La intervención del mercado reducirá la retribución de casi todas las hidráulicas y la mitad de los parques eólicos
01 jun 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Casi todas las centrales hidráulicas y aproximadamente la mitad de los parques eólicos de Galicia verán recortada su retribución por la venta de electricidad en el mercado diario. Así será si prospera una propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica para reducir los beneficios de las instalaciones de generación anteriores al 2005 que no emiten CO2, en aras de contener los elevados precios de la electricidad. En Galicia impactaría de lleno. Esa medida afectará también al antiguo parque nuclear, que en la comunidad no está representado.
El sector eléctrico está en pie de guerra contra el Gobierno por esto. Y es que entienden que se trata de una intervención en toda regla del mercado eléctrico, que, además, entraría en contradicción con los objetivos de penetración de tecnologías no emisoras de dióxido de carbono contenidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). «Cualquier propuesta de poner un techo a la retribución de nuclear e hidroeléctrica tendría que ser aprobada en Bruselas, donde no resultará simple justificar la penalización de las tecnologías no emisoras (introduciría una limitación de su competitividad)», avanzan fuentes del sector.
El ministerio confirmó el viernes por la noche que llevará al Consejo de Ministros de este martes un anteproyecto de ley de minoración de parte del dividendo de carbono a las plantas no emisoras de CO2 anteriores al 2005 (cuando se creó el mercado de emisiones). Si finalmente es así, el recorte no entraría en vigor de inmediato, pues la tramitación de un anteproyecto de ley lleva meses (tiene que ir al Congreso, al Senado, salir a exposición pública y obtener informe del Consejo de Estado).
Pero el Gobierno quiere poner freno a unos precios eléctricos desbocados, en un momento, además, en que entra en vigor una factura de la luz que augura un encarecimiento del servicio básico. El resultado del mercado diario influye únicamente en una cuarta parte del recibo doméstico. El resto son o impuestos (que no se tocan, de momento) y costes regulados del sistema, cuyo reparto es el que cambia con la nueva factura. Esta implanta la tarificación por tramos horarios.
Aunque la influencia no sea mayoritaria, el Gobierno quiere atajar un mercado desbocado a costa de los beneficios extra que obtienen en él hidráulicas y nucleares. Mayo ha cerrado en 67 euros el megavatio hora, el coste más alto para el quinto mes del año de los últimos ejercicios. Y abril, en 65, máximo histórico al menos desde el 2008, según el análisis del grupo ASE.
Estos resultados son consecuencia directa del encarecimiento de los derechos de emisión de CO2, que deben comprar las centrales de carbón (casi desaparecidas del mercado) y las de gas natural (ciclos combinados). La tonelada se cotizó de media en mayo a 52 euros, cuando el año pasado cerró a 25. Lo que está ocurriendo es que, aunque la electricidad producida por los ciclos está por las nubes (por el CO2 y por la cotización internacional del gas), esa tecnología es necesaria para completar las necesidades de electricidad del sistema. Es la última en vender (por el precio), pero marca el coste final que cobrarán todas las demás centrales (todas mucho más baratas). Así es el sistema de casación de precios, denominado marginalista.
En definitiva, el Gobierno quiere que las instalaciones que no tienen que comprar derechos de emisión porque no los generan (renovables y nucleares) dejen de cobrar como si lo hicieran. De ahí el descuento que quiere aplicar para recortar lo que considera una sobrerretribución. El ministerio no ha aclarado de qué modo lo hará. Fuentes de ese departamento solo explicaron que el sistema marginalista no se va a tocar, así que el recorte se producirá a la hora de la liquidación.
De ese modo se abarataría el precio final de mercado. La estimación es un ahorro de mil millones anuales, que repercutiría en una bajada de la factura del consumidor de un 5 %.
La energía dispara el IPC de mayo
El encarecimiento de la energía disparó los precios en mayo un 2,7 % en comparación con el mismo mes del 2020, lo que supone la mayor tasa desde febrero del 2017. El indicador adelantado del IPC, publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), está marcado por el encarecimiento de los carburantes y la electricidad. En este sentido, UGT reclamó medidas para evitar subidas «desorbitadas» de precios en aquellos productos y servicios con mayor peso en la cesta de la compra de los hogares, como la energía, que tiene, añadió el sindicato, un «impacto distributivo desigual», pues es un bien básico cuya proporción de gasto es mayor en aquellos hogares con menor poder adquisitivo.
Las eléctricas caen con fuerza en bolsa ante el posible recorte de la retribución
Endesa e Iberdrola, dos de las grandes eléctricas españoles propietarias de buena parte del parque nuclear e hidráulico, se desplomaron este lunes en bolsa tras conocerse la intención del Gobierno de recortar la retribución por la venta de electricidad en el mercado. Endesa se dejó un 5,71 % e Iberdrola, un 2,74 %. Acciona bajó un 2,68 %. En cambio, Naturgy, dueña, junto a Iberdrola, de buena parte de las grandes hidráulicas gallegas, acabó con una subida del 0,19 %.
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, confirmó que el Gobierno aprobará este anteproyecto de ley para evitar que la subida del coste de las emisiones de CO2 suponga un encarecimiento de la electricidad. Calviño precisó que no hay perspectiva de que el precio de las emisiones baje, algo por una parte «bueno», porque incentiva la eficiencia, pero que a corto plazo eleva el coste eléctrico.
Los analistas de Bankinter explicaron a Efe que, si finalmente se aprueban estos cambios, algunas empresas del sector se verán perjudicadas, «especialmente las que tengan más exposición a energía hidráulica y nuclear». Añadieron que son «malas noticias para el sector», al constatar la incertidumbre regulatoria.
Incertidumbre regulatoria
En ese último aspecto incidió también el secretario general de Eurelectric, Kristian Ruby. El directivo de la patronal europea del sector eléctrico, de la que forma parte la española Aelec, consideró que se podría introducir una inestabilidad regulatoria y distorsionar la normal actividad de los actuales activos que producen sin emisiones, poniendo en riesgo sus ingresos y su disposición para invertir en nuevas capacidades de generación. «Intervenciones públicas de precios en estos momentos es envenenar la confianza de los inversores», advirtió.
Desde Transición Ecológica defendieron que la propuesta es respetuosa con el marco normativo europeo y que no empaña la seguridad jurídica de los inversores «que tomaron sus decisiones de inversión en tecnologías no emisoras con posterioridad a la entrada en vigor del sistema europeo de derechos de emisión, en el 2005».