La OCDE recomienda a España no desmantelar la reforma laboral

Cristina Porteiro
C. Porteiro REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

Mariscal

Cree que es necesaria la creación de una comisión para controlar las subidas descontroladas del salario mínimo

27 may 2021 . Actualizado a las 17:18 h.

No es el momento de derogar la reforma laboral. Es el mensaje que ha enviado hoy la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a España, después de analizar la situación de la economía tras casi un año y medio de pandemia. «La actual regulación laboral, que da flexibilidad a nivel de las empresas, puede ayudar a estas a adaptarse más fácilmente en la fase de recuperación», señala el organismo en un informe presentado este jueves por su Secretario General, Ángel Gurría, y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño

La recomendación no podía ser más explícita. El organismo cree que la flexibilidad laboral ayudó a la recuperación de la economía española y considera que podría seguir haciéndolo en los próximos meses, siempre que el Ministerio de Trabajo, comandado por Yolanda Díaz, renuncie a su pretensión de priorizar los convenios sectoriales por encima de los convenios de empresa y de recuperar la ultraactividad (prorrogar los convenios vigentes en caso de no llegar a un acuerdo): «Priorizar los acuerdos a nivel de empresa sobre los convenios sectoriales o regionales han incrementado la adaptación salarial», recuerdan los expertos. Para ellos, este sistema puede aumentar la reubicación de trabajadores y aumentar la productividad como motor para salir a corto plazo de la crisis. Las empresas «necesitarán adaptarse a unas condiciones económicas muy diferentes tras la pandemia, con cambios en la demanda de ciertos productos o servicios y probables cambios en la estructura económica», sostienen. 

Calviño, que siempre se ha mostrado más ortodoxa que Díaz en cuestiones laborales, ha vuelto a enmendar a su compañera de Trabajo. Al menos de forma velada porque no ha hablado de derogar la reforma laboral, sino de «mejorar las normas existentes» y de «tener en cuenta todas las consideraciones» de la OCDE y otros organismos internacionales en materia laboral. 

Temporalidad

A pesar de criticar los deseos de Díaz de derogar la reforma laboral, la OCDE sí comparte algunas recetas propuestas por el Ejecutivo español en materia de contratación, como la eliminación de bonificaciones ineficaces y la reducción de los tipos de contrato a solo tres: estable, temporal y el de formación. No solo eso. Se muestra especialmente preocupado por los niveles de temporalidad (el doble que la media europea). Ese uso abusivo de los contratos con fecha de caducidad temprana está detrás de las cifras de destrucción de empleo e inactividad temporal que se anotó el país durante la pandemia. Muchos trabajadores fueron expulsados del mercado laboral al no renovarles los contratos. Eso se traduce, recuerda la OCDE, en mayores tasas de pobreza entre los empleados: del 21,3 % para los temporales, del 26,9 % para los que trabajan a jornada parcial y un 21,7 % entre los autónomos. Entre los asalariados fijos, sin embargo, apenas llegan al 7,3 %. También le preocupa el uso generalizado de la subcontratación, por eso apoya al Ejecutivo en el endurecimiento de las condiciones y le propone «forzar a las empresas a asumir de forma interna el coste de usar contratos temporales», como ya hacen algunos países como Estados Unidos. 

Salario mínimo

Donde la OCDE le pide a España que ponga freno es a la progresiva subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Los incrementos del 22 % en el 2019 y del 5,6 % en el 2020 preocupan a sus expertos: «Las recientes subidas del salario mínimo no se han aplicado de forma gradual, lo que podría perjuducar al empleo de grupos vulnerables», sostienen. ¿Cuáles son esos grupos vulnerables? Mujeres, jóvenes y trabajadores de regiones con una renta per cápita más baja. Para evitar que, al igual que la subida de las pensiones, el SMI se convierta en una herramienta de uso político, la OCDE sugiere a España la creación de una comisión permanente que evalúe de forma periódica los cambios en el SMI, para que «vayan en consonancia con la evolución de las condiciones del mercado laboral y la productividad». 

Pensiones

Hablar de la sostenibilidad de la deuda en el futuro es hablar de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y este es un capítulo que le preocupa a la OCDE, que prevé un aumento meteórico de la deuda española en el 2050 (171 % del PIB) si los costes aparejados al envejecimiento y las pensiones no se compensan. Si se toman medidas, la carga para las generaciones futuras se estancaría en un 116 % del PIB. En el escenario más optimista (contención del gasto en pensiones y un crecimiento económico muy alto), la deuda podría reducirse para mediados de siglo hasta el 82 % del PIB (todavía muy por encima del 60 % que marcan las actuales normas de disciplina fiscal del euro). Por todo ello, el organismo reclama un verdadero plan de ajuste fiscal a medio plazo, «creíble» y eficaz para garantizar su sostenibilidad. 

En materia de pensiones recuerda que España está por encima de la media de la OCDE en gasto. Cada año reserva un 10,9 % anual de la riqueza nacional a pagar prestaciones a jubilados y pensionistas, frente al 8 % de los países más desarrollados. Y lo que más le preocupa al organismo es que el Ejecutivo español siga desmantelando las reformas del 2011 y el 2013. La negativa a aplicar el factor de sostenibilidad, desterrado hasta el 2023, «se traduce en un aumento del gasto en pensiones que pasará del 11,9 % al 15,1 % en el 2050», alertan. El  Pacto de Toledo acordó -al igual que la Seguridad Social- volver a vincular la evolución de las pensiones al IPC, algo que los expertos de la OCDE y Bruselas cuestionan. «Es importante tomar medidas adecuadas y socialmente aceptables de inmediato para garantizar la sostenibilidad financiera de las pensiones», sostienen.

Sí avalan la propuesta del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de alargar la edad de jubilación real y pude acompasarla a la esperanza de vida. Además propone incentivos a quienes opten por retrasar su salida del mercado laboral. Le preocupa, eso sí, los rodeos que está dando el Gobierno para emprender los cambios: «Buscar un consenso social y político sobre las reformas ayuda a garantizar su largo plazo, pero no se deberían retrasar en caso de que no se pueda alcanzar un consenso», advierte. Sus expertos también se muestran preocupados por la enorme brecha temporal que hay entre la edad media de salida del mercado laboral y la edad de jubilación. Una brecha que deja a muchos adultos sin opción de trabajo al llegar a los cincuenta años si son despedidos.