecho públicos los planes del sindicato de cara a las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado para el 2022: los funcionarios exigen una subida salarial paralela a la inflación y un alza extra del 1,5 % para ese año y el 2023, con el fin de recuperar el poder de compra que perdieron con la crisis. A esta demanda habría que sumar, según fuentes del sindicato, una paguilla extra para remendar el agujero que dejará el IPC en sus rentas del 2021. Mientras sus salarios crecieron un 0,9 %, los precios (un 3,3 % más altos) podrían cerrar el año con subidas del 1,9 %, como mínimo.
Coste de 6.181 millones
Atender a todas estas demandas exigiría desembolsar en el 2022 hasta 10.114 millones de euros de las arcas del Estado -si el IPC se mantiene en el entorno del 3,3 %- y un mínimo de 6.181 millones si se cumple la previsión del Ejecutivo y los precios se relajan en el último tramo del año hasta el 1,9 %.
Tanto funcionarios de carrera como el resto de los trabajadores públicos se embolsarían una paga extra adicional de 1.380 euros de media al año como mínimo -tomando como referencia el salario medio del colectivo en España- y podrían llegar a ingresar hasta 2.250 euros más si el IPC se mantiene en el 3,3 %.
Una brecha de 6.695 euros
Si bien es cierto que los funcionarios perdieron poder adquisitivo durante la crisis, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a que también son los trabajadores más privilegiados.
En los últimos doce años sus ganancias medias anuales crecieron en 3.500 euros, frente a los 2.507 euros del resto de los trabajadores. Y antes de la pandemia, la brecha entre los dos colectivos se situaba en los 6.695 euros. Las diferencias se agrandan al pasar la lupa por los sectores. Los empleados españoles en la construcción y en los servicios apenas vieron cómo sus ganancias aumentaban desde el 2009 en 1.014 y 1.674 euros respectivamente. Solo los trabajadores de la industria pueden sacar pecho: superaron a los funcionarios, engrosando sus rentas en 3.621 euros anuales.
Desde el final de la crisis financiera, las ganancias de los funcionarios han ido creciendo a un mayor ritmo que las de sus pares en el sector privado, una tendencia que cobró aún más fuerza con el cambio de Gobierno en el 2018. Ese año, los funcionarios se anotaron un 2,79 % más que el año anterior. El resto de los empleados se tuvieron que conformar con aumentar un 1,53 % sus ganancias. De igual modo, en el 2019, antes del estallido de la pandemia, las rentas de los trabajadores públicos despuntaron un 4,25 %, frente al 1,61 % de la media de los trabajadores.
Desde abril del 2021, los salarios firmados en convenio colectivo han anotado subidas por debajo de la inflación y solo 846.686 de un total de 5,2 millones de trabajadores cubiertos por estos acuerdos tienen garantías de que sus sueldos se vincularán al IPC.
Seis años de subidas salariales que no han servido para revertir el tijeretazo de la última crisis
Una de las denuncias que hace el sindicato de trabajadores públicos CSIF es que el poder de compra de sus salarios -ajustados a la evolución del IPC-todavía están un 10 % por debajo del umbral del 2010, cuando el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero acometió el primer recorte de la historia (un 5 %) en los sueldos de los funcionarios. Once años después, y a pesar de encadenar seis de subidas consecutivas desde el 2016, no han logrado recuperar la capacidad adquisitiva de entonces. ¿Por qué? Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante los años en los que los salarios públicos se mantuvieron congelados -del 2011 al 2015-la cesta de la compra se disparó (al menos un 2,4 % y un 2,9 % en el 2011 y el 2012).
Solo a partir del 2018 los Ejecutivos aprobaron subidas salariales por encima del IPC para devolver de forma progresiva la capacidad adquisitiva que perdieron durante la crisis financiera. De hecho, ese mismo año se subieron los salarios públicos un 1,75 % (el IPC cerró en el 1,2 %). Un año más tarde el Ejecutivo aprobó otro alza del 2,5 %, mientras los precios apenas avanzaron un 0,8 %. Lo mismo ocurrió en el 2020. A pesar del cuantioso gasto público que tuvo que asumir el Estado para sufragar los ERTE y ceses de actividad, el colectivo vio cómo sus salarios se incrementaban un 2 %. Este año se anotaron otra subida del 0,9 % -para compensar la inflación prevista por el Gobierno-. Pero el IPC cerrará bastante más alto de lo previsto (1,9 % en las nuevas previsiones del Ejecutivo y un 3,3 % en la actualidad), por eso demandan una paguilla extra que cubra ese desfase del 2021, indexar los salarios a la inflación prevista para el 2022 y un 1,5 % adicional hasta el 2023 para recuperar el terreno perdido.
