El Gobierno sacrifica la equidad entre territorios al repartir las ayudas de la UE
ECONOMÍA
Las comunidades que no ejecuten a tiempo los fondos los perderán
02 ago 2021 . Actualizado a las 19:31 h.España aguarda con inquietud la llegada del primer cheque procedente de la Unión Europea. Serán 9.000 millones de euros a cargo del Next Generation EU que, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llegarán «en los próximos días o semanas». Los otros 10.000 millones aterrizarán hacia finales de año, en forma de aguinaldo. Pero su reparto ya ha sembrado la discordia. Será radicalmente distinto al que se venía haciendo con los tradicionales fondos europeos. «Olvidaos de ese sistema», exclamó este lunes Montero, tras reunirse con los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas.
Los Ejecutivos regionales, muy críticos con el modelo, podrán gestionar un 55 % de las ayudas (10.450 millones) percibidas, pero los criterios de concesión no tendrán en cuenta las especificidades regionales, la «igualdad de condiciones» o los «principios de financiación autonómica» invocados por el vicepresidente segundo de la Xunta, Francisco Conde. El Gobierno central solo extenderá las ayudas a proyectos que encajen con las líneas que trazó en el plan nacional aprobado por Bruselas.
No hay garantías de reparto equitativo, solo el compromiso verbal del Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Un país es mucho más que la suma de las 17 comunidades autónomas [...] El criterio más justo es el que permite una mejor aproximación a la realidad, luego el Gobierno velará por que haya cohesión territorial y una asignación razonable de criterios», admitió Montero.
¿Qué hay de la manida cogobernanza? El Gobierno convertirá las reuniones sectoriales -organizadas por cada ministerio- en el núcleo de reparto. Planteará criterios de distribución distintos según la cartera. Allí, con la representación de las comunidades, se votarán, se llegará a acuerdos sobre el reparto, las cuantías y el período de ejecución, además de los hitos que tendrá que ir cumpliendo cada comunidad autónoma agraciada con las ayudas. No se ha aceptado la propuesta del Gobierno gallego, que reclamó la transferencia de los fondos y margen para establecer sus propios criterios atendiendo a las necesidades del tejido económico autóctono.
¿Quién controlará la gestión y ejecución de todo ese dinero que llegará de Europa? En última instancia, el Tribunal de Cuentas europeo. No obstante, tanto ayuntamientos como comunidades deberán proveer información en tiempo real sobre quién, cómo y en qué fase del proyecto ha recibido dinero. Bruselas podrá seguir su rastro en todas las fases y exigir responsabilidades al Estado si no se cumplen los compromisos.
Por eso, alegó Montero, si una comunidad autónoma falla y se retrasa en la ejecución de las ayudas, podría perderlas en favor de sus vecinas: «Si hay una comunidad que no puede, el resto tendrá que hacerse cargo de esos recursos para que se puedan implementar las medidas», deslizó, antes de negar que el Ejecutivo central esté tentado a premiar en el reparto a las comunidades donde gobiernan aliados políticos. Una afirmación que la realidad se encargó de desmontar cuando el Ejecutivo central anunció ayudas europeas a dedo para la planta de baterías de Seat en Martorell (Cataluña) sin haber acudido a concurso.
Pymes en el dique seco
Según el Consejo de Gestores Administrativos, el diseño del plan de recuperación español favorecerá a las grandes compañías. Solo el 14 % de las pymes, según su barómetro de julio, tienen intención de acceder a los fondos. «Estos fondos están pensados para las grandes empresas», señalan. El 59 % creen que el dinero no permeará hasta los negocios pequeños y apuntan como causas la burocracia y los requisitos de elegibilidad, que exigen estar al corriente de pago con la Seguridad Social y con Hacienda.
Galicia exige un reparto más justo, cogobernanza real y lealtad entre instituciones
La Xunta de Galicia está pendiente del desembolso de ayudas para arrancar 355 proyectos en sectores estratégicos, con los que aspira a movilizar 13.000 millones de euros. A pesar de las insistentes llamadas para ajustar los criterios de reparto a las necesidades de cada región, lo cierto es que el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, abandonó hoy la reunión insatisfecho con la respuesta del Gobierno central.
En primer lugar, por los retrasos en la puesta en marcha del sistema de información y gestión: «Atopámonos xa no mes de agosto e isto non está pechado. Será difícil ter un axeitado antes de rematar outono e, en consecuencia, ralentizarase a execución dos fondos europeos», lamentó. También por la falta de concreción y claridad en el reparto de las distintas conferencias sectoriales. Según Martínez, la ministra Montero no se comprometió a ceder el 55 % de la gestión de los fondos a las comunidades autónomas en los años 2022 y 2023. «Isto é moi importante, porque o que debemos pretender entre todos é a cohesión territorial e social, que non queda garantida», aseguró.
Quejas
El malestar en San Caetano no se ha apaciguado desde que Bruselas aprobó el plan español. Todo lo contrario: « Manifestamos que non hai cogobernanza real. Os fondos repártense en conferencias sectoriais onde non temos información con antelación e non se pide a nosa opinión», se quejó el conselleiro, quien exigió al Gobierno central más equidad en el reparto y lealtad institucional «porque todos conformamos o Estado».