El primer directivo defiende que estas actuaciones revierten en el entorno
17 jun 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Mientras el precio de la electricidad roza máximos históricos arrastrado por la elevada factura de los combustibles fósiles y de los derechos de emisiones de CO2 , los ponentes que participan en el congreso organizado por la Asociación de Empresas Eólicas (AEE) insisten en que las energías renovables no solo están llamadas a ser palanca tractora para la reactivación económica tras la pandemia, sino que supondrá «una nueva revolución industrial, llamada a ser verde, basada en producciones sostenibles, de mayor integración en el entorno, neutras en carbono, en definitiva, con mayor vocación ambiental y ecológica».
Así lo entiende, y expresó ayer, Manuel García, el consejero delegado de la gallega Greenalia, durante su intervención en la mesa de debate La energía eólica para la transición y la reconstrucción de la economía. La visión de los propietarios de activos celebrada en el marco del congreso de la AEE. El directivo incidió en la urgencia de avanzar hacia un cambio de modelo en el actual mix energético -o combinación de diferentes fuentes de energía en nuestro país- y económico para lo que «necesitamos estabilidad normativa y simplicidad procedimental, siempre con el rigor y exigencia necesaria en toda regulación». García puso de manifiesto que para acelerar este proceso se debe lograr mayor «agilidad en los trámites administrativos y de la planificación» para poder alcanzar los retos marcados en el proceso de descarbonización y en los planes de recuperación económica.
Porque para el primer directivo de la compañía con sede en A Coruña «el margen temporal de actuación es pequeño. El 2030 está ahí, a menos de una década para alcanzar los objetivos planteados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030». Para García, ese planeamiento es ambicioso, «como sector y como empresa estamos preparados y comprometidos con este cambio. Tenemos proyectos maduros, respetuosos con el medio y con muchas posibilidades para dinamizar la economía y los entornos rurales».
Durante su intervención, el directivo argumentó la urgencia de acelerar los procesos porque «para que este camino hacia la economía verde sea fructífero deben comprometerse también el resto de los actores implicados, de modo que exista esa seguridad jurídica, agilidad y estabilidad del sistema».
No se refirió solo a los planes y a la agilización de los mecanismos para que las inversiones sean beneficiosas solo para las empresas, sino para el conjunto de la sociedad, especialmente en las zonas de implantación. «Los proyectos renovables y, concretamente la eólica, en los entornos donde se implantan tienen un retorno sobre el territorio a través de los arrendamientos a propietarios, proyectos de mejora ambiental, impuestos y tasas municipales y autonómicas que repercuten directamente en las zonas de actuación de los proyectos», insistió en el debate.
Porque, tanto los ayuntamientos a través de la fiscalidad como los propietarios, por medio de los arrendamientos durante toda la vida útil de los parques, y las mejoras ambientales que llevan parejos la mayor parte de los proyectos desarrollados en nuestro país, generan riqueza. Para García, se trata de «paquetes de acciones que forman parte de los proyectos y que son clave para las economías locales», dijo.