El Consejo de Ministros prevé dar luz verde a una convocatoria de 30.445 plazas, un 8,5 % más que el año anterior
27 jul 2021 . Actualizado a las 07:49 h.El Gobierno de Sánchez se marchará de vacaciones habiendo puesto sobre la mesa la mayor oferta ordinaria de empleo público (ope) de la historia. El Ejecutivo confirmó este lunes que tenía previsto aprobar esta semana un real decreto para sacar un total de 23.495 plazas para la Administración General del Estado, lo que supone casi 3.000 más que la última propuesta que envió a los sindicatos el pasado jueves. Pero hay más. Porque a este número habría que sumar los puestos ya aprobados para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas (6.950 empleos), lo que inflaría la cifra hasta llegar a las 30.445 vacantes, un número que supone un incremento del 8,5 % con respecto a las 28.055 que se convocaron el año pasado.
Desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública confirmaron este lunes que entre las previsiones del Gobierno estaba dar luz verde definitiva al texto durante el Consejo de Ministros que se celebrará hoy mismo. Pero también admitían que existía la posibilidad de que los planes de la ministra María Jesús Montero se torcieran en las últimas horas.
Si todo sale según lo previsto, Montero, que asumió el departamento de Función Pública tras la última remodelación de Gobierno, pondrá sobre la mesa del Consejo de Ministros de este martes una oferta en la que 9.509 plazas estarán reservadas para la promoción interna, convirtiéndose así esta convocatoria de consolidación en la mayor jamás aprobada por la administración central. Con estas cuentas, de las 23.495 plazas que saldrán (sin contar las de los cuerpos de seguridad), 13.986 candidaturas serán de libre acceso. Supone un paso adelante con respecto a la última oferta transmitida la semana pasada a los sindicatos, en la que se proponían 11.705 de libre acceso y 8.882 de promoción interna.
Uno de los sectores que el Gobierno quiere reforzar con su oferta pública de empleo es todo el que tiene que ver con las áreas de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas; son las que popularmente se conocen como actividades STEM (por las siglas que tienen en inglés). En estas áreas se abrirán 2.924 plazas, un 37 % más que en la convocatoria del año pasado. Y en ese sentido, se hará un esfuerzo realmente importante en el cuerpo de empleados dedicados a las tecnologías de la información y la comunicación, informáticos e ingenieros de sistemas, que entre todos sumarán más de 1.300 nuevas incorporaciones. Esto es una muestra más de la firme vocación que tiene el Ejecutivo de dar un lavado de cara a la administración para tratar de caminar hacia un modelo mucho más digital.
Algo más de 2.700 plazas serán para la mejora de la gestión de políticas públicas y se buscarán interventores del Estado, administrativos, técnicos en auditoría o de gestión de la administración civil del Estado.
Reforzar la Justicia y el fisco
También habrá una importante bolsa destinada a reforzar los servicios de la Agencia Tributaria. En concreto, serán 1.450 puestos que tendrán por delante la tarea de actualizar el sistema fiscal. Cerca de 1.375 vacantes serán para profesiones laborales en empresas y entidades públicas, mientras que 1.200 irán dirigidas a la Justicia, también con el horizonte de buscar un sistema más moderno y ágil que el que hay actualmente.
La larga lista de vacantes de esta oferta pública de empleo la completan el millar de plazas que se sacarán para funcionarios de Instituciones Penitenciarias.
Los sindicatos la consideran «insuficiente»
A pesar de que las cifras anunciadas convierten a la convocatoria en una de las mayores de la historia, los sindicatos se mostraron este lunes reticentes. La respuesta de CSIF fue categórica y aseguraron que rechazaban la oferta presentada asegurando que las cifras eran «insuficientes»: «Hay que tener en cuenta que en los últimos diez años se han perdido aproximadamente 50.000 empleos, y solo en el último año han sido 9.120 los perdidos. Además, las plantillas están muy envejecidas y en menos de nueve años se jubilarán el 56,3 % de nuestros trabajadores», advierten desde el sindicato.
En CSIF critican haberse enterado de los números definitivos a través de los medios de comunicación y aseguran que «por mucho que quiera maquillar el Gobierno las cifras, lo cierto es que no se va a producir un incremento neto de empleo suficiente para afrontar los graves problemas que sufre la Administración del Estado». Y en este sentido recalcan que con las cifras que maneja el Ejecutivo de Sánchez, se necesitarían 20 años para alcanzar el empleo estructural perdido en la administración: «Esta situación es insostenible y vamos camino del colapso». Desde UGT también creen que es necesario diseñar un plan plurianual para hacer frente a la pérdida de empleo y para dar respuesta a los servicios que están saturados.