Varapalo de la justicia europea a las eléctricas: hay motivos para investigar las ayudas a las centrales de carbón

Cristina Porteiro
C. Porteiro REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

JOSE PARDO

Bruselas inició las pesquisas en el 2017 tras sospechar que los 441 millones en incentivos era ilegales

08 sep 2021 . Actualizado a las 13:03 h.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este miércoles la decisión de Bruselas de investigar las ayudas concedidas por España a las centrales de carbón desde el 2007 al 2016, que ascendieron a 441,5 millones de euros

La justicia europea ha rechazado el recurso interpuesto por Naturgy contra la decisión de la Comisión de noviembre del 2017 de considerar «ilegales» de forma preliminar las ayudas bajo el paraguas de los denominados «incentivos medioambientales». La empresa alegaba que faltaban argumentos para sostener las acusaciones y que las ayudas no fueron selectivas y, por tanto, no distorsionaron la competencia. No lo ve así el Tribunal de Luxemburgo. Sus magistrados consideran que la Comisión «no incumplió su obligación de motivación» y además cree que hay razones de peso para sostener una investigación por ayudas ilegales

Precedentes

En el año 2015, Bruselas inició una investigación sectorial para analizar los mecanismos de capacidad -destinados a asegurar el suministro de electricidad- de once países de la UE, entre ellos el de España. En abril del 2017, las autoridades europeas notificaron a España la apertura de una investigación de oficio para aclarar si el «incentivo de inversión medioambiental» -puesto en marcha en el 2007 para compensar las inversiones que tuvieron que hacer supuestamente las eléctricas para reducir emisiones en sus plantas de carbón- cumplían con las normas de competencia. La conclusión preliminar de Bruselas no dejaba lugar a dudas: las ayudas fueron selectivas, ilegales y pudieron distorsionar el mercado. «La Comisión tiene dudas sobre si la medida constituye una ayuda a las inversiones cuyo objeto sea simplemente la adecuación de las empresas a normas comunitarias medioambientales obligatorias», reconocía el Ejecutivo comunitario.