Competencia detecta subidas del 30 % en la nueva tarifa de la luz por horas

F. Fernández LA VOZ

ECONOMÍA

David Obach

Insta a las empresas a devolver el dinero porque engañaron a sus clientes

03 sep 2021 . Actualizado a las 12:23 h.

Aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, algunas compañías comercializadoras de electricidad han colado a clientes con contratos en el mercado libre un incremento del precio de la energía consumida de hasta un 30 % a partir del 1 de junio, coincidiendo con la entrada en vigor de los nuevos tramos horarios, que reparten de otro modo los costes regulados que se pagan en la factura eléctrica, pero no tocan el coste de la electricidad consumida.

Esas empresas subieron tarifas sin informar previamente a los abonados y, por tanto, sin darles la oportunidad de resolver los contratos sin penalización o, las que lo hicieron, dando razones erróneas sobre el motivo de la subida. Así, les explicaban a los clientes que lo hacían porque no les quedaba otro remedio, porque el Gobierno imponía cambios en el modo de facturar. Los impuso, sí, pero no para encarecer el precio de la energía.

Así lo ha comprobado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) durante una inspección rutinaria sobre la adaptación de los contratos a los nuevos tramos horarios, en vigor desde ese 1 de junio. Para analizar qué tal se habían aplicado los cambios solicitó información a las 25 comercializadoras con mayor cuota de mercado sobre los precios facturados antes y después del 1 de junio a una serie de clientes elegidos aleatoriamente. Descubrió que, en general, todas habían hecho los deberes. Pero algunas, no. El regulador no concreta cuáles son, aunque las organizaciones de consumidores Facua y OCU exigen conocer sus nombres.

La CNMC sí ha instado a esas empresas a reintegrar el dinero cobrado de más a sus clientes a los que o no dijo ni mu sobre el incremento de precios o facilitó información incorrecta y la atribuyó a la variación del reparto de los costes regulados por tramos horarios.

Precio libre, pero pactado

Las comercializadoras de electricidad pueden establecer la tarifa de energía que más les apetezca en los contratos de mercado libre, que hace honor así a su nombre. Aunque el cliente debe aceptar esa oferta y para ello debe conocerla antes. En el regulado es otro cantar. En él, y por orden del Gobierno, el precio de la energía lo determina el mercado mayorista de electricidad, ese mismo que está pulverizando todas las marcas diarias.

Lo que entró en vigor el 1 de junio nada tiene que ver con lo que cuesta el kilovatio hora consumido, sino que se trata de una nueva metodología para calcular los costes regulados de la factura de la luz. Se trata de conceptos no vinculados al consumo, pero que se abonan en el recibo. Con el dinero que se recauda se sufragan partidas del sistema eléctrico como las primas a las renovables, entre otros.

El cambio introducido modula un mayor o menor peso de esos costes fijos del sistema (divididos técnicamente en peajes y cargos) según el momento del día en que se produzca el consumo. Así, las horas punta están penalizadas con algo más de un 50 % de costes regulados; las llanas, con un 30 %; y las valles, en torno a un 10 %. El resto del dinero que se paga en el término de energía de la factura y que no son esos costes regulados es el precio de la energía consumida, que no se ve afectada por esos cambios.

El regulador dio una serie de instrucciones a todas las compañías —especialmente a las de mercado libre— para que aplicasen la nueva metodología de cálculo de peajes por tramos horarios de modo que «el importe implícito del componente no regulado del precio del contrato no sea superior al contemplado antes de la modificación». Es decir, las llamaba ya al orden con antelación para evitar que cayesen en la tentación de subir precios aprovechando el rediseño de la factura.

Competencia sigue supervisando la aplicación de los cambios y está analizando información solicitada a otras 18 comercializadoras adicionales.

La industria paga un 44 % más este año por el coste del gas y la electricidad

El aumento del precio de la luz está afectando a las facturas de las familias españolas, pero también a las de las empresas. El coste del suministro de energía (electricidad y gas) se ha disparado un 44,1 % en julio respecto a hace un año y en el mismo porcentaje en lo que va de año, según el índice de precios industriales, publicado por el INE. Además, solo de junio a julio se ha encarecido un 4,1 %.

El dato del INE refleja el precio al que pagan las fábricas el suministro de energía en el primer paso de su comercialización, es decir, sin gastos de transporte ni IVA. Y aunque la tasa anual de precios industriales subió un 15,3 % en julio respecto al mismo mes del año pasado (en Galicia, un 14,9 %), la energía se anotó un alza del 33,5% en tasa anual. Aun así, son dos puntos menos que en junio debido a que los precios de refino de petróleo subieron más en julio del año pasado que en esta ocasión.

Pese a ello, la tasa mensual de los precios industriales fue del 1,7 % y la energía tiró al alza de ello. Concretamente, su variación fue del 4,1 % debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de la energía eléctrica.

Los que bajaron

A la baja estuvieron en tasa mensual los bienes de consumo no duradero (3,9 %, cuatro décimas inferior a la de junio) a consecuencia de las caídas de los precios del procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos y de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales, frente al aumento registrado en el 2020, explica el INE.

En cambio, en julio los bienes intermedios hicieron subir la tasa mensual, aumentando en más de un punto la del mes anterior hasta situarla en el 14,9 %. Se debe al incremento de los precios de la fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones, que descendieron en junio del año pasado.

La tasa anual de precios industriales sin energía aumentó cuatro décimas el mes pasado, hasta el 7,9 %, situándose casi siete puntos por debajo de la tasa general. Se trata, además, de la cifra más alta desde abril de 1995.

El índice aumentó en diez comunidades, sobre todo en Cantabria, Asturias y Navarra.