Pacto inminente entre Gobierno, patronal y sindicatos para la reforma de las pensiones

J. M. Camarero MADRID / COLPISA

ECONOMÍA

Mariscal

La ley, que entraría en vigor antes del 2022, prevé bonificar el retraso de la jubilación y penalizar las salidas anticipadas

22 jun 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

El pacto entre Gobierno, patronal y sindicatos sobre la reforma de las pensiones es inminente. Un acuerdo que, según apuntan fuentes de la propia negociación, podría ser rubricado y presentado públicamente esta misma semana después de varios meses de negociaciones y cuyo proyecto servirá de base para poner en marcha nuevos mecanismos que condicionarán el importe de las futuras prestaciones, pero también el de las que ya se encuentran en vigor a través de su sistema de revalorización.

Las conversaciones entre el departamento que dirige el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y el resto del diálogo social, se han intensificado en las últimas jornadas hasta llegar a lo que podría ser un acuerdo definitivo. El propio Escrivá pedía paciencia recientemente, pero se trataría de elegir el mejor momento político para exponerlo a la luz. Una vez que las partes rubriquen el documento, el texto tendrá que pasar primero por el Consejo de Ministros; después iniciará la tramitación parlamentaria; y finalmente podría estar aprobado antes de que finalice el 2022.

Sin embargo, este mismo lunes, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aclaró que aún no hay un acuerdo sobre la mesa ya que quedan «flecos por negociar». Garamendi quiso calmar los ánimos, aunque el Gobierno «quiera dar noticias todos los días», y confió en el pacto, aunque por ahora -dijo- solo «progresa adecuadamente».

Lo que sí son más claros, a falta de detalles -siempre presentes en los últimos flecos de cualquier negociación- son los grandes ejes que cambiarán a medio plazo el sistema. Se trata del nuevo método de jubilaciones anticipadas -con penalizaciones mensuales, por una parte, y apoyo económico, por otra-; la revalorización de las prestaciones vinculada de nuevo al IPC por ley; o medidas como el fin del factor de sostenibilidad aprobado en la reforma del 2013, por el que se vinculaba el importe de las nuevas pensiones a vectores como la esperanza de vida.

Uno de los objetivos de la norma pasa por prolongar la edad real de jubilación frente a la legal. Para este año, la legal se sitúa en los 66 años, mientras que la real se halla por encima de los 64. Habrá una bonificación extra de dos puntos en las nóminas, del 4 % frente al 2 % actual, por cada año que el trabajador retrase su jubilación. Ese porcentaje puede ser sustituido por un solo pago anual. Así, una persona que cobre 9.569 euros (683 euros al mes) podrá optar a una prima de 4.786 euros.

Pero también habrá penalizaciones para las jubilaciones anticipadas. El nuevo sistema incorpora reducciones sustanciales. Una persona que haya cotizado menos de 38 años y seis meses y que decida adelantar su retiro dos años, verá reducida su pensión en un 21 %. Pero no será un recorte anual ni trimestral, sino que irá aumentando por cada mes que se anticipe la salida del mercado laboral.

Aquellas personas que se vean obligadas a jubilarse por haber sufrido un despido, podrán hacerlo hasta cuatro años antes de la edad legal. Para este colectivo, la pensión se reducirá entre un 30 y un 0,5 %, en función de los meses en que se adelante el retiro y del tiempo ya cotizado.

Por otra parte, el anteproyecto también aclara cómo se revalorizarán las pensiones con la nueva legislación. La subida tendrá en cuenta el IPC de los 12 meses previos a diciembre del año anterior.

En el caso de que el citado indicador resultase negativo, las jubilaciones no se reducirían, sino que se mantendrían igual. En algún momento de la negociación, el Gobierno llegó a plantear una compensación de la inflación negativa de un año durante varios ejercicios posteriores, aunque esa idea decayó.

A la espera de que se haga público el documento, se desconoce si finalmente se introducen los temas más espinosos cuya reforma el Ejecutivo quería posponer al año próximo. Serían los relacionados con el cambio del período de cómputo de los años trabajados para adaptar el sistema a la nueva realidad del mercado laboral o el incremento de las bases de cotización y de las pensiones máximas.

Materializar la separación de fuentes de financiación, para acabar con el déficit de la Seguridad Social en los próximos tres años es otro de los temas que se incluirá en la reforma.