El Senado tiene que dar ahora luz verde definitiva a la norma
26 may 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Regreso al pasado (a diciembre) para el impuesto de matriculación, el que se paga cuando se compra un vehículo nuevo (diésel o gasolina, pues los eléctricos y otras motorizaciones limpias están exentos). El pasado enero este tributo, transferido a las comunidades autónomas, se elevó como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo sistema europeo, la norma WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure o Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros), que es más restrictiva en la medición de las emisiones de CO2 y que penaliza más a los modelos más contaminantes. Mayores emisiones de gases, mayor pago a las arcas públicas. Hasta ahora.
Porque el Congreso, que ayer dio luz verde a la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (tras siete meses de retraso), aprobó una enmienda del PdeCat al texto legal, que deshace la referida subida del impuesto de matriculación. Un alza que, en el caso de los gallegos, se está traduciendo en un sobrecoste de 400 euros respecto a hace un año
Aunque para que entre en vigor todavía habrá que esperar a que el Senado lo confirme, la modificación de la formación catalana -con los votos a favor de PP, Vox y ERC- supone una corrección técnica de los tramos de emisiones de CO2 a los que se aplican los tipos del impuesto para adaptarlos a la nueva norma comunitaria, de modo que la tributación sería la misma que la de diciembre, es decir, no sufriría alza alguna.
El sector calcula que la medición WLTP ha subido las emisiones una media del 20 %, provocando que vehículos que estaban exentos de pagar el impuesto, ahora deban abonarlo. En este punto cabe recordar que el año pasado alrededor del 70 % de los coches nuevos que se matriculaban estaban exentos del impuesto, al emitir menos de 120 gramos de CO2 por cada 100 kilómetros, mientras que, según los datos de la Agencia Tributaria, hasta abril solo han dejado de pagarlo el 35,7 % de los coches. De hecho, según la estadística del fisco, la adaptación de enero se tradujo en la práctica en un incremento de la recaudación del impuesto de matriculación de casi un 55 % interanual en el primer cuatrimestre (18 % en Galicia), y ello pese al hundimiento de las ventas.
Ajuste en los tramos
La norma WLTP es más exigente en la medición de las emiciones que la fórmula anterior (NEDC), de modo que han subido las emisiones de gases que se tienen en cuenta para fijar los tramos del impuesto de matriculación: exentos los vehículos que emitan hasta 120 gramos; 4,75 % en la horquilla entre 120 y 160 gramos; 9,75 % hasta los 200 y el 14,75 % para los que superen esa cifra.
La propuesta de PdeCat eleva a 144 gramos las emisiones a tipo cero, hasta 192 gramos las gravadas al 4,75 %, hasta 240 las que tributan al 9,75 % y a partir de 240 gramos las que soportan el tipo mayor, del 14,75 %. Las patronales del sector han aplaudido la modificación. Ahora queda por ver si la incertidumbre sobre su entrada o no en vigor retraerá aún más las ventas.
Más garantías en las inspecciones sorpresa, coto al pago en efectivo y nueva fiscalidad para las socimi
El Congreso culminó este martes el primer paso de la tramitación parlamentaria de la ley contra el fraude fiscal, aprobada en octubre del pasado año por el Consejo de Ministros. El texto legal, que ahora debe recibir la bendición del Senado para entrar en vigor, incluye una amplia -y ya conocida- batería de medidas en materia de prevención y lucha contra el fraude, así como modificaciones, a través de las enmiendas de los grupos parlamentarios. Las principales medidas de la norma, remitida a Bruselas dentro del plan de recuperación, se detallan a continuación:
inspecciones sorpresa
Mayores garantías. Una de las enmiendas aprobadas desarrolla el artículo de la Ley General Tributaria que regula las autorizaciones judiciales para realizar inspecciones en el domicilio de los contribuyentes, con el objetivo de extremar las garantías para el ciudadano. Así, la norma fija que cuando sea necesario llevar a cabo una inspección de la Agencia Tributaria en un domicilio, antes deberá obtenerse una autorización judicial o, en su defecto, el consentimiento del contribuyente. Igualmente, la solicitud de la autorización judicial para la entrada en un domicilio «deberá estar justificada e incluir su finalidad, necesidad y proporcionalidad».
socimis y sicav
Cambios fiscales. También en el proceso de enmiendas se ha acordado que las socimi (sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria) tributen a un tipo del 15 % por sus beneficios no distribuidos. En lo que respecta a las sicav (sociedades de inversión de capital variable), vehículo de inversión preferido por los grandes patrimonios, se reforzará su control exigiendo un requisito de inversión mínima de 2.500 euros, que se elevará a 12.500 en el caso de que sea una sociedad por compartimentos. Los socios deben ser, al menos, un centenar.
Pagos en efectivo
Se rebajan a 1.000 euros. El proyecto de ley también introduce una nueva rebaja -desde los 2.500 euros actuales a 1.000- al límite del pago en efectivo en las operaciones que se realicen entre empresarios. Hacienda constata que el uso de efectivo en ciertos abonos «facilita comportamientos defraudatorios», mientras que limitando el metálico «se facilitará la trazabilidad y el rastreo», dificultando el fraude.
lista de morosos
La deuda baja a 600.000 euros. Sin cambios sale adelante rebajar desde el millón actual a 600.000 euros - añadiendo a los responsables solidarios- el importe de la deuda con Hacienda para incluir al contribuyente en la lista de morosos que periódicamente publica el fisco.
amnistía y paraísos
Prohibición y mayor control. La norma también incluye la trasposición de la directiva europea antielusión, además de prohibir la realización de amnistías fiscales. Igualmente recoge la revisión de las jurisdicciones integrantes de la lista de paraísos fiscales, para aplicar «regulaciones más exigentes y coordinadas internacionalmente».
Criptomonedas
Obligación de informar sobre su tenencia y uso. La ley incorpora la obligación de informar sobre la tenencia y la operativa con criptomonedas, ya sea en España o en otros países, si afecta a contribuyentes nacionales. Para ello se usará el modelo 720 de declaración de bienes y derechos en el exterior.
críticas
No servirá para atajar el fraude. El colectivo de Técnicos de Hacienda (Gestha) acogió la norma con críticas, ya que considera que no reducirá la economía sumergida, porque «no incorpora medidas de control para que se asegure su aplicación».
