Arranca la negociación para subir el salario mínimo: así están las posturas

A las 10 de la mañana, Gobierno, patronal y sindicatos vuelven a sentarse hoy en la mesa del diálogo social, tras el paréntesis de agosto, con el espinoso asunto de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) sobre ella. Los agentes sociales mantienen posturas enfrentadas, lo mismo que hasta ahora ha ocurrido en el seno del Ejecutivo.

Y es que, aunque la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, rebajó notablemente la intensidad de su discurso en contra de una inminente nueva subida, argumentando que se retomaría cuando la recuperación económica se hubiese asentado; Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo -además de líder de Unidas Podemos dentro del Consejo de Ministros-, no da su brazo a torcer.

Aunque el pasado diciembre se impuso la tesis de Calviño y este 2021 arrancó congelado, ahora parece que está decidido que no ocurrirá lo mismo. Después de seis meses consecutivos de subida de la inflación, con un IPC que, según lo avanzado por el INE, en agosto se disparó hasta el 3,3 % interanual, y con los precios de la energía desbocados y sin perspectivas de moderación a la vista, sindicatos y Podemos redoblan su presión exigiendo incrementar el salario mínimo, que ahora está en 950 euros mensuales en 14 pagas.

La ministra de Trabajo considera inaceptable que los trabajadores más vulnerables estén perdiendo poder de compra, mientras que los salarios pactados en convenio están subiendo entre un 1,5 % y un 1,8 %.

Casi 300 euros más en un lustro

Los sindicatos comparten su tesis. Se trata -dicen- de que los más precarios (tres millones de trabajadores) no vean deteriorarse todavía más su ya mermado poder adquisitivo. Defienden la necesidad de que haya un salario mínimo digno, ahora que los indicadores económicos certifican que la recuperación tras la pandemia está en marcha.

Cabe recordar que en los últimos cinco años, el SMI acumula una subida cercana a los 300 euros (294,80 concretamente), pero la Carta Social Europea -a la que España está adherida- establece que sea el 60 % del salario medio, algo que se pretende alcanzar en esta legislatura. Así las cosas, según el informe elaborado por la comisión de expertos designada por el Ministerio de Trabajo, para lograrlo habría que elevarlo entre 12 y 19 euros este año; entre 24 y 40 el que viene y prácticamente lo mismo en el 2023.

Dado que el presidente del Gobierno aseveró la semana pasada que «la recuperación no podrá ser total si no es justa» y defendió que dicha recuperación debía «trasladarse a los salarios», parece confirmado que el Ejecutivo pretende subir -ahora sí- el salario mínimo interprofesional. Sin embargo, aunque puede hacerlo por decreto, sin necesidad de contar con el consenso de los agentes sociales (únicamente está obligado a consultarles), el objetivo es añadir un nuevo acuerdo a la ya larga lista que atesora, con el primer bloque de la reforma de las pensiones como última gran foto que exhibir ante Bruselas.

Un riesgo para la recuperación

Así las cosas, no parece que vaya a ser sencillo acercar las posturas contrapuestas de patronal y sindicatos. Porque el mismo día que el Ministerio de Trabajo anunció la convocatoria de la reunión de hoy, la CEOE recordó que no se había movido ni un milímetro de su negativa a una nueva subida.

Los empresarios sostienen que no es el momento de elevar el salario mínimo porque hacerlo podría acabar destruyendo empleo precisamente cuando arranca la recuperación. Y en su análisis no están solos, ya que también el Banco de España advirtió de ese riesgo o, ayer mismo, el Consejo General de Economistas de España.

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