El Gobierno intenta anular la rebaja que forzó la oposición en el impuesto de matriculaciones
ECONOMÍA
Busca revertir la enmienda aprobada en el Congreso, que obligaría a devolver parte de los 200 millones recaudados entre enero y abril
15 jun 2021 . Actualizado a las 19:23 h.Además de corregir aspectos de la ley que pueden suponer un serio desgaste político (como el de las herencias en vida), el Gobierno quiere aprovechar el paso por el Senado del proyecto de ley contra el fraude fiscal para tratar de dar marcha atrás a una rebaja del impuesto de matriculación que la oposición le impuso en el Congreso. Una medida que no solo provocaría una merma de la recaudación, sino que podría obligar al erario a devolver parte de los más de 200 millones de euros abonados por los contribuyentes desde enero.
Y es que con el cambio de año comenzó a aplicarse para el cálculo del tributo el nuevo ciclo de homologación de emisiones (WLTP, por sus siglas en inglés), que arroja valores contaminantes muy superiores a los estimados con el sistema anterior. De esta forma, muchos modelos que antes no llegaban al umbral de 120 gramos de CO2 por kilómetro, y que por tanto estaban exentos de abonar el impuesto de matriculación, superan ahora esa barrera y deben abonar ya un 4,75 % del precio del coche por este tributo, lo que ha encarecido sensiblemente el coste de comprar vehículo y contribuido a frenar la recuperación del mercado, critican desde el sector.
En concreto, según los datos de la Agencia Tributaria, el recibo medio del impuesto de matriculación abonado por quienes compraron entre enero y abril de este año ascendió a 813 euros, frente a los 380 del mismo período del 2020.
Pero la entrada en vigor del nuevo ciclo no solo afecta a estos coches que estaban en el límite de emisiones exentas, sino que al revisar al alza los valores contaminantes, muchos saltan de tramo y ven elevado el tipo que deben abonar (9,75 % si superan los 160 gramos de CO2 por kilómetro y 14,75 % si exceden los 200).
Para evitar esta penalización impuesta por el cambio técnico en la medición de las emisiones, desde el PDECat aprovecharon la tramitación de la ley contra el fraude en el Congreso para introducir una enmienda que pretendía cambiar esas escalas, buscando una rebaja en la factura fiscal de matricular un coche nuevo.
En concreto, teniendo en cuenta que las mediciones según el ciclo WLTP arrojan niveles contaminantes un 20 % superiores, de media, a los del ciclo anterior, lo que propusieron los nacionalistas catalanes fue elevar el mínimo exento del tributo hasta los 144 gramos de CO2 por kilómetro. Los siguientes tramos también se ajustarían al alza, de forma que el tipo del 9,75 % se aplicaría a partir de los 192 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido y el del 14,75 % a partir de 240.
Esa propuesta de los nacionalistas catalanes consiguió el aval mayoritario del Congreso gracias a una curiosa entente de grupos tan diversos como PP, Vox, Esquerra Republicana, Ciudadanos, y PDECat, y provocó un enfado poco disimulado en el Gobierno. La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, censuró lo que a su juicio es un «regalo demagógico» que manda un mensaje erróneo, tanto a los consumidores como a la industria, al incentivar fiscalmente la compra de vehículos más contaminantes.
El argumento de concienciación ambiental es también el que ahora emplean los socialistas para, a través de una enmienda, tratar de dar marcha atrás a la rebaja del impuesto aprobada en el Congreso: «El vigente impuesto especial sobre determinados medios de transporte establece los tipos impositivos en función de las emisiones de CO2, primando la compra de vehículos menos contaminantes, mediante el establecimiento de un tipo impositivo cero para la matriculación de los vehículos cuyas emisiones sean inferiores a los 120 gramos de CO2 por kilómetro, y graduando la tributación de los demás en función de sus emisiones».
Aunque consiguieran aprobar su enmienda en el Senado, el texto modificado tendría que votarse de nuevo en la Cámara Baja, donde los socialistas tendrían complicado articular una mayoría si no atraen a ERC u otros grupos a sus posturas.
La Cámara Alta votará este jueves las más de 170 enmiendas
La tramitación del proyecto de ley contra el fraude fiscal avanza a toda velocidad en el Senado. Apenas tres semanas después de su aprobación en el Congreso, la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta se reunirá este jueves para elaborar el informe de la ponencia sobre la ley y, en una reunión posterior ya por la tarde, ratificarlo y emitir un dictamen sobre la norma.
Un texto que ha recibido un total de 174 enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. El del PP y el mixto, ambos con 41 objeciones, han sido los más activos a la hora de intentar corregir la norma. Los populares, por ejemplo, tratan de suavizar el endurecimiento del límite para pagos en efectivo en operaciones en las que una de las partes actúe como empresario o profesional, que se establecerán en los 1.000 euros, frente a los 2.500 actuales. Desde el PP se reclama que se mantenga esta última cuantía cuando el que actúe como pagador sea un particular (por ejemplo, en compras en comercios), al tiempo que se introduce otra enmienda para tratar de retrasar la entrada en vigor de la nueva limitación hasta el 1 de enero del 2024, de forma que «el nuevo límite de pago en efectivo no pueda perjudicar la recuperación económica y la dinamización del consumo tan urgentes en estos momentos».
Los socialistas, por su parte, renuncian a su pretensión de que los notarios tuviesen que cruzar datos con el fisco antes de formalizar la venta de acciones o participaciones sociales para comprobar que no existía ninguna resolución judicial o administrativa que impidiese la transmisión de las mismas.
Mientras, el PNV pide que se revise todo el texto legal para adaptarlo al lenguaje inclusivo, mientras que desde la Izquierda Confederal proponen rebajar el importe exento de los premios de lotería, desde los 40.000 euros actuales a 2.500, para recaudar cien millones adicionales al año.