El Gobierno quiere un impuesto por usar el coche cuando todos sean eléctricos

G. Lemos LA VOZ

ECONOMÍA

Juan Carlos Hidalgo

Sánchez presentó «España 2050» con las reformas para cambiar el país en los próximos treinta años, que también incluye la jornada laboral de 35 horas semanales

21 may 2021 . Actualizado a las 00:10 h.

Diseñar una «utopía compartida» que, como en su día sucedió con la Transición, sirva para dejar de lado la lucha partidista para empujar el avance económico y social. Ese es el objetivo con el que el Gobierno presentó este jueves España 2050, un documento de prospectiva que analiza los retos a los que se enfrenta el país en los próximos treinta años y esboza cerca de 200 propuestas sobre cómo alcanzar los objetivos fijados.

«Este es un proyecto de Estado y todo el país debe formar parte del mismo», destacó ayer Pedro Sánchez durante la presentación del documento, un acto presentado por una conocida youtubera y divulgadora científica que, además de a los cuatro vicepresidentes del Gobierno, reunió a los presidentes de grandes cotizadas como Iberdrola o Telefónica y al vicepresidente de la Comisión Europea Maros Sefcovic. El jefe del Ejecutivo anunció el inicio de «un gran diálogo nacional», abierto a las instituciones públicas y privadas y a todos los ciudadanos que quieran participar, para construir un proyecto de futuro sobre los cimientos puestos por el grupo de expertos que elaboraron el diagnóstico (entre ellos, la gallega María Loureiro, catedrática de Economía Ambiental de la USC).

Tres son los grandes retos, o megatendencias, que se identifican como claves para el desarrollo de España (y en general de todos los países desarrollados) de aquí al 2050: el envejecimiento demográfico, la transformación digital y la transición ecológica. Y estas, alguna de las recetas que proponen los expertos para hacerles frente.

Envejecimiento

Demorar el retiro más allá de los 67 años y atraer a casi 200.000 inmigrantes al año. En el 2050, uno de cada tres españoles superará los 65 años y, por cada persona en esta franja de edad, habrá solo 1,7 en edad de trabajar, la mitad que ahora. Un desafío mayúsculo para el mercado de trabajo y, especialmente, para el sistema de pensiones. En este sentido, los expertos destacan que, pese a todos los cambios normativos, para los españoles «los 65 años siguen marcando la transición de la vida en activo a la vida en jubilación». E invitan a ir quitándose esa idea de la cabeza. Aunque reconocen que hay discrepancias entre ellos al respecto, los autores del informe llegan al consenso de que habrá que valorar la necesidad de retrasar el retiro más allá de los 67 años (que será la edad legal de jubilación en el 2027) si la esperanza de vida sigue aumentando.

Pero no bastará con eso. Otro pilar será, como propone el ministro Escrivá, el de fomentar la jubilación activa, incentivando a los trabajadores de más edad a mantener cierto grado de actividad laboral (ya sea para tareas de alto valor añadido o simplemente «para cubrir las bajas y ausencias de los trabajadores más jóvenes»).

Y el tercer asunto clave (y espinoso) es la cuantía de la pensión pública. La tasa de sustitución (el porcentaje del último salario que cubre la prestación de jubilación) es ahora mucho más generosa que en los países de nuestro entorno, y los sucesivos Gobiernos han priorizado la revalorización de las pensiones sobre otras partidas de gasto, pero los expertos recuerdan la necesidad de garantizar la «equidad intergeneracional», lo que implicará no sobrecargar a la generación de trabajadores que, en diez o quince años, deberá soportar la carga de la jubilación de los nacidos durante el baby boom. Para ello, apuesta por desarrollar un sistema de ahorro privado complementario para el retiro.

Al margen de las actuaciones sobre el mercado de pensiones, para compensar el envejecimiento de la población española será fundamental, expone el documento, mantener un flujo migratorio potente, con la entrada de al menos 191.000 personas al año más de las que emigren de aquí al 2050. Aunque concluyen que «si podemos integrar a más, mejor». De hecho, si el saldo migratorio se eleva a 255.000 personas anuales, la caída de la población en edad de trabajar se podría reducir a la mitad, hasta 1,8 millones de personas dentro de 30 años.

Mercado laboral

Sin trabajo fijo, pero con jornadas de 35 horas. Pese a la apelación al optimismo que durante la presentación lanzó el director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo, Diego Rubio, algunos diagnósticos del plan no son demasiado halagüeños. Así, en el capítulo dedicado al mercado laboral los expertos dan por sentado que, como ya ocurre ahora en ciertos sectores, «el trabajo fijo a tiempo completo dejará de ser una opción para buena parte de la población española».

Con los objetivo de aumentar la tasa de ocupación (del 62 % actual al 80 %), rebajar la del paro (hasta un histórico 7 %) y «reducir progresivamente el número de horas trabajadas a la semana» (a 35 horas semanales) se proponen medidas de todo tipo. Desde crear una especie de LinkedIn en el Servicio Público de Empleo, «que conecte a todos los demandantes de empleo con todas las ofertas a nivel nacional, tanto públicas como privadas», usando algoritmos e inteligencia artificial para casar oferta y demanda, hasta otras muy en línea con las ya esbozadas por el Gobierno.

Así, se aboga por limitar a tres los tipos de contrato (fijo, temporal y de formación), penalizar la temporalidad no justificada o establecer un mecanismo permanente, similar a los ERTE, para evitar que los ajustes de plantilla se hagan vía despidos.

Pero también hay propuestas que van a contracorriente de lo que propugna el Ejecutivo. Si este aboga por recuperar la ultraactividad de los acuerdos laborales, los expertos apuestan por «adecuar los mecanismos de renovación de los convenios colectivos con el objetivo de evitar los bloqueos prolongados». Además, el plan apunta a la idoneidad de dejar los convenios de empresa para compañías de más tamaño y primar los sectoriales en las pequeñas o modernizar el marco de relaciones laborales con conceptos como «la remuneración variable en función de objetivos».

En el capítulo de prestaciones, se avanzan propuestas que, de materializarse, podrían tener mucho calado, como asignar estos subsidios «no solo en función del historial laboral de las personas, sino también de sus necesidades». Esto es, no solo sobre la base de lo cotizado, sino de las circunstancias personales.

Movilidad

Subir el gasoil hasta que todos los coches sean eléctricos y, luego, poner un tributo al kilometraje. El plan del Gobierno apuesta por usar los impuestos para forzar la transición hacia el coche eléctrico, subiendo la presión fiscal sobre el gasoil hasta equipararla a la de la gasolina. Una vez logrado el objetivo, y ante el desplome que produciría en los ingresos fiscales, propone sustituir todos los tributos que gravan ahora la posesión de un vehículo (matriculación, circulación y combustibles) por otro «sobre el uso medido real del vehículo».

Una «herencia pública universal» para que los jóvenes compren su primera casa o emprendan

El cambio de la fiscalidad de los automóviles no es la única medida en materia de movilidad. El plan del Gobierno para el 2050 también apuesta por reducir el uso del transporte aéreo, por su impacto ambiental. Así, además de fijar tasas sobre los billetes de avión según la cercanía del destino, también recomienda prohibir los vuelos de corto recorrido, en concreto aquellos que hagan trayectos que puedan realizarse en tren en menos de dos horas y media.

Huella ambiental

Reducir el consumo de carne y de ropa. Siguiendo con la reducción de la huella ambiental, el Ejecutivo plantea un cambio de hábitos de consumo: «La población española tendrá que reducir su ingesta de alimentos de origen animal, la cantidad de prendas de ropa que compra, o el número de dispositivos digitales y electrodomésticos nuevos que adquiere al año». Todo un órdago a los ganaderos que, asegura, tendrá beneficios en la salud: «El consumo de carne es entre dos y cinco veces superior al recomendable». 

Impuestos

Acabar con los módulos de los autónomos. En línea con los planes de reforma ya remitidos a las autoridades comunitarias, los expertos del Gobierno insisten en la necesidad de elevar la presión fiscal para equipararla a la media de la UE (pasando del 37 % del PIB en ingresos actual al 43 %). Para ello, abogan por recortar beneficios fiscales, como ya se hizo con los planes de pensiones, y eliminar regímenes especiales que no existen en otros países, como el de módulos de los autónomos, que deberán tributar según sus ingresos reales. Además, recomiendan subir los tributos al alcohol y el tabaco.

Igualdad de oportunidades

Una nueva prestación por crianza de menores y una «herencia pública universal». Para cerrar la brecha de desigualdad, económica y de oportunidades, los expertos proponen crear una nueva ayuda para los hogares con hijos e hijas menores de 18 años. «En un primer momento, esta prestación deberá dirigirse a todas aquellas familias que se encuentran en situación de riesgo de pobreza», explican, pero luego se ampliaría al resto de hogares.

Algo más utópica es la propuesta de una «herencia pública universal», una cantidad de dinero que se les entregaría a los jóvenes al cumplir cierta edad «para adquirir la primera vivienda, financiar la creación de un negocio, o completar la formación».

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