El recorte de beneficios a las eléctricas amenaza con un nuevo frente legal

Cristina Porteiro
c. porteiro LA VOZ / REDACCIÓN

ECONOMÍA

Santi M. Amil

Los expertos creen que el cambio de reglas ahuyentará a los inversores

17 sep 2021 . Actualizado a las 09:12 h.

«Esto es ilegal 100 %. Les llevará cuatro o cinco años, pero si lo llevan a Luxemburgo, les acabarán devolviendo el dinero», asegura bajo anonimato uno de los muchos analistas que estos días se han llevado las manos a la cabeza tras ver cómo el Gobierno recortará hasta el 31 de marzo del 2022 unos 3.250 millones de euros de beneficios extraordinarios que obtienen las eléctricas al vender energía nuclear, eólica e hidroeléctrica -menos costosas- al mismo precio que la tecnología más cara, que necesita comprar gas -disparado en el mercado- y derechos de emisión de CO2, cuyos precios se han duplicado desde enero.

El Ejecutivo tomó esta decisión para abaratar la factura de la luz de los hogares en un momento de máxima tensión en el mercado eléctrico mayorista, con los precios del MWh pulverizando sus récord a diario. Sin embargo, los expertos consideran que se ha equivocado: «Es una medida temporal, no arregla el problema de fondo y genera inseguridad jurídica a los inversores», sostiene el profesor de OBS Business School y director de Eurocofin, Carlos Balado, quien no descarta la apertura de un frente legal: «Tanto inversores como accionistas podrían considerar la posibilidad de pedir responsabilidad patrimonial al Estado» por intervenir el mercado.

«Hay dudas legales al respecto, no está claro que la medida se pueda aplicar», confirma el experto en mercados energéticos y profesor de la Universidad de Zaragoza, José María Yusta. De considerarse ilegal, los españoles tendrían que volver a hacer frente dentro de unos años a un nuevo cargo en la factura, como ocurrió con el déficit de tarifa.