La urgencia de la Sareb por vender suelos públicos revive el mercado de la vivienda protegida
ECONOMÍA
La perspectiva de abaratamiento de solares residenciales hace emerger iniciativas de cooperativas para construir en Galicia
15 ago 2021 . Actualizado a las 05:00 h.A la Sareb solo le quedan seis años y medio para desprenderse de todos los suelos e inmuebles que tiene en su poder, heredados de las quebradas cajas de ahorro españolas. Ese es el plazo oficial dispuesto para conseguir disolver el bautizado como «banco malo», que nació con el objetivo de recuperar el dinero de los contribuyentes gastado en el rescate de las entidades. ¿Cómo? Vendiendo los activos inmobiliarios embargados.
La gestión ha sido un fiasco. El organismo acumula pérdidas de 35.000 millones de euros, equivalentes al 3 % de la riqueza que produce el país en un año. Esas cifras ahora son computables a ojos de Bruselas de cara a las reglas de disciplina fiscal -que se reactivarán a partir del 2023-, y eso significa que la Sareb tiene que vender rápido. Todavía conserva en Galicia un buen número de suelos residenciales. El primer paso lo dio el pasado mes de marzo al anunciar descuentos del 15 % en algunos de sus suelos, que seguirán bajando a medida que se acerque la fecha de caducidad. Por el momento, el organismo asegura que no tiene ninguna campaña en funcionamiento.
La nueva estrategia de la entidad abre ventanas de oportunidad a quienes estaban esperando buenos precios para poder iniciar obra nueva, enfocada a la vivienda de protección autonómica (VPA). Es el caso uno de los proyectos apadrinados por la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein). Su presidente, Benito Iglesias, gestionará la cooperativa de viviendas Naviabi, a la que se han adscrito más de 200 familias, según la propia organización, que quiere probar suerte con una licitación pública para la construcción de viviendas unifamiliares adosadas en el Polígono 1 de Pau de Navia (Vigo). Ese sería el primer paso. Se citarán con los responsables de la Sareb para explorar ofertas de suelo en ciudades como A Coruña y Santiago. «Se debe reactivar la producción de viviendas en Galicia [...] El acceso cada vez está más difícil, sobre todo para los hogares de rentas medias y los jóvenes, acarreando graves consecuencias sociales», explica Iglesias. Hay un problema público, hay suelos que ofertar y hay demanda. Los expertos inmobiliarios calculan que en Galicia hacen falta 25.000 viviendas nuevas en los próximos cuatro años para atender la demanda de las siete grandes áreas urbanas. Y se necesitan al menos 5.000 viviendas de protección oficial. Unas 400 en Pontevedra, otras 2.000 en el área de Vigo, 1.200 en el de A Coruña, 200 en Ferrol, 500 en Santiago, 400 en Lugo y hasta 300 en Ourense.
Requisitos
¿Quién puede optar a estas viviendas de protección oficial? Las familias cuyos ingresos familiares no superen 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) para las viviendas en Régimen Especial (1.412,25 euros en la actualidad) -destinadas a las familias de menos renta-, 4,5 en el Régimen General (2.542 euros) y 6,5 en Precio Concertado (3.671,85 euros). La principal ventaja que ofrecen las cooperativas de vivienda protegida es que pueden alcanzar ahorros de hasta el 20 %, según el sector.