«El Gobierno está preocupado por el impacto del precio del CO2. Incluso cuando solo el 9 % de la electricidad en el mercado es de origen fósil, el sistema marginalista (por normativa europea) hace que ese sobrecoste de la tecnología que marca el precio en cada momento sea retribuido por igual a todas no emisoras», explica el Ejecutivo. Así, «planteamos propuestas respetuosas con el marco normativo europeo, con seguridad jurídica y con las expectativas legítimas de los inversores que tomaron sus decisiones de inversión en tecnologías no emisoras», añade.
La propuesta, aclara el ministerio de Teresa Ribera, no afectará a ninguna planta posterior al 2005, ni a las que cuenten con retribución regulada.
