Unos 1.400 gallegos que cobraron la risga y el IMV a la vez podrán solicitar la condonación de deuda

Cristina Porteiro
c. porteiro REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

CAPOTILLO

La Xunta hará uso de la cláusula que permite reducir la factura pendiente a los hogares que tengan hijos a cargo

23 jun 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

Pasaron meses esperando la respuesta de la Seguridad Social, aguardando por la renta mínima (IMV) y, cuando llegó el momento de cobrar las mensualidades atrasadas, centenares de gallegos recibieron cartas de la Xunta demandando la devolución de las cuantías de la risga (prestación autonómica) que siguieron cobrando mientras se tramitaban sus expedientes y que, calcula el Ejecutivo gallego, ascienden a 2,4 millones de euros.

Los afectados por esos cobros indebidos, fruto de la descoordinación entre Administraciones Públicas, podrán solicitar desde hoy mismo la condonación parcial o total de la deuda. Lo anunció ayer la conselleira de Política Social, Fabiola García, en el pleno del Parlamento gallego: la Xunta hará uso de la cláusula de la actual Lei de Inclusión Social que le permite perdonar las cantidades adeudadas «con carácter excepcional». Eso sí, solo podrán acogerse a la medida «en el supuesto de la existencia de menores en la unidad de convivencia» y siempre y cuando los beneficiarios no hayan sido responsables directos de los cobros irregulares, como es el caso. Las facturas ascienden en algunos casos a los 5.000 euros.

El Ejecutivo gallego calcula que el 80 % de quienes cobraron de forma simultánea la risga y la renta mínima podrán solicitar la condonación. Eso significa que unos 1.400 de los 1.750 gallegos en esa situación podrían acogerse a esta medida de urgencia que la Xunta ha querido acotar por las reservas tanto jurídicas como morales que entraña. A principios de este mes, fuentes de Política Social consideraban «ilegal» no reclamar el dinero y alegaban que «socialmente no se entendería» que una persona pudiera percibir con dos cuantías más de lo que gana un trabajador gallego al mes.

Techo de 3.400 euros

El pasado 26 de mayo, la Xunta avanzó su intención de fijar un techo al volumen de deuda que se podría llegar a perdonar a cada familia. Ese umbral será inamovible: 3.400 euros, con previo informe de un trabajador social certificando la situación de extrema necesidad de los miembros del hogar. Solo si se cumplen estos requisitos se podrá solicitar el alivio de la deuda. Los afectados también pueden acudir a la Jefatura Territorial de cada provincia para informarse de los trámites.

¿Qué pasa con el resto de la factura pendiente de devolución? Quienes tengan que reembolsar dinero dispondrán de un plazo máximo de 30 meses para hacer los reintegros que resten tras aplicar la quita autorizada por la Administración autonómica.

Amparo a 1 de cada 4

En la actualidad 14.226 hogares gallegos perciben la renta mínima, aunque 54.390 lo solicitaron. Eso significa que solo uno de cada cuatro gallegos que pidieron amparo a la Seguridad Social recibieron respuesta positiva. Y, en muchos casos, la recibieron después de permanecer meses sin tener noticias del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El atasco administrativo en sus oficinas generó un enorme cuello de botella, dejando a muchos de los solicitantes a expensas de la continuación de prestaciones autonómicas, como la risga, que se extendieron para no dejarlos sin ingresos. Algunas comunidades decidieron hacerlas compatibles con el IMV. No fue el caso de la gallega, que pidió al Gobierno central la transferencia de su gestión, como se hizo con el País Vasco y Navarra: «Petición que, sen embargo, se lle denegou a Galicia», denuncia Política Social.

Ahí comenzaron los desencuentros y la descoordinación entre ambas Administraciones que culminaron con el episodio de las cartas, algo que ni beneficiarios ni trabajadores sociales vieron venir. «Sinceramente, ter ou non a razón é o que menos nos importa, o que nos preocupa é resolver esta situación provocada polas présas e a improvisación do Goberno central», explicó la conselleira, quien espera tramitar la reforma de la lei de inclusión social -incompatible con el ingreso mínimo vital-, a lo largo de los próximos tres meses.