El presidente estadounidense, Joe Biden, está dispuesto a fijar un suelo que impida seguir rebajando las facturas de las multinacionales en Estados como Nevada (EE.UU) o Luxemburgo, incluso de subirlo hasta el 21 %, algo difícil de alcanzar para jurisdicciones como Irlanda (12,5 %) o Chipre (que ni siquiera quiere negociar), pero no quiere ni oír hablar de gravar los servicios de los gigantes digitales con la llamada tasa Google.
Planes trastocados
Esto trastoca los planes de Bruselas, que deseaba colmar parcialmente los agujeros en su caja y compensar las pérdidas por la falta de armonización fiscal interna con una tasa a las empresas tecnológicas más lucrativas del planeta, casi todas estadounidenses. Es más: de renunciar a la tasa digital, que debería entrar en vigor en el 2023 en toda la UE, Bruselas tendría un roto en sus recursos propios, los mismos con los que respaldará la emisión de deuda para financiar el fondo de recuperación Next Generation EU. ¿De cuánto? 5.000 millones de euros anuales. ¿Qué gravaría esa tasa? Desde la publicidad en línea a la venta por Internet de bienes y contenidos, actividades de intermediación y la comercialización de datos: «Estos servicios no están completamente cubiertos por las regulaciones fiscales existentes y, por tanto, quedan [parcialmente] sin tributar», explica en un informe la Eurocámara. Bruselas no renuncia a la tasa Google.
