Los beneficiarios del bono social suman desde este sábado la rebaja del IVA
26 jun 2021 . Actualizado a las 05:00 h.A un millón de hogares habitados por familias vulnerables ya se les aplican descuentos en la factura de la luz porque tienen concedido el bono social eléctrico, un mecanismo que se otorga por criterios de renta. La mitad de esos beneficiarios, los catalogados como vulnerables a secas, disfrutan de una rebaja del 25 %; otros tantos, vulnerables severos, de hasta un 40 %. Aunque incluso hay casos extremos que no tienen que pagar nada porque se encuentran en situación de riesgo de exclusión social y están atendidos por los servicios sociales municipales. De estos últimos hay en Galicia en torno a cuatro mil familias, que son las auxiliadas por la Xunta con su propio bono social, que complementa las ayudas del estatal.
A todos ellos se les aplicará también el IVA reducido del 10 % que entra este sábado en vigor para todos los contratos domésticos de menos de 10 kilovatios de potencia. Con lo cual, la rebaja para estas familias con menos recursos será aún más pronunciada que para las demás. Así, un hogar sin bono social verá cómo su recibo mensual se desinfla del orden de un 9 %, que para un consumidor vulnerable se convertirá en un 27 %, sumando ambos descuentos.
Tomando una factura de una familia real, la de Xenia, el importe mensual con bono social suma 30,37 euros, que con la rebaja del IVA queda en 27,61. Si no se aplicara ni una ni otra medida, el recibo alcanzaría los 38,06.
La rebaja del IVA del 21 al 10 % estará en vigor hasta el 31 de diciembre. El Gobierno ha condicionado la medida a que el precio medio mensual del mercado mayorista de electricidad en el mes anterior al de la facturación esté por encima de los 45 euros por megavatio hora. Las previsiones para la segunda mitad del año son que ande en 83, así que la condición se cumplirá de sobras. Sin embargo, en caso de que cambien las tornas y se baje del umbral de los 45 euros, el Gobierno ha blindado la rebaja del IVA para las familias vulnerables severas, la mitad de todas las que disfrutan de bono social, que tienen asegurado el descuento fiscal adicional al que ya le proporciona el bono, en su caso, del 40 %.
Todo esto regirá para los actuales beneficiarios del mecanismo que rebaja la factura para los hogares más desfavorecidos, pero también para los nuevos perceptores, que el Gobierno ya prevé que aumenten a causa de la crisis. El acceso al bono social eléctrico está siempre abierto mientras se cumplan los criterios de renta. Además, a raíz de la pandemia, el Ejecutivo ha introducido un nuevo perfil de familias vulnerables: aquellas en las que alguno de los miembros esté en paro, ERTE, o haya visto reducida su jornada por motivo de cuidados; y, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares, que anote una pérdida sustancial de ingresos.
Baja la fiscalidad para empresas
El Gobierno ha aprobado también otra medida para reducir directamente el precio del mercado mayorista de electricidad, suspendiendo entre julio y septiembre el impuesto del 7 % a la generación que pagan las empresas en función de la producción de sus centrales. Según datos del sector, el megavatio hora podría abaratarse un 5 %, lo que provocará rebajas adicionales de entre el 2 y el 3 % en la factura doméstica; de entre un 3 y un 6 % para pymes y empresas medianas; y alrededor de un 6 % para la gran industria, según el Ministerio para la Transición Ecológica.
Consecuencias de unos precios de la electricidad cada vez más caros: «Desconfianza creciente en la transición energética»
El Boletín Oficial del Estado publicó este viernes el real decreto 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética. Es decir, el que consagra la rebaja del IVA de la electricidad del 21 al 10 % hasta el 31 de diciembre. En la exposición de motivos, el Gobierno argumenta por qué ha tenido que actuar de urgencia para enfriar los precios. Porque «los ciudadanos no entienden cómo con una penetración cada vez mayor de las energías renovables, los precios de la electricidad son cada vez más caros, lo que está generando una desconfianza creciente en el proceso de transición energética en su conjunto». O sea, está en peligro la niña bonita de este Gobierno: la descarbonización de la economía.
El Ejecutivo aclara qué está pasando. Que el mercado mayorista de la electricidad en España está marcando precios inusualmente altos. Una tendencia que se ha agravado en los últimos meses, con un precio medio en mayo de 67,12 euros el megavatio hora y de 86,56 del 1 al 17 de junio, «sin que, por otra parte, se hayan producido situaciones excepcionales de carácter meteorológico». Alerta de que «esta situación no parece ser puntual, sino que amenaza con convertirse en estructural si se atiende al comportamiento de los mercados a plazo, ya que la cotización de los futuros de electricidad para la segunda parte del 2021 asciende a 83,32 euros el megavatio hora».
«Los ciudadanos no entienden cómo con una penetración cada vez mayor de las energías renovables, los precios de la electricidad son cada vez más caros»
El Gobierno reconoce que todo esto, que influye en la factura de la luz de los ciudadanos, «está generando alarma social en España». Además de poner en riesgo el proceso de transición hacia una economía electrificada «como vía más eficiente y eficaz para reducir las emisiones asociadas a los usos energéticos», también «ha de añadirse que los altos precios de la electricidad inciden sobre la renta disponible de los hogares y suponen un freno para su recuperación». Y todo esto cuando «los precios finales para el segmento doméstico en España son los quintos más altos de la UE-27, por lo que las circunstancias referidas vienen a empeorar una ya de por sí situación de altos costes energéticos para los consumidores españoles».
El Ejecutivo tramita dos reformas de calado en el mercado que no entrarán en vigor a corto plazo, por lo que, entre tanto, confía en que la rebaja del IVA y la suspensión del impuesto de generación calmen los ánimos.
Competencia defiende que haya horas más caras para forzar los cambios de hábito
La factura de la luz seguirá viéndose condicionada por los tramos horarios a pesar del desconcierto que ha provocado el nuevo sistema cuando ahora está a punto de cumplirse el primer mes de vida de los tres períodos de consumo. No habrá cambios. Por ahora. Así lo ha aclarado Cani Fernández, la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El nuevo modelo de recibo se debe precisamente para «ajustar comportamientos». «Todo no se puede tener en la vida», llegó a indicar este viernes Fernández en un curso de verano en Santander.
El portazo a cualquier modificación supone la respuesta pública a la petición realizada por algunos ministros, como Alberto Garzón o Ione Belarra, para adelantar la hora más barata, la valle (actualmente de 00.00 a 08.00 horas de lunes a viernes) a las 22.00. Fernández solo ha admitido la posibilidad de establecer ampliaciones de los tramos a largo plazo. Cuando la CNMC compruebe que los ciudadanos han cambiado de hábitos para trasladar su consumo desde las horas más concentradas en uso de luz (las punta, de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00 horas) a otras partes del día o los fines de semana. Pero la presidenta del regulador descarta que estas modificaciones puedan producirse en el corto plazo, sin evaluar el impacto los tramos en vigor durante varios meses.
«Si se adaptan consumos y se cambian, iremos acomodando en la medida en que observemos huecos de menor congestión de las redes», afirma, asegurando que, estas franjas «se podrán ajustar de nuevo» una vez se haya completado un análisis técnico en el traslado de consumos.
Porque la presidenta de la CNCM volvió a defender el nuevo sistema de tarificación horaria, ya que responde a la búsqueda de una eficiencia en los consumos, sirve fomentar su ahorro y evita una congestión en las redes que requieran nuevas inversiones en infraestructuras de la red y, en consecuencia, mayores costes fijos que se trasladen en última instancia a la factura.
Competencia también vigila de cerca las posibles actuaciones irregulares de las eléctricas con motivo de la entrada del nuevo horario. «No es la primera vez» que deben investigarse actuaciones irregulares de las compañías, que ante un cambio regulatorio aprovecha para adaptar sin el consentimiento del cliente las condiciones.