El Gobierno prepara un plan: rebajas de impuestos y cambios en el bono social
06 sep 2021 . Actualizado a las 19:21 h.«Cuando acabe el 2021 se habrá pagado lo mismo que en el 2018». Es el compromiso que adquirió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para calmar los encendidos ánimos de los ciudadanos a costa del precio de la luz. A pesar de que este martes ha bajado hasta los 127,36 euros/MWh en el mercado mayorista, lo cierto es que los españoles acabarán pagando este año —según proyecciones del Ejecutivo español— 132 euros más que el pasado y 46 más que en el 2018.
La escalada de precios de la energía ya se ha llevado por delante el balón de oxígeno que lanzó el Gobierno con la rebaja del IVA de la luz del 21 al 10 % y la congelación temporal —hasta finales de año— del impuesto a la generación de electricidad (7 %), que debía adelgazar la factura final de los hogares en un 12 %. Y tardará en hacer efecto el límite impuesto a los «beneficios caídos del cielo» de nucleares e hidroeléctricas —beneficios extra que obtienen al vender la energía como si tuvieran que pagar por derechos de emisión de CO2 —. La creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, con el que el Ejecutivo aspira a financiar la penetración de renovables, se sufragará con aportaciones de las compañías eléctricas. Aunque debería implicar una rebaja del 13 % en la factura final del cliente, lo cierto es que hay muchas compañías que están trasladando este coste a los nuevos contratos en el mercado libre, donde las tarifas fijas ya han aumentado entre un 20 y un 30 %, según la OCU.
Ante la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta el momento, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha avanzado que su equipo está trabajando en un plan adicional para mantener a raya el recibo de los hogares. Entre las propuestas se incluiría la modificación del bono social, que en la actualidad permite rebajar un 25 % la parte del consumo del recibo de los hogares más vulnerables con tarifa regulada.
También se prevé crear un mecanismo para que las grandes eléctricas vendan energía a las pequeñas comercializadoras a un precio que se fije por subasta. La tercera pata del plan apuntaría a las concesiones de explotación de las hidroeléctricas. Ribera quiere poner coto a los abusos y malas prácticas de las empresas, que acaban pagando los ciudadanos y son percibidas como una amenaza, como ha ocurrido con el vaciado de algunos embalses gallegos coincidiendo con los precios máximos de la luz. El agua no ayudó a mantener a raya otras energías más caras, sino que entró en el mercado para venderse a precio de gas.
Fue incapaz, eso sí, de esconder las fisuras abiertas con su socio de Gobierno, Unidas Podemos. La formación morada exigió la fijación de un precio fijo para la energía nuclear y un tope máximo para la hidráulica, además de crear una empresa energética pública con la que romper el oligopolio energético.
No a enfoques «simplistas»
Ribera rechazó esas recetas. Al menos la primera de ellas: «Es muy simplista decir que no estamos haciendo nada», defendió este lunes en una entrevista a Antena 3, antes de advertir a sus compañeros de coalición de que están proponiendo «cosas que son incompatibles con el Derecho europeo».
La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, también se ha mostrado contraria a la creación de una empresa pública energética: «La evolución de los precios en los mercados mayoristas no depende de que una empresa sea pública o privada [...] Queremos tomar medidas adecuadas y no atajos que nos lleven a males mayores en el futuro», aseguró.
«Llegan tarde»
Lo que es evidente es que a España se le están agotando las últimas balas para abaratar el recibo de la luz. El Gobierno las ha ido dosificando, pero ya no le quedan muchas alternativas. Todavía podría bajar más el IVA al tipo superreducido del 4 %, pero para el director de la comercializadora Próxima Energía, Jorge Morales de Labra, será una medida «muy difícil de poder explicar a Bruselas». La eliminación del impuesto especial a la electricidad también podría generar tensiones porque supondría una merma de los ingresos de las comunidades autónomas. ¿Qué hay de la reforma del bono social? Morales de Labra cree que no se atajaría el problema de fondo porque se trata de «aplicar un descuento sobre un recibo que ya está disparado». Como poner una tirita a una hemorragia. Tampoco confía en la efectividad del mecanismo de venta por subasta con las comercializadoras pequeñas: «Llega tarde. Si se hubiera introducido el año pasado, habría sido útil, pero ahora no hay incentivos por parte de las grandes eléctricas de vender a largo plazo más barato». En opinión del experto, al Gobierno solo le queda una opción: acabar con los «beneficios caídos del cielo». Todos. «El CO2 está por las nubes y estas [hidráulica, nuclear y renovables] no emiten. Están cobrando tres o cuatro veces más, cuando no tienen que comprar derechos de emisión», denuncia. Si es legal o no, está por ver, pero hay argumentos para apoyarlo: nadie puede disputarles esos beneficios a las eléctricas [no tienen competencia] y no nacieron en el mercado, sino en un entorno regulado, ese fue el pecado original.
Feijoo pide la gestión de la cuenca Miño-Sil tras los vaciados
En medio de la tormenta de precios de la luz y de la polémica operación de vaciado de embalses gallegos, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, deslizó este lunes su deseo de tomar el control de la cuenca Miño-Sil: «Nos encantaría y gustaría que dependiera de la comunidad gallega», sostuvo antes de criticar con dureza la actuación de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) —a la que acusó de no informar de las operaciones de vaciado y de no esperar por la autorización correspondiente—. Tanto este organismo como las dos empresas que explotan los embalses de Cenza, As Portas [Iberdrola], Salas y Belesar [Naturgy], tienen abiertos expedientes sancionadores por poner en peligro las especies piscícolas en esos pantanos: «Nos parece un disparate medioambiental. Vamos a actuar en el estrecho margen de competencias que tenemos», aseguró este lunes el máximo responsable de la Xunta, antes de recordar que, en la cuenca que depende del Ejecutivo autónomo, no se han hecho vaciados de ese calibre: «Y, de hacerse, como estos, sería ilegal», deslizó.
Medidas legales
A pesar de que la CHMS insistió el pasado viernes en la correcta comunicación del vaciado y en que los niveles de agua cumplen los mínimos legales, la vicepresidenta Nadia Calviño anunció este lunes que el Gobierno tiene intención de tomar medidas legales «inmediatas» contra las empresas hidroeléctricas que están incurriendo en «malas prácticas», según recoge Europa Press. «Nuestra intención es utilizar inmediatamente instrumentos legales para poner fin a esa mala praxis», subrayó en declaraciones a TVE.
