La rebaja del IVA que abaratará un 10 % la factura de la luz será temporal para evitar objeciones de Bruselas

F. Fernández REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

Emilio Naranjo

La medida fiscal se aplicará a partir de este sábado a dos millones de consumidores gallegos solo hasta fin de año

24 jun 2021 . Actualizado a las 18:46 h.

El Consejo de Ministros ha lanzado una ofensiva fiscal para salir al rescate de los hogares, que este mes verán incrementada su factura eléctrica por unos precios de mercado en máximos y por la entrada en vigor de unos tramos horarios que penalizan el consumo en los momentos familiares claves del día, difíciles de evitar, como las comidas y las cenas. Así, el Gobierno ha acordado rebajar temporalmente el IVA que se aplica sobre el importe total del recibo de electricidad desde el tipo máximo del 21 % hasta el reducido del 10 %, para todos los consumidores con potencia contratada inferior a 10 kilovatios, lo que supone que afectará a casi todas las familias.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordó que la potencia media de los hogares es de unos cuatro kilovatios. También se beneficiarán del alivio fiscal los consumidores con instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo conectadas a la red -la mayoría-, pues también pagan el IVA cuando, por falta de sol, tienen que adquirir electricidad a su comercializadora.

Esa rebaja fiscal, que se aplicará ya a partir de este sábado, según confirmaron fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, se traducirá en una bajada directa e inmediata de la factura de la luz de en torno a un 10 %. Afectará a a 27,7 millones de hogares, autónomos y empresas (dos millones en Galicia), aunque, como resaltó Montero tras el Consejo de Ministros, el efecto para las sociedades será neutro, pues el IVA que pagan lo deducen luego, aunque la ministra aclaró que la medida contribuirá a que dispongan de mayor liquidez. 

Transición Ecológica estima que la bajada del IVA supondrá un descenso de seis euros al mes en el recibo de un hogar medio, por lo que su aplicación permitirá un ahorro de 36 euros hasta final de año.

El descuento está vinculado a que el precio mensual del mercado de electricidad siga por encima de los 45 euros el megavatio hora. Este jueves roza los 87 euros y no tiene visos de que se vaya a enfriar tanto, pero es imprevisible. Las familias con bono social y categoría de consumidor vulnerable severo -sin ingresos de ningún tipo y dependientes de los recursos proporcionados por los servicios sociales municipales-, que son 612.000 en toda España, tienen garantizada la rebaja al margen del precio que anote el mercado y de la potencia que tengan que contratada -aunque para disfrutar del bono social el límite son esos 10 kilovatios-.

La rebaja, definitivamente, será temporal y estará en vigor hasta el 31 de diciembre. Aunque la ministra de Hacienda avanzó que entonces reevaluarán su impacto, Montero descartó, al mismo tiempo, convertir esta medidas fiscales en definitivas. Así, reconoció que para hacerlo tendrían que pedir autorización a la Comisión Europea -de momento, como son temporales, el Gobierno solo ha comunicado su aplicación-. Insinuó además que las autoridades comunitarias no estarían muy por la labor de aceptarlo, a la luz de los informes que «sistemáticamente» remite la Comisión a España con advertencias que «dicen que abusamos del IVA reducido y superreducido». 

Además, Montero subrayó que la bajada fiscal del IVA tendría un impacto importante en las arcas de Hacienda, pues dejarían un agujero de 1.800 millones, que iría en contra, señaló, de la consolidación de servicios públicos que defiende el Gobierno.

Así que la rebaja del IVA será solo una medida «paliativa», como la denominó Montero, para actuar sobre el precio final de la factura mientras no se ponen en marcha dos grandes reformas estructurales del mercado de electricidad, con medidas con las que el Gobierno espera consolidar una reducción del recibo eléctrico de un 15 %. Se trata de la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que financiarán las empresas energéticas (eléctricas, gasistas y petroleras), y que pagará las primas a las renovables que ahora abonan los consumidores en el recibo. Así, se extraerá ese coste regulado, que suma unos 6.000 millones de euros anuales. La otra medida será de índole recaudatoria para seguir adelgazando esos costes que pesan sobre la factura doméstica. El Gobierno descontará mil millones de euros al año de los beneficios que obtienen las empresas por la venta de electricidad en el mercado, creando el denominado dividendo de carbono.