El Gobierno aprueba por decreto otro recorte fiscal directo del impuesto de electricidad y se queda con 3.200 millones de beneficios extra de las eléctricas por la venta de energía
14 sep 2021 . Actualizado a las 21:06 h.El Consejo de Ministros ha asestado por decreto un hachazo a la factura de la luz que pagan consumidores y empresas para evitar el efecto demoledor que puede tener en ella la escalada de precios mayoristas de la electricidad, que cabalgan de un máximo histórico a otro. El mercado vuelve a batir este miércoles todas las marcas al cotizar el megavatio hora generado a casi 173 euros. Bajo esa presión máxima, el Ministerio para la Transición Ecológica ha diseñado un plan de choque para frenar el golpe a las economías domésticas con el que prevé abaratar la factura mensual de los hogares un 22 % hasta fin de año, que será del 30 % si se le suma la rebaja en vigor del IVA, según avanzó la ministra Teresa Ribera. Lo hará, además, de forma inmediata, pues el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros entrará en vigor ya esta misma semana, una vez sea publicado en el Boletín Oficial del Estado.
¿Cómo se hará? Con recortes. Recortes fiscales directos, al desaparecer, casi del todo, el impuesto especial de electricidad que grava el suministro con un 5,11 % y que pasará al 0,5 %, el mínimo permitido por Bruselas, según el Gobierno. Para una factura doméstica supondrá una bajada del 4,2 %. Pero, si se suma la reducción temporal del IVA del 21 al 10 %, en vigor desde finales de junio, el recorte, por esa vía, alcanzará el 13 %.
El resto del ahorro estimado por Teresa Ribera llegará también por la vía de los recortes, estos a costa de las compañías eléctricas. Porque el Gobierno les descontará beneficios de los emolumentos que cobran por la venta en el mercado mayorista de la energía que producen. Y ya van 3.200 millones menos para ellas, más para el sistema eléctrico. Ribera detalló que ese dinero que deberían cobrar las empresas cuando toque liquidar las ventas de electricidad quedará depositado en una cuenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). De ella saldrán esos fondos para reducir costes regulados del sistema eléctrico que ahora pagan los consumidores en la factura. Si hay menos costes regulados, el recibo también se reduce. Esa es la ecuación que aplicará el ministerio para adelgazar el recibo.
Beneficios caídos del cielo
El recorte a lo que se conoce como beneficios caídos del cielo -porque no se corresponden con los costes de producción, sino con el de oportunidad al que ofertan su producto en el mercado- se aplicará sobre los ingresos extraordinarios que está provocando la elevada cotización del gas en algunas centrales eléctricas. Especialmente en aquellas que no funcionan con ese combustible, esto es, hidráulicas y nucleares. Y es que todas las tecnologías cobran cada día el mismo precio de mercado, que viene determinado, a su vez, por la fuente de generación más cara, que es la última en vender su producto. Pero todas se benefician de ese sistema marginalista. El Gobierno calcula que detraerá unos 2.600 millones hasta el 31 de marzo por esas sobrerretribuciones. El Congreso tramita un proyecto de ley para descontar otros 650 millones a las compañías por los ingresos extra que obtienen por la revalorización de los derechos de emisión de CO2. Las más afectadas son, de nuevo, nucleares e hidráulicas.
Ribera reivindicó que esos beneficios se reviertan en el sistema por lo menos «mientras dure esta situación sin precedentes de precios mayoristas, que, según los analistas, será hasta marzo del 2022».
El mercado, intocable
Durante su explicación del plan de choque tras el Consejo de Ministros, Ribera explicó que las medidas rebajarán la factura, pero no así el mercado mayorista, que «está fuera de nuestro control, depende de la cotización internacional del gas natural, del precio del CO2 de una regulación europea...». «No podemos fijar el precio del mercado a través del BOE, ni restringir el acceso al mercado de ciertas tecnologías», aclaró, respondiendo, de nuevo, a una propuesta de Unidas Podemos.
Ribera añadió que «tenemos una capacidad de intervención limitada, por eso actuamos sobre la factura, no sobre el mercado, que precisa de una respuesta coordinada a nivel europeo para decidir cómo se debe responder a momentos de convulsión tan relevantes» como los actuales.
La ministra recordó que el resto de Europa también está sufriendo tensiones en los precios mayoristas por el gas natural y el CO2 y que el megavatio hora se cotiza en Irlanda a 200 euros; en Italia, a 174; en Francia, Alemania o Dinamarca, por encima de los 160; y en el Reino Unido, a 441. Unas «cifras sorprendentes en todo el territorio europeo», añadió.
El recibo del gas subirá un 4,4 % en lugar del 28 % previsto por el alza del combustible
El plan de choque incluye una limitación durante un semestre del impacto del coste de la materia prima en el cálculo de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR), de modo que el incremento medio en la próxima revisión trimestral, el 1 de octubre, será del 4,4 %, en lugar del 28 %. El ministerio precisó que las cantidades adeudadas se repercutirán en las siguientes revisiones, con un mecanismo similar al existente para las bombonas de butano.
El Consejo de Ministros también pone en marcha el suministro mínimo vital, una medida encaminada a evitar los cortes de luz por impago en los hogares más vulnerables. Con este consumo mínimo, la prohibición de los cortes se amplía a diez meses: los cuatro establecidos hasta ahora más otros seis adicionales incluidos en el decreto.
Además, el plan incluye obligar a los grupos dominantes a ofertar energía en subastas a las que podrán acudir para comprar las comercializadoras independientes o grandes consumidores industriales, que suscribirán contratos de al menos un año a precios previsiblemente inferiores a los del mercado mayorista.
Transición Ecológica detalló que la norma prevé también la reforma de la tarifa regulada de electricidad para que incorpore la referencia de precio de la subasta. Las comercializadoras libres que adquieran energía por esta vía deberán indicarlo en las facturas de sus clientes. El ministerio avanzó que aprobará un calendario para estas pujas y la primera tendrá lugar antes de que acabe el año. Detalló que Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP ofertarán 15.830 gigavatios hora, equivalentes al 6,3 % de la demanda eléctrica nacional en el 2020.
Evitar desembalses súbitos
El real decreto ley incluye también una modificación de la Ley de Aguas para evitar súbitos desembalses. Así, al inicio de cada año hidrológico, las confederaciones hidrográficas fijarán un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar en los embalses mayores de 50 hectómetros cúbicos, tanto para situaciones de normalidad hidrológica como de sequía prolongada, así como un régimen de volúmenes mínimos de reservas embalsadas para cada mes.
También se prorroga oficialmente la suspensión del impuesto del 7 % a la generación.
Un decretazo que se expone a un aluvión de denuncias
«Espero que las empresas entiendan que es un momento excepcional», deseó Ribera tras informar del nuevo recorte en los beneficios de las compañías. Y si no lo entienden, que tomen las medidas que consideren oportunas, añadió, anticipándose a una posible reacción de las empresas denunciando las medidas. Dada la urgencia de la situación, el Gobierno ha optado por el instantáneo real decreto ley para aprobar la minoración de ingresos del sector por la sobrerretribución que percibe como consecuencia del incremento del gas natural.
La medida para recortar el exceso de retribución del CO2 se aprobó en agosto en Consejo de Ministros en forma de proyecto de ley, por lo que antes tendrá que validarlo el Congreso, lo cual lleva meses. Lo mismo ocurre con el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que hará recaer sobre las empresas energéticas unos 4.000 millones de los 6.000 de primas a las renovables que ahora pagan los consumidores en el recibo. Ribera explicó entonces que preferían disponer del mayor consenso posible.
