La OCDE rechaza intervenir los precios del alquiler

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

ALBERTO LÓPEZ

Asegura que reducen la oferta e insta a los Gobiernos a invertir más fondos en vivienda social

14 jun 2021 . Actualizado a las 14:21 h.

Galicia se acerca peligrosamente al precio medio del alquiler que había antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. En mayo del 2007, el metro cuadrado estaba en los 8,7 euros. Hoy está en los 7,3 euros y no deja de subir, según datos recogidos por Idealista. 

Lejos aún de las astronómicas cifras de ciudades como Barcelona o Madrid, las principales ciudades de la franja atlántica de Galicia experimentan una tensión creciente en los precios. En la provincia de A Coruña, ya se roza el techo precrisis (del 2008). Pontevedra encabeza la subida con el metro cuadrado en los 8,9 euros. 

En el Gobierno hay disparidad de pareceres sobre cómo abordar este problema. Los precios progresan más rápido que en el conjunto de la OCDE. La facción socialista opta por la vía de los incentivos a los propietarios, para que saquen sus viviendas al mercado, pero desde Unidas Podemos insisten en intervenir los precios y fijar techos en las zonas más expuestas a esta burbuja. ¿Cuál es la vía más pragmática? 

La evidencia -Berlín es un ejemplo- apunta que la intervención de los precios previene a los propietarios de poner sus viviendas en alquiler, reduciendo la oferta disponible y tensionando los precios. Además, según experimentaron en el sector, las viviendas que se alquilan se ofrecen en peores condiciones, al no haber competencia ni alternativa habitacional para los inquilinos. 

La OCDE ha sido el último organismo en pronunciarse al respecto, y lo ha hecho para alertar de que la fijación de precios «a largo plazo no protege a los inquilinos». Así se desprende de un informe publicado este lunes en el que recomienda a España alternativas como eliminar obstáculos y restricciones en la construcción y flexibilizar las relaciones entre inquilinos y propietarios. En este sentido, el organismo advierte de que los mecanismos de protección de los inquilinos frente a los desahucios pueden generar distorsiones si disuaden a los propietarios e inversores de poner sus viviendas en alquiler al considerar que no tienen suficiente protección jurídica. 

También cree que hay margen de mejora en otras regulaciones. Es más, cree que es necesario recortar los incentivos fiscales al crédito hipotecario porque beneficia fundamentalmente a las familias más ricas. 

El acceso a la vivienda se está complicando en España. Y lo hace a marchas forzadas. La pandemia puede suponer un reto a mayores porque muchos hogares están posponiendo la compra de vivienda, ya sea porque su situación particular no se lo permite (desempleo o ERTE) o porque no cuentan con la certidumbre necesaria para afrontar esa inversión. Para las familias con rentas más bajas, el pago del alquiler supone un quebradero de cabeza. Entre el grupo del 20 % de españoles con ingresos más bajos, un 46 % tiene que dedicar, al menos, el 46 % de su salario a la vivienda, cuando en la OCDE la media es del 35,2 %, según apunta Efe. 

Más vivienda social

No se entiende por qué, mientras se disparaba el precio del alquiler en España, la inversión pública en vivienda social iba decreciendo año a año. Es un fenómeno que se da en el conjunto de las economías más desarrolladas del mundo. El gasto de los Estados cayó del 0,17 % del PIB en el 2001 al 0,06 % en el 2018: «Una mayor inversión en vivienda social y abordable aportaría un beneficio doble al proteger a los hogares de bajos ingresos o vulnerables e incrementaría la oferta de vivienda, lo que aliviaría la presión al alza de los precios», señala el informe. La OCDE propone invertir más esfuerzos públicos en ampliar el parque de vivienda social en lugar de intervenir los precios. También sugiere reducir la fiscalidad de las transacciones inmobiliarias, que deberían compensarse con los gravámenes anuales a la propiedad y que deberían gravar en particular el suelo urbano.