Distribuirá 234,4 millones de euros entre autónomos y compañías cuya facturación haya caído más de un 30 %
02 jun 2021 . Actualizado a las 18:18 h.El Consello de la Xunta aprobó este miércoles la orden que regulará el reparto de las ayudas directas a empresas y trabajadores autónomos, que el Gobierno gallego denomina tercer plan de rescate, aunque en este caso los fondos los aporta el Ejecutivo central. En concreto, a Galicia le corresponden 234,47 millones de euros, un 4,68 % de la partida de 5.000 millones destinada a las comunidades no insulares (otros 2.000 millones se reservan en exclusiva a Canarias y Baleares para resarcirlas del mayor impacto que tuvo allí la crisis).
La Consellería de Emprego ha decidido dividir el presupuesto en tres programas. El primero, dirigido a los autónomos que tributan por módulos, concentrará el grueso de los fondos: 150 millones de euros. En su caso, se concederá una ayuda con un importe fijo de 3.000 euros. La segunda línea, dotada con 50 millones, va dirigida a autónomos con menos de diez empleados y empresas que no superen las 25 personas en plantilla ni los dos millones de facturación. Las subvenciones en estos casos oscilarán entre 6.000 y 11.000 euros, en función del porcentaje de caída de ingresos y del tamaño de plantilla.
El tercer programa, dotado con 34 millones, incluye a los autónomos y empresas con más trabajadores a cargo y una facturación superior a los dos millones anuales. Las ayudas se moverán en este caso en una horquilla entre 10.000 y 30.000 euros, de nuevo en función del impacto de la crisis y la plantilla.
Podrán optar a estas subvenciones autónomos y empresas de todos los sectores, no solo de los 95 fijados por el Gobierno, si bien estos últimos tendrán más fácil el acceso. Solo tendrán que acreditar una caída de la facturación del 30 % el año pasado, mientras que al resto se les exigirá un 40 %.
No es la única singularidad de la orden gallega. Y es que la comunidad ha optado por agilizar la concesión de las ayudas adelantando el 100 % del importe solo presentando una declaración responsable de que se cumplen los requisitos correspondientes, debiendo luego entregar los documentos solicitados en un plazo de tres meses.
A cambio, los beneficiarios de las ayudas deberán asumir el compromiso de mantener la actividad hasta el 30 de junio del año que viene, así como no repartir dividendos en este ejercicio y el próximo ni incrementar las retribuciones de la alta dirección durante dos años. No hay prohibición de despedir, como pedían los sindicatos y figuraba en anteriores planes de rescate, pues el requisito del mantenimiento del empleo no figuraba en el decreto estatal.
Los 234 millones en ayudas directas se sumarán a los 182 que inyectó la Xunta en los dos programas anteriores para autónomos, pymes y hosteleros.