El recorte de beneficios a las eléctricas amenaza con un nuevo frente legal

Cristina Porteiro
c. porteiro LA VOZ / REDACCIÓN

ECONOMÍA

Santi M. Amil

Los expertos creen que el cambio de reglas ahuyentará a los inversores

17 sep 2021 . Actualizado a las 09:12 h.

«Esto es ilegal 100 %. Les llevará cuatro o cinco años, pero si lo llevan a Luxemburgo, les acabarán devolviendo el dinero», asegura bajo anonimato uno de los muchos analistas que estos días se han llevado las manos a la cabeza tras ver cómo el Gobierno recortará hasta el 31 de marzo del 2022 unos 3.250 millones de euros de beneficios extraordinarios que obtienen las eléctricas al vender energía nuclear, eólica e hidroeléctrica -menos costosas- al mismo precio que la tecnología más cara, que necesita comprar gas -disparado en el mercado- y derechos de emisión de CO2, cuyos precios se han duplicado desde enero.

El Ejecutivo tomó esta decisión para abaratar la factura de la luz de los hogares en un momento de máxima tensión en el mercado eléctrico mayorista, con los precios del MWh pulverizando sus récord a diario. Sin embargo, los expertos consideran que se ha equivocado: «Es una medida temporal, no arregla el problema de fondo y genera inseguridad jurídica a los inversores», sostiene el profesor de OBS Business School y director de Eurocofin, Carlos Balado, quien no descarta la apertura de un frente legal: «Tanto inversores como accionistas podrían considerar la posibilidad de pedir responsabilidad patrimonial al Estado» por intervenir el mercado.

«Hay dudas legales al respecto, no está claro que la medida se pueda aplicar», confirma el experto en mercados energéticos y profesor de la Universidad de Zaragoza, José María Yusta. De considerarse ilegal, los españoles tendrían que volver a hacer frente dentro de unos años a un nuevo cargo en la factura, como ocurrió con el déficit de tarifa.

El cambio en las reglas de juego a mitad de partido abre un nuevo escenario para las eléctricas, en desventaja con otras rivales. Todavía están analizando la letra pequeña del decreto, antes de tomar una decisión, según fuentes de Iberdrola, Naturgy y Endesa.

Inseguridad jurídica

La maniobra del Gobierno no solo mermará las cuentas de las compañías, que se anotaron pérdidas conjuntas de 2.340 millones de euros en bolsa el día que se anunciaron las medidas, también generará inseguridad jurídica entre los inversores extranjeros en un momento propicio para atraer liquidez del mercado: «Estas medidas no son aceptadas, generan dudas y sientan un precedente para todos los sectores de la economía. El inversor internacional lo tiene muy en cuenta», afirma Balado. De igual modo, Yusta se muestra preocupado por el daño reputacional: «No deja en buen lugar a España porque se plantean unas reglas del mercado y el Gobierno decide intervenir porque no le gusta el resultado».

Ruptura de contratos

Otra de las consecuencias que puede acarrear el recorte de beneficios decretado por el Gobierno es la ruptura de contratos en vigor. «Iberdrola está pensando en romper contratos que tienen sus plantas nucleares. Es lícito. Si te comprometes a algo y luego cambian las condiciones, en ese caso puedes ir a tu cliente y decir que ya no le puedes vender», explica un experto del sector. Sin embargo, esta es una práctica de la que ya se tenía constancia desde julio, según Yusta. En cuanto los precios se empezaron a disparar en el mercado mayorista, algunas empresas eléctricas optaron por extinguir de forma unilateral contratos y pagar indemnizaciones para poder vender esa energía más cara a otros clientes: «Conozco casos de empresas, grandes consumidores, a las que en julio les llegó un burofax de la comercializadora diciendo que estaba dispuesta a pagar la indemnización por lo que resta de contrato porque le salía mejor colocar esa energía a precio superior a otros consumidores», asegura. Se trata, no obstante, de una práctica legal.

Impacto en el precio

Cómo reaccionarán las grandes empresas generadoras y comercializadoras, es una incógnita. Tras la aprobación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, al que deberán contribuir para financiar las renovables, algunas como Iberdrola optaron por advertir en sus contratos que repercutirían cualquier medida en el precio del consumidor. Los expertos consultados aseguran que, en este caso, no podrían hacerlo de manera directa. En muchas ocasiones los precios ya están fijados y la producción vendida, aunque «en el momento en que la medida no se atiene a lo pactado, acabará afectando primero a los costes de la compañía y posteriormente al precio final», explica Balado.

Quiebras en el sector

Otro de los efectos colaterales que puede acarrear la crisis de precios es la quiebra de pequeñas comercializadoras. Trabajan con márgenes de beneficio mucho más pequeños. Los contratos cerrados hace meses con clientes a precios muy bajos les están obligando a asumir enormes pérdidas. Este contexto podría facilitar la concentración en el mercado y reducir la oferta. «Las grandes aprovecharán la coyuntura a su favor» para atraer a sus clientes y a los del mercado regulado porque el margen de beneficio que se obtiene con un consumidor doméstico oscila en el entorno de los 20 euros el MWh. Con un consumidor industrial apenas perciben entre 1 y 2 euros el MWh.

Preocupación en el sector de las renovables por un posible freno a su instalación

Parte de los beneficios de las eléctricas se reinvierten en la sustitución de tecnologías más contaminantes por renovables. El recorte de dividendos del gas y el CO2 podría suponer un frenazo al ritmo de instalación previsto para los próximos años y deteriorar la confianza de los inversores. Al menos, eso es lo que teme el sector eólico. El 21 % del parque, aseguran, se verá afectado negativamente: «La estabilidad regulatoria es una condición necesaria para la atracción de inversión al sector renovable en su conjunto.

En este caso, el real decreto puede suscitar diversas interpretaciones jurídicas en materia de derecho comunitario o sobre su rol de mecanismo de intervención de facto en el precio final de la electricidad», esgrime la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

Vender a pérdidas

Desde la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) han reclamado una rectificación inmediata alegando que la medida, que establece retribuciones máximas a cientos de instalaciones renovables, «afectará gravemente a su viabilidad» y pondrá en peligro inversiones previstas en el sector. ¿Por qué? Según explica la organización, hay numerosos proyectos eólicos y fotovoltaicos que ya tienen comprometidos contratos de compraventa de energía: «Hará que los propietarios o las contrapartes pierdan dinero con cada MWh inyectado en el la red. Las instalaciones renovables afectadas tendrán que vender a pérdidas, lo que podría llevar a los propietarios a tomar la decisión de paralizar temporalmente su actividad o denunciar los contratos, algo que podría incrementar aún más el precio del pool», advierten.