El Gobierno acepta la opa a Naturgy a cambio de cinco años de blindaje

F. Fernández LA VOZ

ECONOMÍA

Juan Carlos Hidalgo

Autoriza la inversión del fondo australiano IFM a condición de que preserve el empleo, la integridad y la españolidad del grupo energético, hegemónico en Galicia

03 ago 2021 . Actualizado a las 20:26 h.

Naturgy no será la nueva Viesgo, la histórica compañía eléctrica cántabra que ha acabado troceada. Sus negocios y sus clientes se los han repartido Repsol y EDP en una sucesión de operaciones impulsadas en los últimos años por fondos de inversión extranjeros. Viesgo existe aún, pero reducida a la mínima expresión. A Naturgy no le pasará. Al menos durante los cinco próximos años. El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha autorizado la oferta pública de adquisición (opa) de acciones que quiere lanzar el fondo australiano IFM sobre entre el 17 y el 23 % del capital de la energética, hegemónica en Galicia. Si finalmente consigue su objetivo, se convertirá en uno de los mandamases del grupo, que si se alía en la toma de decisiones con los otros dos grandes fondos presentes en el capital de Naturgy (GIP y Rioja Bidco, con algo más del 20 % cada uno) controlará hasta el 60 % del capital. Frente a ellos, el accionista mayoritario, Criteria Caixa (CaixaBank), con el 26 % de los títulos.

Para frenar cualquier tentación de troceamiento de la empresa o de deslocalización de negocios, el Gobierno le exige a IFM «garantías inéditas», en palabras de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, pronunciadas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, habló de «condiciones enormemente garantistas» para preservar la estabilidad de una empresa que gestiona instalaciones críticas (como son las centrales de generación y las redes de distribución de energía eléctrica) y que opera en un sector estratégico, como es el energético.

Las principales condiciones a IFM son que durante los próximos cinco años, el fondo australiano apoye el mantenimiento del domicilio social y de la sede efectiva de gestión y dirección de los negocios en España; así como el mantenimiento «de una parte significativa de la plantilla del grupo en España». Además, en el ejercicio de sus derechos de voto, IFM no podrá apoyar «ninguna propuesta de desinversión que se presente al consejo de administración o a la junta general de accionistas de la sociedad que implique que esta última pierda el control de filiales que puedan poner en riesgo el buen funcionamiento de las actividades de transporte y distribución de energía y gas natural en España».