Un administrador judicial gestionará Alu Ibérica para evitar que la vacíen

La Voz A CORUÑA

ECONOMÍA

ANGEL MANSO

La Audiencia Nacional ve indicios de que Riesgo falseó documentación

29 jul 2021 . Actualizado a las 14:09 h.

Un administrador judicial será el encargado de pilotar la empresa Alu Ibérica a partir del próximo lunes. Así lo determinó este miércoles la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de Madrid, de la Audiencia Nacional, en un auto en el que se decide desalojar al Grupo Riesgo de la gestión de las plantas de Alu Ibérica (antes propiedad de Alcoa) tanto en A Coruña como en Avilés.

Ambas fábricas permanecen intervenidas desde hace meses, después de que la Justicia apreciase indicios de descapitalización en las sucesivas operaciones de venta que se han ido produciendo estos últimos años: de Alcoa al fondo suizo Parter, y de estos últimos al Grupo Riesgo.

Alega la jueza que esta decisión -que se adopta en un principio por un período de seis meses que puede ser revisable- tiene como objetivo «asegurar la protección del patrimonio de las sociedades intervenidas, así como de los derechos de los acreedores y los trabajadores». El encargado de llevar las riendas a partir de ahora de las fábricas de aluminio primario será el gallego Ramón Juega Cuesta, que tendrá cinco días para decidir decidir si acepta el encargo. A partir de ese momento, dispondrá de un plazo de dos meses para emitir un informe sobre la situación financiera y la solvencia «real» de las sociedades.

De esta forma, el auto pone el foco en el informe emitido el pasado 11 de junio. Este texto, presentado por los interventores judiciales hasta ahora encargados de supervisar la actividad de las factorías, recoge «determinados hechos que permiten concluir» que las sociedades intervenidas no disponen de procedimientos formalizados y de controles internos que permitan dar «una seguridad razonable en el ejercicio de las funciones de intervención judicial».

La jueza va un paso más allá y, en referencia a este informe, asegura que «las sociedades intervenidas han incumplido de forma reiterada los requerimientos de información realizados por la intervención judicial (...) en aspectos que resultan esenciales para conocer la situación real de las empresas». También relata que se han detectado «indicios de falsedad» en determinados documentos remitidos a los interventores. Pero también varias «contradicciones en las manifestaciones realizadas por los gestores de las sociedades intervenidas».

El fallo añade que «las sociedades intervenidas han aprobado numerosos actos y operaciones sin la preceptiva autorización judicial o de los interventores judiciales, incumpliendo adicionalmente otros requisitos establecidos en el auto de intervención judicial». Y con todos estos indicios, defiende la Audiencia Nacional que la continuidad de los actuales administradores designados por Riesgo «puede suponer un riesgo para la protección del patrimonio de dichas sociedades».

La propia empresa confirmó ayer a Europa Press que «seguramente» recurrirá la medida. Y es que la defensa de Alu Ibérica ya alegó hace unas semanas que la administración judicial, en caso de adoptarse, causaría «daños irreversibles» para las fábricas. Y defendían ya entonces que «no hay indicios ni prueba alguna de descapitalización ni de insolvencia», precisamente los dos indicios que han llevado a la jueza a tomar su decisión.

Un «cadáver industrial»

Al otro lado de la balanza se sitúan los representantes de los trabajadores, que valoraron de forma «positiva» la intervención judicial. El presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho, aseguró que con los gestores actuales de la empresa «non iamos a ningún lado, máis que a ser un cadáver industrial que deixa sen futuro aos traballadores». Eso sí, criticó que las medidas judiciales llegan un poco tarde: «O ritmo non vai conforme ás nosas dificultades».